Oil Pump Jack

* Las nuevas leyes crean incertidumbre en Oaxaca ante el riesgo de que particulares y extranjeros se apoderen de grandes extensiones territoriales.

 

José Luis Sarmiento Gutiérrez

 

Tras la aprobación de la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, existe un clima de incertidumbre de lo que pueda suceder en Oaxaca, donde los pueblos y comunidades podrían levantarse ante la Ocupación Temporal de Tierras para fines Estratégicos, como se contempla en la Ley de Hidrocarburos, o con la implementación del Fracking, mecanismo para extraer Gas del subsuelo a través de la inyección de grandes cantidades de agua a presión con químicos, que dañan gravemente el medio ambiente, en una entidad donde miles de familia no tienen acceso al líquido vital. Transformar en energética la vocación agrícola del campo, cuando no se tiene garantizada la soberanía alimentaria, también enciende los focos rojos.

 

Ya sucedió en Oaxaca y se debe tomar en cuenta como un llamado de atención.

Cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una intensa campaña para desprestigiar las tierras del Istmo de Tehuantepec, logró malbaratar grandes extensiones territoriales para rematarlas a empresas extranjeras, que ahora tienen instalados Parques para la producción de Energía Eólica.

Así se documentó en la Edición Número 56 Año 5 de Diciembre de 2012, en la Revista DEBATE:

“Aquí el viento se lleva todo, mis tierras no producen nada…”, versaba el promocional oficial que se estuvo pasando en los canales de televisión abierta del país, donde aparecía un “supuesto” indígena de la zona en que se instalaron los parques eólicos.

Mentira.

Son justo en esas tierras “ventosas” donde se puede producir el Sorgo de la más alta calidad, que aguanta la sequía, el calor y los fuertes vientos, el cual se puede utilizar como alimento forrajero o para fabricar –justamente– combustibles limpios.

Incluso, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), organismo dependiente del gobierno federal, paga coberturas para el Sorgo, lo que permite asegurar la venta del producto y mantener los precios por tonelada estables, para que en caso de variaciones en el mercado, los productores no pierdan.

Es decir, la venta del Sorgo en la zona de los vientos siempre estuvo asegurada para miles de familias que ahora no tienen un modus vivendi, lo que despertó graves conflictos sociales en aquella zona del estado, los cuales permanecen latentes.

A dos años y medio de que, efectivamente, ya se habían puesto en manos de extranjeros terrenos agrícolas —para darles una vocación energética con el argumento de producir “energías limpias”—, la nueva Ley de Hidrocarburos abre la posibilidad de la Ocupación Temporal de Tierras (hasta por 99 años) para fines estratégicos.

“La tierra debemos defenderla a capa y espada, no podemos permitir que se privatice el ejido ni los bienes comunales, son derechos fundamentales de los pueblos y comunidades”, advierte el diputado local del PAN, Javier Barroso, “pero tampoco podemos especular sobre algo que no ha sucedido y la Reforma del Campo será fundamental”.

Con la Reforma Energética, advierte, van a llegar a desplazar ciertas tierras donde actualmente se producen alimentos, donde puedan detectar que hay hidrocarburos, lo que, dice, “es preocupante”.

“Lo que debemos buscar en Oaxaca es cómo ser autosuficientes en la producción de básicos”, opina el también dirigente estatal de los productores de maíz.

Admite que lograr la soberanía alimentaria cuando se antepone lo energético es complejo, por lo que en este momento hay incertidumbre y habrá que esperar para ver cómo se aterrizan las nuevas medidas establecidas en la Ley de Hidrocarburos.

En tanto, el delegado estatal de la SAGARPA, Manuel García Corpus, cita que el 83 por ciento del territorio estatal es ejidal o social, mayoritariamente comunal, por lo que las nuevas disposiciones tendrán que pasar por acuerdos de asamblea, de acuerdo con la Ley Agraria, para permitir una ocupación temporal a una inversión.

“Esto beneficia a los campesinos oaxaqueños, como en el caso de los tendidos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los que pueden exigir el pago de esa ocupación que tienen en las franjas de terrenos, lo que representa un ingreso y un apoyo a este tipo de tierras, en donde la ocupación no es en términos agrícolas ni pecuarios”.

García Corpus asegura que la reforma no trastoca el régimen de propiedad, sino que plantea diferentes mecanismos que permitan generar mayores inversiones en el campo en términos de propiciar investigación, transferencia tecnológica y créditos accesibles, además de elevar la productividad del minifundio.

