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* Pretenden privatizar el recurso natural y destinarlo a prácticas que devastan el ambiente como el Fracking para extraer gas, cuando millones de mexicanos carecen del vital líquido.

El derecho al agua potable es esencial e imprescindible para la vida y la sociedad, es un derecho humano de primer orden, al que todo ser vivo debe de tener acceso. Es además un elemento esencial de la propia soberanía nacional. Quien controle el agua controlará la economía y toda la vida en un futuro, advierten especialistas que han debatido la iniciativa de Ley General de Aguas, planteada por el gobierno priísta, del presidente Enrique Peña Nieto. Con el riesgo en puerta de que el líquido vital se destine en grandes cantidades a la producción de Gas, mediante el llamado Fracking, las comunidades indígenas se encuentran en riesgo de la implementación de este tipo de medidas neoliberales.

Nereida González
Fotos: Agencias

La controversia que ha levantado la iniciativa de Ley de Aguas en diferentes sectores de la sociedad, se recrudece en la parte donde se ocupa el término “Concesión de explotación de aguas”, en el que se plantean esquemas para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, y donde se establecen reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión.
En este contexto, algunos legisladores se han opuesto a esta iniciativa, al argumentar que esta reforma otorgaría a los consorcios que operan y distribuyen el agua, una facilidad para no respetar los derechos territoriales de una comunidad.
En este sentido —y de llegarse a aprobar la Ley General de Aguas, sin someterse a modificaciones—, cualquier comunidad indígena que esté localizada en un punto donde los inversionistas y el gobierno pretendan instalar una presa hidroeléctrica, puede ser despojada de su territorio, sin posibilidad de defenderse jurídicamente.
Y es que la iniciativa en el artículo 8 define como “de utilidad pública”, entre otros, el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos y el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros; sin embargo, no hace mención al derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por México, donde se vela por los intereses de los pueblos indígenas.
Encima, el proyecto legislativo también determina un mínimo vital, de dos cubetas y media diarias para cada persona.
Al respecto, diversas organizaciones han levantado la voz para exigir al Congreso de la Unión deshacer el Dictamen de la Ley General de Aguas y someter a dictaminen las otras dos iniciativas de ley presentadas en la Cámara, una de ellas de origen ciudadano.
Los organismos argumentan que la iniciativa del gobierno federal es una violación a los derechos humanos como el del acceso libre al vital líquido. Ya que en esta ley se pide que se den nada más 50 litros diarios de agua al ciudadano, es decir, dos cubetas y media.
Esto contraviene gravemente lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual indica que como derecho universal deben ser 100 litros diarios.
“Otro punto es que cualquier comunidad o persona que se oponga a cualquier proyecto hidroeléctrico o presas será desalojado por la fuerza pública; se va a impedir que se hagan estudios por académicos sobre el agua, si no tiene permiso de la Conagua”, expresaron representantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo Tribu Yaqui, así como otras ocho organizaciones sociales.

El despojo a comunidades
para grandes corporaciones

La Ley General de Aguas, contempla una sobreexplotación de cuencas y despojo a comunidades para darle el agua a grandes corporaciones, de acuerdo con los especialistas, pues las concesiones las seguiría otorgando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a “discreción”, por entre cinco y 30 años, por lo que los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionarios para manejar el agua de sus tierras, y los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados a empresas.
En la presentación de la Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el Agua!, los representantes de las organizaciones puntualizaron que la búsqueda por parte de la CONAGUA y de las empresas privadas es apropiarse y despojarlos de sus bienes naturales.
“De ser aprobada esta iniciativa de Ley General de Aguas de la CONAGUA, se profundizaría y agravaría la privatización del agua en México, proceso que se viene impulsando desde 1994 a través de la Ley Nacional del Agua, cuando el agua dejó de ser un bien natural y social fundamental para la vida, para convertirse en una mercancía”.
Recordaron que en el caso de Oaxaca, el Gobierno Federal a través de la CONAGUA y el gobierno estatal a través de la Comisión Estatal del Agua, pusieron en marcha el Proyecto Hidráulico Paso Ancho, el cual, refrieron, es un proceso poco transparente y con problemas, por lo que fue cancelado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) al no contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, además de no completar los estudios de impacto ambiental.
Explicaron que GRUPO TRADECO S.A. DE C.V es la empresa constructora quien realiza actualmente las obras de desvío y se ha anunciado que este año se licitará la construcción de la presa. “Expertos explican que es un proyecto inviable pues carece de una sólida justificación hidrológica, ecológica y social. Exigimos su cancelación”.

