Palacio Legislativo, 16-03-2017 (Notilegis).- El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Javier Vargas Zempoaltecatl, entregó a diputados los datos generales registrados en CompraNet por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria sobre los procedimientos mediante los cuales se adjudicaron contratos.

Lo anterior, durante la reunión de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares.

El funcionario federal explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no se encuentra obligado a utilizar CompraNet, porque sus contrataciones las realiza a través de las Disposiciones Generales de Contratación y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigentes a partir de junio de 2015, que la derivaron en una empresa productiva del Estado, por lo que ya no les son aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Resaltó la importancia que tiene para la ciudadanía y, por ende, para la Cámara de Diputados, el sector privado y el propio sector público, contar con información integral sobre las contrataciones públicas, ya que, por un lado, permite la transparencia de estas operaciones en que se ejercen recursos públicos, y combatir la corrupción.

Además, usar esa información para la mejor toma de decisiones en la implementación de políticas públicas y que los ciudadanos la aprovechen en su propio beneficio.

Respecto a las contrataciones realizadas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para el proyecto de la nueva terminal aérea, dijo que se tienen registrados 200 contratos que representan un monto aproximado de 25 mil millones de pesos.

Precisó que la SFP ha designado a 27 testigos sociales que han participado en diversos procedimientos de contratación relacionados con esa terminal aérea, como en las directrices del desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción de caminos provisionales, nivelación y limpieza del terreno, trabajos de construcción del edificio terminal y la torre de control.

“Para dar testimonio sobre la transparencia y legalidad con los que se realiza la contratación pública”, el testigo social es una figura de participación ciudadana, previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dijo que tanto la implementación de un esquema de contrataciones abiertas, como la participación de los testigos sociales son herramientas que “fortalecen los mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas, y reflejan el compromiso del Ejecutivo federal por brindar al ciudadano información útil, accesible y confiable”.

Comentó que la Función Pública ha proporcionado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, empresa de participación estatal mayoritaria, asesoría normativa de carácter preventivo para los procedimientos de contratación relativos a la construcción del edificio terminal del nuevo aeropuerto.

Sobre la Comisión Federal de Electricidad, subrayó que tiene un régimen especial de contrataciones públicas, con disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y ejecución de obras, que estarán vigentes hasta que desarrolle procedimientos de contratación electrónica.

Mientras ello sucede, le continúan siendo aplicables a sus contrataciones lo que dicta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo en aquéllas contrataciones que el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación de la propia Comisión determine se apliquen las mencionadas Disposiciones Generales.

El diputado Waldo Fernández González (PRD), presidente de esta Comisión de Investigación, manifestó la importancia de conocer las acciones que se han realizado para asegurar que se cumplirá con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, las auditorías hechas, en qué consistieron, las observaciones y su estatus, así como los esquemas de prevención previstos para cumplir las reglas de transparencia.

Se pronunció por fortalecer la infraestructura legal para acabar con la percepción social de que puede hacerse pública la información sobre actos ilícitos de corrupción, pero no se actúa a tiempo. “Transparencia no es igual a menos corrupción, hay que dejarlo claro, y si no tiene consecuencias es igual a debilidad institucional y mayor irritabilidad social”, sostuvo.

Señaló que hay un clima de incertidumbre jurídica en el país en esta materia, pues cada año se conocen irregularidades en el ejercicio de la Cuenta Pública “pero parce que este acto de transparencia en el colectivo se convierte en una situación de cinismo, donde no hay consecuencias para quienes los realizan”.

Dijo que combatir la corrupción, aumentar la cultura de transparencia, rendición de cuentas y legalidad, son derechos fundamentales de los mexicanos, y advirtió que “esta Comisión verificará que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares, celebrados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, estén apegados a la ley”.

Estas reuniones, dijo, permitirán construir una agenda para integrar los expedientes de investigación que abordará esta Comisión de investigación.

Del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas (NA) se pronunció por fortalecer el diálogo interinstitucional “en un momento decisivo para avanzar contra la corrupción”. Precisó que el rol de la SFP es lograr la cero tolerancia a la corrupción, fomentar la denuncia y continuar las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Ese delito, indicó, impide el crecimiento económico del país, por lo que el reto es fomentar una cultura de denuncia en la que los servidores públicos informen de esas conductas fuera de la ley. Pidió atender denuncias e investigar, mediante auditorías exhaustivas, esos actos ilegales y faltas administrativas para sancionarlos. “No es suficiente un marco legal si no se aplica efectivamente, se deben castigar actos irregulares sin distinción de cargos ni personas”.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) mencionó su preocupación por el uso de mecanismos alternativos de financiamiento para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pues se está pagando el 80 por ciento de esa terminal con base en la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es decir, derechos futuros, y cuando entre en operaciones, se habrá gastado el recurso y no se podrá pagar su funcionamiento.

