Por: Gildardo Mota

Pese a la resistencia del Procurador General de Justicia en el Estado, Joaquín Carrillo Ruiz, ayer por la tarde inició la presentación de 99 denuncias penales de ahorradores defraudados por el Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L., en contra de la titular de la Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, Bertha Ruth Arreola Ruiz, por lo que en breve la funcionaria estatal dejaría el cargo.

En las mismas denuncias penales se encuentran involucrados: Juan Raúl Aquino Geminiano, ex Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla; José Jaime Vargas Jiménez, Rosineli Rojas Martínez, Donají López Díaz, Adalberto López Saturno, Ana Yadira Navarro, Alex Carmelo Nicolás Cortés y María Elena Hernández Mijangos, el primero actuario y los seis restantes secretarios de acuerdos del mismo juzgado.

También se encuentran señalados en las citadas causas penales los Defensores de Oficio de la PRODI, ShaneFrancisco Durán y Xóchitl Judith Lavariega Díaz, esta última ex secretaria del Ministerio Público adscrito alHospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Las causas penales iniciadas en contra de los funcionarios de la PRODI y del Tribunal Superior de Justicia corresponden a la comisión de los delitos de abuso de autoridad, coalición de funcionarios y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Y es que de acuerdo a las denuncias penales, Bertha Ruth Arreola Ruiz y Juan Raúl Aquino Geminiano, la primera titular de la PRODI y el segundo, entonces Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, habrían recibido tres millones de pesos para favorecer en un expediente penal la sentencia absolutoria (auto de libertad) en favor del presidente del Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L., Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista.

En el contenido de las causas penales se señala que el resto de los funcionarios menores de la PRODI y del Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla habrían recibido 500 mil pesos en forma individual, esto para que Martín Salazar Bautista evadiera responsabilidad en el expediente penal 45/2010 en la comisión de robo con violencia, cuyo delito contempla el Código Penal del Estado como agravado y sin derecho de libertad bajo fianza.

Más de 300 ahorradores defraudados provenientes del municipio de San Pedro Pochutla y de la agencia municipal de Puerto Escondido, apoyados por integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la región de la Costa, tomaron la tarde del miércoles las oficinas de la PGJE en Ciudad Judicial para exigir la presencia y atención personal del Procurador, Joaquín Carrillo Ruiz, la protesta puso al descubierto la corrupción y tráfico de influencias e información que impera en la PRODI y en el juzgado de San Pedro Pochutla.

Los ahorradores defraudados son encabezados y asesorados por la abogada auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del SNTE, Edith Araceli Santibáñez  Bohórquez, quien por la noche del miércoles promovió la ratificación de las 99 denuncias penales en referencia y agregó que en próximas fechas se presentará otro paquete de querellas en contra de los citados funcionarios por los mismos delitos.

Tras sostener una mesa de trabajo con el Procurador de Justicia en el Estado, Santibáñez Bohórquez informó los siguientes acuerdos: el traslado de Martín Salazar Bautista del Penal de San Pedro Pochutla a un reclusorio de máxima seguridad, la búsqueda inmediata de cinco directivos del Corporativo Azteca que se encuentran prófugos, la búsqueda de más de 100 averiguaciones extraviadas en los archivos de la Sub Procuraduría de la Costa y el embargo de propiedades del principal defraudador para garantizar el pago a ahorradores defraudados.

Santibáñez Bohórquez dio a conocer que en otro encuentro político que sostuvieron ahorradores defraudados y representantes de la Sección 22 del SNTE con el Secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, se acordó la separación del cargo de Bertha Ruth Arreola Ruiz en la PRODI, en tanto que la parte oficial anunciaba la noche del miércoles el cese de la Defensora de Oficio de la misma dependencia, Xóchitl Judith Lavariega Díaz.

PRODI, la delincuencia organizada

Directivos de Corporativo Azteca de Huajuapan cometieron un fraude superior a los 100 millones de pesos en contra de más de 350 ahorradores de la región de la Costa, situación que derivó la presentación de más de 300 denuncias penales por los delitos de fraude genérico, robo con violencia y uso de documentos falsos, esto ante la Sub Procuraduría General de Justicia de la Región de la Costa.

Pese a la indolencia de funcionarios de la PGJE, en agosto de 2010 el presidente del Corporativo Azteca de Huajuapan, Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista es detenido y recluido en el penal de San Pedro Pochutla, dos años después es detenido el vicepresidente del grupo, David Cordero Guevara, quien se encuentra preso en el reclusorio de Santa María Ixcotel.

Martín Salazar Bautista enfrenta los delitos de fraude genérico, uso de documentos falsos y robo con violencia, este último considerado como grave, por lo que mediante el tráfico de influencias y la entrega de millonarias sumas de dinero compró los servicios y favores de funcionarios de la PRODI y del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla.

El 17 de junio de 2010, la entonces secretaria del Ministerio Público adscrita al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, Xóchitl Judith Lavariega Díaz prefabricó la averiguación previa 798/HC/2010 en donde asienta la comisión del delito de robo y demás en perjuicio de Martín Salazar Bautista, esto para quitarle responsabilidad en el robo con violencia que cometiera el citado directivo de Corporativo Azteca de Huajuapan en la región de la Costa en contra de ahorradores, en la misma fecha citada en la averiguación apócrifa.

Luego de separarse del cargo de secretaria ministerial en el MP del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, Xóchitl Judith Lavariega Díaz se incorpora a la Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables en calidad de Defensora de Oficio, acuerpada por Arreola Ruiz, cuyo cargo hasta la noche del miércoles habría desempeñado, luego de la presión de ahorradores y del magisterio oaxaqueño.

Por su parte, la titular de la PRODI, Arreola Ruiz, asignópara la defensa legal de Martín Salazar Bautista también al Defensor de Oficio, Shane Francisco Durán, situación que evidencia la complicidad y encubrimiento de la funcionaria con el directivo del  Corporativo Azteca de Huajuapan.

De su lado, Juan Raúl Aquino Geminiano, entonces Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, emite sentencia absolutoria en el delito de robo con violencia en favor de Martín Salazar Bautista, esto el 18 de noviembre, sin embargo, el citado funcionario del Poder Judicial habría sido reasignado al Juzgado de Cosolapa a partir del 16 de noviembre, es decir, que su actuación se efectuó fuera de tiempo y jurisdicción, incurriendo en los delitos antes mencionados.

La negligencia de la PGJE

Como resultado del fraude cometido por el Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L., la Sub Procuraduría de Justicia de la Región de la Costa inició más de 350 averiguaciones previas, sin embargo, por desinterés o complicidad se extraviaron 110 y otras 100 prescribieron, dejando en estado de indefensión a los ahorradores defraudados.

De acuerdo  a la abogada de la Secretaría Jurídica de la Sección 22 del SNTE, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla sólo existen 103 causas penales en contra de Martín Salazar Bautista y David Cordero Guevara, así como de otros cinco directivos del citado corporativo que se encuentran prófugos.

Cabe referir que los ahorradores defraudados arribaron el miércoles cerca de las 15 horas y dos después, por intervención del Secretario General de Gobierno, Gómez Sandoval, se presentó en Ciudad Judicial el Procurador Joaquín Carrillo, para recibir personalmente las denuncias en contra de quien ha trascendido sería su tía, Bertha Ruth Arreola Ruiz.