Debate por el Agua

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, en voz del representante popular oaxaqueño, Mario Rafael Méndez, señaló que el sistema de concesiones debe rediseñarse para evitar que éste sea excesivo y arbitrario.
Expuso que estas deben otorgarse de acuerdo a la disponibilidad del agua en cada cuenca y revisables cada año, por lo que pidió prohibir las transferencias de las concesiones así como las concesiones de las obras hidráulicas nacionales.
Los representantes del Sol Azteca señalaron que el aumento en las tarifas de servicios públicos del agua, implicaría una privatización disfrazada de la prestación de servicios en detrimento y cancelación del derecho humano al agua.

Sequias, impacto del Fracking

Información proporcionada a DEBATE por el Senador de Oaxaca, benjamín Robles, explica que la fracturación hidráulica, también conocida por el término en inglés Fracking, es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. En la Ley General de Aguas, la aplicación del Fracking reduce sustancialmente la oferta de agua para el consumo humano y agrícola, por lo que en lugar de 100 litros por persona pretenden dar 50 litros, a su vez contribuye en el cambio climático.
En el mes de marzo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos contenidos en Lutitas”, donde reconoció siete graves impactos ambientales de la práctica de la fracturación hidráulica.
Entre ellas, destaca:
1- Disminución de disponibilidad del agua en ecosistemas y para uso y consumo de los seres humanos comprometiendo EL DERECHO HUMANO AL AGUA (consumo doméstico, producción agrícola y sostenimiento de ecosistemas)
2- Contaminación de los acuíferos al haber fallos en la estructura del pozo y por filtración se contaminan. Reconoce la existencia de 750 tipos de químicos, cancerígenos y generadores de otras enfermedades
3-Contaminación de aguas por radioactividad porque las aguas de retorno, que son aguas recicladas para la perforación que al ser tratadas con cloro, reaccionan con el bromuro que contienen generando un químico cancerígeno y de otro tipo de enfermedades humanas.
Cabe mencionar, que se habrían autorizado por parte de la Secretaría de Energía la aplicación del método del Fracking en 21 cuencas hidrográficas y 11 acuíferos de Veracruz. En situación similar se encuentran estados como Puebla, San Luis Potosí, Coahuila y Oaxaca.
Ante esta situación, legisladores contarios a los que presentaron esta iniciativa coincidieron en que México enfrenta una situación hídrica compleja que requiere de la participación de los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía para garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones.
“El agua y el derecho humano al agua se vinculan directamente con el goce y el disfrute efectivo de otros derechos humanos, por lo que al no garantizarse se hace imposible su pleno ejercicio, en detrimento del desarrollo integral del individuo”.

Cifras del Agua potable

(www.cuentame.inegi.org.mx) La disponibilidad de agua se refiere al volumen total de líquido que hay en una región. Para saber la cantidad existente para cada habitante se divide el volumen de agua entre el número de personas de una población.
En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25% de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6%) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda.
En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 m3/hab); en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 24 mil m3/hab.).
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3y para 2010 disminuyó a 4 230 m3 anuales por cada mexicano.
En México, al 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua fue de casi 89%esto significa más de 74 millones de personas, el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda. Por entidad federativa, este indicador se ha modificado los últimos 20 años.
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua por entidad federativa, 1990 a 2010.
A nivel nacional, en 1990, el 62% de las viviendas contaban con drenaje, el porcentaje se elevó a 75% en el año 2000, para 2005 fue de 85% y en 2010 se ubicó en 89 por ciento. Las entidades con el menor porcentaje de viviendas que cuentan con este servicio son Guerreo y Oaxaca con 72 y 70% respectivamente.