La Cámara de Diputados aprobó con 413 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para crear el Subsistema Nacional de Información de Ordenamiento Territorial y Urbano.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que el subsistema generará información del marco geoestadístico y georeferenciado de límites territoriales estatales, municipales y metropolitanos, así como referencias de localización de los asentamientos humanos, centros de población y zonas urbanas.

Además, deberá crear indicadores en materia de uso de suelo, distribución de la población urbana, rural o mixta, índices de suficiencia y acceso vial, nivel de urbanización, índices de dispersión, distribución espacial de los asentamientos humanos, índices metropolitanos e índices de consolidación urbano-regional.

Se establece que el Comité Ejecutivo del subsistema estará integrado por los coordinadores de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Bienestar, así como por representantes del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de los consejos locales y municipales en la materia.

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), señaló que la finalidad es que México tenga la información en materia de territorio, usos de suelo, centros de población, distribución de los asentamientos humanos e índices de consolidación urbano-regional.

Con este subsistema, dijo, se logrará la observancia de la ley en la regulación de los asentamientos humanos, el sano manejo ambiental, así como la integración de los procesos de organización sustentable. “La planeación urbana y el ordenamiento territorial constituyen políticas públicas fundamentales que han adquirido importancia”.

Mencionó que conforme al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. El rápido crecimiento de estas regiones en el mundo y en el país ha provocado un incremento explosivo de las megaurbes.

Entre las consecuencias adicionales de la acelerada urbanización se encuentran: expansión desproporcionada de la mancha urbana; dinámica de la migración que ha generado despoblamiento de localidades y ciudades; flujos importantes hacia los centros más dinámicos, lo que ha impactado a los ámbitos rural y urbano, incluyendo a las grandes zonas metropolitanas y la política de vivienda.

Tal fenómeno mundial ha tenido impulsos importantes con el desarrollo de la nueva agenda urbana de ONU Hábitat, organismo internacional que advierte que en las próximas décadas buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano, lo que significa que el país pasará de 384 ciudades a 961, en 2030.

Con el dictamen se fortalecerá a las instituciones y ayudará a dar respuesta efectiva a los retos y oportunidades. Es importante incorporar el Sistema de Ordenamiento Territorial como información eficaz que permita vigilar y hacer operables las políticas públicas, tanto federales, estatales, municipales, o bien, regionales, como ha sido el caso de las 74 zonas metropolitanas.

En los posicionamientos, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) expresó que el crecimiento de la mancha urbana, el establecimiento de asentamientos humanos, los problemas de vivienda, de servicios y de movilidad no esperarán a que se aprueben reformas a la ley o se implanten políticas públicas.

Las reformas resultan de fundamental importancia para el adecuado funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, es fundamental para la calidad de vida, acceder a los beneficios del desarrollo y hacer posible la justicia. “La Cuarta Transformación está abonando para que este subsistema esté sustentado en la ley”.

Su compañero de bancada, diputado Luis Enrique Martínez Ventura, precisó que el crecimiento poblacional y de las ciudades es uno de los temas de mayor importancia para la sociedad, pues la necesidad de tener urbes calificadas con todas las condiciones físicas y socio-económicas se ha convertido en uno de los principales retos en el ámbito del urbanismo, debido a que México se ha ido urbanizando, pues desde 1970 tenía 178 ciudades, y al día de hoy tiene 401 clasificadas en 74 zonas metropolitanas.

El establecimiento del Subsistema Nacional de Información, de Ordenamiento Territorial y Urbano es en atención a lo señalado en el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde se establece su creación. “Esto permitirá hacer uso de las coordenadas en un mapa para asignar una ubicación especial a entidades cartográficas”.

Por el PAN, el diputado Absalón García Ochoa destacó que se está ante procesos de urbanización acelerados que llevan a contar actualmente con 74 zonas metropolitanas, las cuales concentran 75.1 millones de habitantes, lo que equivale al 62.8 por ciento de la población total del país, y demanda información consistente de una institución confiable como el Inegi.