 

Los Pueblos Indígenas,

con derecho a consulta

 

En este marco de incertidumbre y preocupación, el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Jorge Toledo Luis, recuerda que existe el Convenio 169 suscrito por México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados sobre la utilización de sus territorios.

“Esto obliga al Estado Mexicano a que los pueblos sean consultados sobre la aplicación de proyectos, en los que pueda existir algún grado de afectación”, señala en entrevista con este medio de comunicación:

 

— Se les puede consultar, pero la Ley de Hidrocarburos dice que en caso de no existir acuerdos se procederá a la ocupación…

“El Convenio es que deben de ser Consultados. Todo lo que se comenta son temas de supuestos”.

 

— Pero la ley indica que si no hay acuerdo entre las partes van a proceder a la ocupación de tierras… ¿Eso no puede generar conflictos en las comunidades?

“Eso lo supones tú. Que proceder representa un escenario de violencia. No hay un solo caso que haya habido. Por eso, México firmó un convenio para ser consultado. En el caso de los proyectos eólicos algunos se oponían, pero otros no, pero los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados para definir qué se tiene que hacer. Porque luego los que se oponen son los que más estridencia traen, no necesariamente son la mayoría. Entonces, con este convenio que es internacional, en un tema nuevo (Ley de Hidrocarburos) se tiene el derecho a la consulta”.

 

— Entonces, si no logran el acuerdo entre las empresas y los afectados, con el porcentaje del 0.3 al 3.5 por ciento de participación, y se procede a la ocupación… ¿No se quedan en la indefensión las comunidades indígenas?

“Es una presunción, respecto del actuar, respecto del tema. Yo lo comento en base a Convenios que tiene México, los pueblos deben ser consultados y van a ser consultados en los proyectos que tengan afectaciones los pueblos y comunidades indígenas”, insistió el delegado de la CDI, Jorge Toledo Luis.

 

 

El Fracking, un

riesgo en Oaxaca

 

En la discusión de la Ley de Hidrocarburos, uno de los temas que causó mayor polémica fue la aprobación de la Fractura Hidráulica del subsuelo, mejor conocida como Fracking, que consiste en la perforación de pozos profundos para inyectar en la roca del subsuelo agua con químicos a muy alta presión, para extraer el llamado Gas “Shale”.

Y es que hay voces especializadas que advierten del grave riesgo de contaminación que provoca esta practica a los mantos freáticos y el subsuelo, donde se vierte un coctel con más de 750 aditivos químicos, algunos que pueden ser muy nocivos para el agua, la tierra e incluso el aire.

Mientras que en el Fracking se aplican de 9 a 29 millones de litros de agua, en Oaxaca hay miles de familias que carecen de ese servicio básico de primera necesidad para su subsistencia.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualizados hasta noviembre de 2013, de los 2 mil 456 municipios del país, tienen disponibilidad dos mil 409, lo que significa que 43 carecen de acceso absoluto a el agua potable.

Destaca Oaxaca, donde 34 municipios no tienen agua, Puebla con dos, Veracruz con seis y Guanajuato con un municipio.

Ante esta situación, el delegado estatal de la SAGARPA, Manuel García Corpus, opina sobre la utilización de instrumentos tecnológicos que puedan dañar el medio ambiente y el agua fundamentalmente, como el Fracking:

“Lógicamente que nosotros no podemos aceptar y no podemos promover el uso de tecnologías o usos de algunos elementos químicos, que puedan ser contrarios a la parte de no cuidar la sanidad de la producción agropecuaria de nuestro estado”.

Jorge Toledo, de la CDI, sostiene tener aspiraciones en que los temas de la reforma sean esquemas que fortalezcan al país:

“Sé que hay inquietud respecto a formas, respecto a prácticas, respecto a hechos y situaciones, y yo estoy convencido de que en estas nuevas formas y mecanismos puedan haber consensos que armonicen con las disposiciones de los pueblos indígenas”.

Para el diputado Javier Barroso Oaxaca está muy lejos de ese tipo de situaciones, pues no hay un estudio que diga que podemos producir ese tipo de gas:

“El agua es un tema fundamental y en Oaxaca hay zonas donde verdaderamente la escasez es muy grave, además de que existe un decreto de veda donde no se pueden perforar pozos desde 1964, lo que también afecta a los productores agrícolas”.

Precisa que los productores no pueden tener acceso al riego tecnificado, porque la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) mantiene la prohibición de perforar pozos, por lo que el asunto del Fracking permanecerá también en duda.