• Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera violenta derechos de empleados de confianza, propicia despidos injustificados, mediante hostigamiento y amenazas de muerte, para colocar amigos y familiares.

Por: Gildardo Mota Por incurrir en abuso de autoridad, falsedad de declaraciones y alteración de documentos, una trabajadora de confianza solicitó a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca la intervención del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la LXII Legislatura Local para investigar e iniciar juicio político al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, sobrino del propietario del diario “Noticias” y actual Diputado Local del Partido Movimiento Ciudadano, Ericel Gómez Nucamendi. Se trata de Esperanza García Cruz, Jefe de Oficina nivel 15, adscrita hasta finales de agosto de 2014 al área contable del Fondo para la Administración para la Justicia del TSJ, y comisionada posteriormente, por consigna de mandos superiores, al Juzgado de Garantía de Putla Villa de Guerrero, por haberse negado a firmar su renuncia a su nombramiento definitivo, más tarde, ante el hostigamiento y amenazas, solicitó licencia sin goce de sueldo por espacio de seis meses a partir de mayo del año en curso. Lo anterior derivó en una demanda laboral que presentó el 15 de septiembre de 2014 Esperanza García Cruz, ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, en contra del Gobierno del Estado, Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, presidente del TSJ y presidente del Consejo del Consejo de la Judicatura, y José Guadalupe Álvarez García, Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con lo que se inició el expediente 144/2014. Y es que a García Cruz, al igual que a decenas de empleados de confianza de los niveles 15 y 16 que cuentan con nombramiento definitivo y con antigüedades de más de diez y quince años, se le exigió en agosto de 2014 firmar su renuncia, con la promesa de que seguiría en nómina bajo la modalidad de contrato y que su firma sólo se requería para trámite administrativo en caso de incumplir con la normatividad laboral del Poder Judicial. De agosto de 2014 a la fecha, más de 40 empleados de confianza accedieron a firmar su renuncia, hoy están fuera del TSJ, y es que desde que estamparon su firma en el documento de renuncia perdieron antigüedad, empleo y también la dignidad, pues no procedieron por la vía legal para denunciar los abusos que Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera cometió en contra de sus derechos laborales y humanos. Tan sólo en el Fondo para la Administración de Justicia del TSJ más de 12 empleados de confianza firmaron su renuncia, García Cruz es el único caso que no accedió a firmar y optó por presentar demanda laboral y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la que por cierto sirve para dos cosas: para nada y para lo mismo. Y es que el titular de la DDHPO, Arturo Peimberth optó por no “confrontarse” con el sobrino del dueño del “Noticias” ante el temor de que es el presidente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y su tío diputado local. Esperanza García Cruz cuenta con nombramiento de confianza definitivo de fecha primero de agosto de 2011, aunque registra una antigüedad laboral de 16 años, pero durante los últimos días de agosto de 2014, la directora del Fondo para la Administración de Justicia del TSJ, Fanny del Rocío Gómez Mercado solicitó a los empleados de confianza de los niveles 15 y 16 su renuncia, con el argumento que cumplía órdenes superiores. Algunos empleados accedieron a firmar la renuncia, sin embargo García Cruz no firmó, por lo que inmediatamente el 26 de agosto mediante oficio CJ/DA/RH/05424/2014, emitido y firmado por José Guadalupe Álvarez García, Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por órdenes de Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera se le comisiona al juzgado de garantía de Putla Villa de Guerrero, sin embargo, el primero de septiembre de ese mismo año, a través del oficio CJ/DA/RH/5967/2014, suscrito por el mismo funcionario, se le comunica por terminada su comisión. Como resultado de la demanda laboral que García Cruz presentó ante la Junta de Arbitraje, en noviembre de 2014 la Jefa de la Unidad del Departamento de Recursos Humanos, Carmen Revilla pretendió convencerla para que retirara la querella, esto sin mediar un escrito o acuerdo de por medio ante el órgano de conciliación laboral, por lo que las acciones de hostigamiento se incrementaron. Al no firmar su renuncia, durante la última semana de agosto de 2014, García Cruz recibió la primera amenaza por parte del Jefe del Departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, Said Arreola Castillejos, quien le dijo que si no temía que le pasara algo por desobedecer una orden superior y por no respetar “el sistema”. El 22 de mayo del año en curso, Agustín Sosa y Marco Antonio Cervantes, el primero Jefe del Departamento de Transparencia de la Unidad de Enlace de la Dirección de Planeación e Informática y el segundo, ex Jefe de Supervisión de Recursos Humanos y actual encargado de la Dirección de Archivo y Boletín Judicial, amenazaron a García Cruz al advertirle que este gobierno (el de Gabino Cué) es benevolente, a diferencia de los anteriores (priistas), que desaparecían o mataban a quienes no acataban las órdenes de sus superiores. Gregorio Víctor Cruz Lucas, abogado de García Cruz, sostuvo que el interés del Presidente del TSJ, Lagunas Rivera, al propiciar este clima de hostigamiento laboral es con el fin de recuperar las plazas con nombramiento definitivo para cederlas a amigos o familiares, perjudicando a trabajadores con antigüedad y sin que hayan sido liquidados en términos de ley. Agregó que la trabajadora Esperanza García Cruz ya acudió a las instancias jurisdiccionales correspondientes por las amenazas recibidas, y por los delitos derivados del juicio laboral antes citado. Lagunas Rivera ya respondió la demanda, pero en forma torpe, su respuesta exhibe que cometió abuso de poder, además de incurrir en falsedad de declaraciones y alteración de documentos, por tal razón se solicitó la intervención del Ministerio Público y la Cámara de Diputados para que se le investigue y se inicie procedimiento de juicio político, culminó Cruz Lucas.