Con la creación del subsistema, dijo, se podrá contar con diagnósticos confiables que apoyen la formulación y retroalimentación de las políticas públicas. “Tendremos mejores políticas públicas municipales, estatales y federales en beneficio de una población urbana para que viva con mejor calidad de vida”.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) precisó que se necesita dotar al país de un subsistema en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial urbano y de movilidad. Esto será una herramienta importante para los gobiernos federal, estatal y municipal, a fin de lograr una mejor planeación del territorio. Se requiere información veraz e imparcial, así como evitar la corrupción.

“No es posible que veamos planes de desarrollo urbano que van por donde va el negocio. Necesitamos vivir en ciudades más humanas, seguras, sustentables. Sí se puede dejar la planeación en manos de datos confiables, públicos, transparentes y se puede evitar que las ciudades sigan creciendo a base de buenas intenciones sin sustento, de ocurrencias o de muchas construcciones que se hacen sin los estudios correspondientes”, agregó.

Armando González Escoto, diputado del PES, expuso que se busca crear un nuevo Subsistema Nacional de Información con la consiguiente estructura administrativa; sin embargo, “esta soberanía redujo al Inegi en su presupuesto 500 millones de pesos, de 2 mil 629 millones solicitados le aprobamos 2 mil 129”.

Indicó que una nueva vicepresidencia con estructura de sólo cinco personas tendrá un costo de 4 millones 600 mil pesos. “No podemos ir en contra de la política de austeridad impulsada por el Ejecutivo y por este órgano legislativo. Por esas razones, los llamo a que voten en contra del dictamen”.

El diputado Alán Jesús Falomir Sáenz (MC) resaltó que el gran problema que se tiene en México con los asentamientos humanos irregulares es la falta de información, porque “no se cuenta con una planeación en el ordenamiento del territorio y las consecuencias son de gran impacto pues esto produce un aumento en la pobreza, problemas de seguridad, contaminación, desastres naturales y rápido crecimiento demográfico en ciertas ciudades”.

Según cifras del Coneval, 933 mil viviendas en México no disponen de electricidad; 1.24 millones tienen un sólo cuarto y sin servicios básicos; 90 mil casas anualmente se asientan en suelo poco apto e irregular, “siendo que la vivienda es un derecho marcado en la Constitución y en diversas disposiciones internacionales. Las ciudades deben tener sostenibilidad ambiental”, aseveró.

Del PRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora puntualizó que se hará posible que el Inegi procese y produzca información en materia de territorio, usos de suelo, centros de población, distribución especial de los asentamientos humanos e índices de consolidación urbano-regional.

La disposición de estos datos propiciará una mayor precisión de las políticas públicas de asentamientos humanos y desarrollo urbano que emprenden las autoridades federales, estatales y municipales, en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Jesús Carlos Vidal Peniche, diputado del PVEM, mencionó que es indispensable garantizar que el desarrollo urbano opere en un marco de sustentabilidad; es decir, apegado a procesos de planeación y regulación que permita satisfacer las necesidades básicas de las urbes: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda, en un ambiente armónico, de respeto a los derechos humanos y de estricto apego a las medidas encaminadas a la conservación del entorno.

Consideró necesario manejar información oficial homologada, confiable, oportuna y de calidad que ocasione la adecuada gestión del suelo, tanto urbano, como de conservación. El objetivo del dictamen es establecer un sistema de información a cargo del Inegi que garantice el manejo ambiental apropiado, así como la integración de los procesos de urbanización sustentable y prioritaria.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) señaló que sin información no se puede generar un diagnóstico correcto sobre las problemáticas que enfrenta la sociedad, y si bien “los datos cuantitativos nunca serán suficientes para la generación de políticas y estrategias públicas, son necesarios y fundamentales”.

Lilia Villafuerte Zavala, diputada sin partido, expresó que la incorporación del Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano es un paso importante en la homologación de los criterios legales para la obtención de información, la cual deberá promoverse paralelamente a la actuación y mejora de los atlas de riesgos en municipios vulnerables al cambio climático.

Por Morena, el diputado Alejandro Mojica Toledo puntualizó que México es un país extenso y altamente poblado, de ahí que se requieren datos específicos y precisos para planear el desarrollo nacional. “La toma de decisiones responsables empieza con la correcta metodología y técnica para la recolección y organización de los datos”.