La Comisión de Gobernación y Población, presidida por la diputada Rocío Barrera Badillo, llevó a cabo un Conversatorio con especialistas, para conocer sus opiniones, en el marco del análisis de iniciativas que reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La legisladora resaltó que los comentarios de especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil, servirán para que las reformas estén en tiempo y forma, y no se tengan problemas presupuestales. 

Este evento, estimó, es excelente ejercicio para llegar a un Parlamento Abierto, esperamos concluir el dictamen y presentarlo al Pleno después del 9 de noviembre. 

En tanto, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) enfatizó que recibir las opiniones de ciudadanos expertos en la materia, enriquece el proceso legislativo que se lleva a cabo. 

El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) consideró que los especialistas brindan elementos importantes para tomar decisiones, como que el derecho del Presidente electo a tener un instrumento para desarrollar la administración pública, sea viable y válido. Se tiene premura en aprobar estas reformas, porque también se debe avalar el presupuesto. 

Por su parte, el diputado Valentín Reyes López (Morena) también consideró que la opinión de especialistas servirá mucho a la comisión para el análisis de las reformas y propuso establecer la Secretaría de Prevención y Protección Social. 

La diputada de MC, Martha Tagle Martínez, dijo que existen varios temas que deben ser revisados como el servicio profesional de carrera, las compras por parte del gobierno y las facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se requiere más tiempo para discutir a fondo las reformas.

De Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda subrayó que se deben examinar los temas sobre prevención social de la violencia, de adolescentes y la anticorrupción. Estamos contra el tiempo, por lo que es importante la opinión de los especialistas.

La diputada priista María Lucero Saldaña Pérez planteó integrar subcomisiones, grupos de trabajo y solicitar la opinión de otras comisiones que se vinculan para el análisis de las modificaciones a la ley. “Facilitará que cada quien en su terreno y expertis poder ir definiendo y no ver todo el conjunto que, a veces se puedan ir detalles fundamentales”. 

La diputada Adriana Dávila Fernández (PAN) expresó su preocupación por los temas de la seguridad pública y el papel de las Fuerzas Armadas. Asimismo, su inquietud respecto de las facultades específicas de lo que pasaría de Presidencia de la República al tema de bienestar. 

Por el PES, el diputado José Ángel Pérez Hernández indicó que los comentarios de los expertos ayudarán a tomar las decisiones correctas en relación a la iniciativa y tener cuidado en algunos temas. Queda claro que hay que organizar, evaluar y dividir las funciones de la administración pública. 

De MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González dijo que esta iniciativa es una de las más importantes que los legisladores tendrán que analizar, porque de ella depende todo el andamiaje para que funcione el gobierno y cumpla con los objetivos. 

Participaron León Aceves Díaz de León, Director de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, César Iván Astudillo Reyes y Fabiola Navarro Luna, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de “México Evalúa”; Alejandro Hope Pinsón, especialista en seguridad nacional, el exlegislador Juan Romero Tenorio, Paola Zavala Saeb, directora General del Instituto de Reinserción Social, y Oscar Vega Marín, de Fortalecimiento Municipal A.C.

Entre sus principales propuestas, destacan la de mantener el servicio profesional de carrera, y crear una institución de Estado dedicada a la profesionalización del aparato administrativo; ajustar lo que no ha funcionado, sin invadir competencias, mediante el equilibrio institucional para cumplir los compromisos de campaña y las expectativas de los derechos sociales.

Además, mejorar el andamiaje para combatir la corrupción, “que no es una tarea fácil”, profesionalización del servicio público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio Civil de carrera, para generar contrapesos reales; y abordar el tema de las compras para atenuar la corrupción y fortalecer controles internos en asignación de contratos,

Se planteó que la iniciativa pretende impulsar políticas públicas efectivas por parte de la administración pública federal para facilitar la operatividad del Poder Ejecutivo.