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* Un Secuestro exhibe a la dependencia y llega el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gildardo Mota

El secuestro y asesinato de Eduardo López Juárez ocurrido en septiembre de 2008 en el municipio de San Antonio de la Cal no solamente ha dejado secuelas emocionales en sus familiares que le sobreviven, sino que además exhibe a la Procuraduría General de Justicia del Estado como una “institución” conformada por servidores públicos reciclados, negligentes y encubridores del delito y la delincuencia. El caso Eduardo López Juárez pone en evidencia a la PGJE, pues a cinco años de su secuestro y asesinato, por interés y esfuerzo de sus familiares, que no de la institución en referencia, sólo han sido detenidos tres de cuatro de sus ejecutores, el secuestrador prófugo que fue hallado por familiares en el estado de México habría recibido un “pitazo” desde Oaxaca para evadir su detención. Con la localización y posteriormente levantamiento del cuerpo sin vida de López Juárez, ocurrido el 4 de septiembre de 2008, se generó un entramado al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado que derivó la inconformidad de familiares de la víctima, quienes presentaron tres quejas ante la Visitaduría General, tres averiguaciones previas y una solicitud de procedimiento administrativo ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, todas ellas en contra de funcionarios de la PGJE, por cierto incumplidas hasta octubre de 2013. A lo anterior se suman una recomendación 08/2010 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hoy Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como un juicio de amparo en contra del Jefe de la Gubernatura Enrique Pacheco Martínez por desatender peticiones de familiares de López Juárez, así como supuestas instrucciones del gobernador, Gabino Cué Monteagudo. Durante cinco años, familiares de la víctima han recibido hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios de la PGJE, así como integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, las complicidades al interior de la instancia supuestamente encargada de investigar delitos y perseguir delincuentes los ha obligado a solicitar la ayuda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un escrito presentado recientemente a representantes de la CIDH en la ciudad de México, Primitivo López Reyes, hijo de la víctima, describe en párrafo su situación y la de otros oaxaqueños víctimas de la delincuencia organizada: “Oaxaca, al igual que otros estados del país, se ha convertido en los últimos años siete años en una entidad peligrosa, donde el ciudadano vive con temor hacia el delincuente y la autoridad, entre ambos no hay diferencia, solo complicidad. La tranquilidad ha sido arrebatada al pueblo de Oaxaca y la justicia, le es inalcanzable con esta red de funcionarios corruptos, sólo nos queda la palabra, nuestra voz para pedir ayuda”.