Afirmó que existe una falla grave en la identificación de riesgos en materia de corrupción. Pidió el apoyo de la dependencia para obtener las versiones públicas de contratos del gobierno con tres empresas particulares que enfrentan procesos por corrupción en diversos países de América Latina, “tema sobre el cual la SFP tiene la responsabilidad de investigar ampliamente” y emprender acciones “que respondan a la magnitud del caso”.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM) reconoció el compromiso del gobierno federal para combatir la corrupción y preguntó cómo se contratan los despachos externos, qué resultados se obtienen, qué utilidad tienen y qué acciones se han realizado para el cumplimiento de las atribuciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, las estrategias implementadas para revisar contratos de infraestructura de organismos descentralizados con particulares y cómo garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (PAN) indicó que es necesario investigar los contratos de Pemex con esas empresas, pues hasta 2014 era una paraestatal “y estos delitos no tienen prescripción, por lo que deben ser perseguidos y sancionados”.

Mencionó que algunas de esas empresas han reconocido sobrecostos en obra pública y aumentos intencionales de los costos de algunas obras; hay denuncias en la Procuraduría General de la República contra sus dueños y funcionarios públicos, federales y estatales por actos de corrupción y asociación delictuosa; hay nueve obras carreteras en investigación, “¿no es razón suficiente para que sea inhabilitada a participar en licitaciones públicas?”, cuestionó.

Del PRI, el diputado, Pablo Basáñez García pidió conocer la recurrencia de deficiencias en procesos de contratación a cargo de organismos descentralizados, “que nos permitan como Comisión acotar nuestro universo de trabajo y centrar nuestra actuación en contratos que evidencien sesgos de poco apego a la legalidad”.

Contribuir a diseñar políticas que disminuyan de manera considerable la corrupción de funcionarios públicos y elaborar mejores sistemas de control, para que quienes cometan esos actos sean sancionados con la aplicación de la ley.

En respuesta a los legisladores, el funcionario se refirió a la investigación de las empresas que enfrentan cargos por corrupción en otros países y que tienen contratos con el gobierno de México; reconoció que ha habido detenciones y medidas como resultado de investigaciones a partir de denuncias desde hace 4 años. “En el caso de México, fue a finales del 2016 cuando se publicó esa culpabilidad y fue la primera vez que se mencionó a un funcionario mexicano”.

Han implementado líneas de investigación para identificar a instituciones con quienes participaron, así como irregularidades cometidas. “Una vez soportadas con elementos suficientes y llevado a cabo el debido proceso de ley, se podrán aplicar sanciones y se harán de su conocimiento”, afirmó.

Respecto al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se realizaron acciones correctivas y preventivas a partir de un estudio ejecutivo de la OCDE a finales de 2015, con recomendaciones para crear un grupo de prevención.

Ante la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, la SFP implementó acciones con diversas instancias, se conformó el Comité de Participación Ciudadana y fortaleció sus funciones para investigar, sustanciar un procedimiento administrativo y, en su caso, la resolución de casos por infracciones no graves. En caso contrario, la resolución se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa.

La presente administración federal ha dado pasos importantes para que las contrataciones públicas sean abiertas, a través de la difusión de información pública que comprenda todo el ciclo del proceso, es decir, desde la planeación hasta la ejecución de los contratos y que, además, se dé a conocer de manera homologada y organizada. En este esfuerzo se cuenta con la participación de organizaciones de la sociedad civil, dijo.

Señaló que la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de esta Subsecretaría, tiene la atribución de operar el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet, así como administrar la información contenida en el mismo.

Refirió el acuerdo para establecer la obligación de incorporar a CompraNet la información pública relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de los contratos que regula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, bajo el esquema del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, es la herramienta que permite dar a conocer de forma homologada y organizada información sobre todo el ciclo de la contratación pública.

El 28 de febrero del presente año, la SFP instaló un Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas, cuyo principal objetivo es elaborar un diagnóstico y generar recomendaciones para fortalecer a CompraNet, función que se cumple no sólo desde la óptica del gobierno, sino incorporando la visión de otros actores preponderantes, con la perspectiva del Sistema Nacional Anticorrupción y requerimientos de la Plataforma Digital Nacional, la cual comprende un Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Sostuvo que antes de finalizar el 2017, se contará con un inventario de recomendaciones, así como con un plan de implementación de las mismas.

La titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, Ana Laura Arratia Pineda, destacó la relevancia de que el Poder Legislativo, a través de la Comisión Investigadora participe y contribuya a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante la revisión de la gestión pública, a fin de mejorarla.

“La cooperación y el intercambio continuo de información entre las instancias de fiscalización resulta crucial para fortalecer el control y vigilancia de la gestión pública. El SNA contribuirá a consolidar lazos de cooperación entre los diferentes órganos encargados de las tareas de control y fiscalización de la gestión pública”, aseveró.

La suma de esfuerzos contribuye a que los asuntos públicos sean analizados y revisados con un enfoque integral, lo cual privilegia los mecanismos de colaboración entre los Poderes, afirmó.