PRODI 2

Por: Gildardo Mota

Corrupción, nepotismo, acoso sexual y hostigamiento laboral representan la problemática que registra la Procuraduría para la Defensa del Indígena desde el arribo de la ex funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Bertha Ruth Arreola Ruiz, quien en los últimos cuatro años se ha distinguido ante la base trabajadora y ciudadanía como una servidora déspota, prepotente e influyente.

Bertha Ruth Arreola Ruiz, según denuncia de trabajadores que pidieron el anonimato por temor a represalias, ha prefabricado quejas y faltas administrativas en contra de Defensores de Oficio que no comparten con su actuar, al no proceder estos falsos señalamientos, la titular de la PRODI procede a realizar cambios arbitrarios, asigna comisiones sin viáticos y vehículos, o bien obliga a los citados abogados a realizar jornadas de trabajo extenuantes.

Con el fin de colocar en calidad de Defensores de Oficio a recomendados de amigos y familiares, Arreola Ruiz, contrario a lo que establece la Ley Orgánica de la PRODI, ha ordenado a través del Jefe del Departamento de la Defensoría y Control, Macario Fernando Montaño que los abogados titulados presenten en un plazo de un mes su cédula profesional, en tanto que a los pasantes de derecho les concedió tres meses para presentar su título profesional, en caso de no cumplir, serán cesados de su labor.

De acuerdo a los entrevistados, el hostigamiento laboral en contra de los Defensores de Oficio raya en el abuso, ya que por instrucciones de Arreola Ruiz se les asignó un horario de trabajo de 24 horas por 24 de descanso, situación que consideran inhumana, pues este esquema es prácticamente el que aplican a los policías.

Refirieron que los Defensores de Oficio de la PRODI llegan a laborar hasta tres turnos sin descanso, incluyendo sábados y domingos, en contraste sus similares de la PGJE trabajan 24 horas por 48 de descanso, esto pese a que desde el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano se homologaron las figuras de Ministerio Público, Secretario Judicial y Defensor de Oficio.

Actualmente el sueldo base al mes de un Defensor de Oficio es de  6 mil 790 pesos, más 4 mil 500 pesos por concepto de prestaciones menos mil 662 pesos que corresponden al pago de impuestos, fondo de pensiones y seguridad social.

Agregaron que el bono que les fue otorgado en 2013 se asignó en dos partes de 8 mil pesos para cada Defensor de Oficio, para el presente ejercicio se anunció oficialmente que este apoyo individual sería de 36 mil pesos, sin embargo hasta la segunda quincena de octubre no se ha entregado este recurso ya presupuestado.

La pestilente PRODI.

Información en poder de este periodista revela que el Defensor de Oficio-Público, Meinardo de los Santos, adscrito a Juchitán de Zaragoza, es uno de los funcionarios de la PRODI protegidos por Bertha Ruth Arreola Ruiz, existen señalamientos que lo involucran en el cobro indebido de 20 mil pesos a una ciudadana por tramitar un juicio de rectificación de acta, esto en enero del año en curso cuando laboró como Defensor en Tlaxiaco.

A Meinardo de los Santos no se le inició queja e instructivo por el abuso, pese a existir denuncia de la ciudadana; según trabajadores de la PRODI, el citado Defensor de Oficio, cuando estuvo adscrito en San Pedro Pochutla, indebidamente cobró a una señora la asesoría en un juicio agrario, sólo que esta persona carecía de dinero y le entregó a su menor hija.

No conforme con encubrir anomalías como las cometidas por el citado Defensor de Oficio, Arreola Ruiz ha protegido a acosadores sexuales como el caso del Sub Procurador Jurídico de la PRODI, Francisco Rodolfo Rafael, quien se mantiene en el cargo desde la administración de Jacobo Sánchez, esto durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Trabajadoras de la citada área sostienen que Rodolfo Rafael continuamente incurre en el acoso sexual, algunas denuncias ya están por derivar en la Procuraduría General de Justicia del Estado e instancias defensoras de las garantías individuales.

Arreola Ruiz, según los denunciantes, no deja cabo suelto, pues en el área de pago de nómina de la PRODI colocó a su sobrino político, Jorge Alberto Calderón, quien por cierto tiene a su cuñada Itamar Ruiz Cantera laborando en la PRODI.

Con el arribo de un gobierno de coalición consideramos que el cambio real en las instituciones como la PRODI podría concretarse, pero vemos con decepción que se mantienen las mismas estructuras, los  mismos vicios y funcionarios, concluyeron los trabajadores entrevistados.