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Por: Gildardo Mota
La corrupción que imperó en el Seguro Popular de Oaxaca durante la administración de Salvador Monroy Rodríguez, cuñado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, desencadenó una crisis financiera en los Servicios de Salud, así como el inicio de un paro indefinido de labores de miles de trabajadores del citado sector, a partir de este martes.
Y es que 4 mil 51 trabajadores regularizados de los Servicios de Salud de Oaxaca hasta hoy no recibían el pago de la segunda parte de su aguinaldo, el cual supera los 20 millones 200 mil pesos, la administración de Monroy Rodríguez, tras su salida del Seguro Popular, dejó en caja un monto de 300 mil pesos y una cascada de irregularidades.
El Seguro Popular de Oaxaca aporta quincenalmente 48 millones de pesos para el pago de sueldos de los 4 mil 51 trabajadores regularizados, sin embargo, desde 2014, la citada nómina es sufragada con retraso.
Mario Félix Pacheco, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en conferencia de prensa dio a conocer el inicio del citado paro de labores de trabajadores de los SSO, a excepción de quienes trabajan en las áreas de urgencias y hospitalización.
Dejó en claro que el paro de labores no se suspenderá hasta que se instale una mesa de trabajo en donde participe el gobernador Gabino Cué Monteagudo y los titulares de la Secretaría de Finanzas, Seguro Popular y Servicios de Salud.
Anunció el desarrollo de una marcha por parte de trabajadores de los SSO el próximo viernes y advirtió sobre el posible endurecimiento de las movilizaciones en caso de no existir disposición por parte del Ejecutivo.
Félix Pacheco dijo que existe otra irregularidad en el pago a terceros institucionales y no institucionales, cuyo adeudo por parte del Ejecutivo asciende a más de 800 millones de pesos, problemática gestada desde la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
El dirigente sindical reveló que con asesoría de la dirección nacional del sindicato preparan denuncias en contra de funcionarios y ex funcionarios de los SSO que estarían involucrados en el citado adeudo, ya que representa un desvío de recursos públicos.