Juan Carlos Zavala

La diputada local Nayeli Hernández García aseguró que el gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa recibirá una administración colapsada financieramente, en la que algunas dependencias del gobierno estatal fueron saqueadas.

Entre estas dependencias, dijo, están los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra) y la Secretaría de Administración, sólo por señalar algunas.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito electoral 07 Putla de Guerrero, afirmó que el tema es complejo y uno de los objetivos de Alejandro Murat será poner orden y posteriormente trazar la ruta que seguirá su gobierno.

“Creo que la ciudadanía, que el pueblo oaxaqueño tiene saber bien a bien cómo va a recibir el nuevo gobernador la administración pública, las finanzas del estado, porque creo que es muy importante”.

Previo a la toma de protesta, la legisladora priista puntualizó uno de los temas que deben renovarse es la relación con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con las organizaciones sociales.

Tras hacer un llamado a las organizaciones sociales y al magisterio, al diálogo, a la concordia y la cordura, no sólo para el nuevo gobierno que iniciará el próximo uno de diciembre, sino porque es algo que compete a todos, dijo que un tema que ha dañado mucho a Oaxaca es el chantaje.

“Medio mundo va y se planta y toma calles, dependencias, en aras de dinero; dinero que muchas veces ni siquiera se comprueba ni sabemos a manos de quién va a parar. Por ejemplo, la Sección 22 pretende boicotear y así como ellos muchas organizaciones, que están dolidos con el gobierno actual, no con el de Alejandro, porque este apenas va a empezar”.

Nayeli Hernández insistió que el llamado ante tanta polarización, molestia de la ciudadanía y tanta decepción de la ciudadanía por el gobierno que se va, es a la concordia y a mantener el orden y privilegiar la legalidad.

Finalmente, opinó que deben investigarse las irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el sexenio que termina e iniciar los procedimientos jurídicos para mandar señales claras de que se actúa contra la corrupción y que partir del próximo gobierno se actué con transparencia.