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Por: Gildardo Mota

En franca violación a la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa Indígena y Grupos Vulnerables, cuatro Defensores de Oficio, así como dos Jefes del Departamento de Amparos y de la Defensoría de Oficio, se encuentran al servicio de 12 empleados de base adscritos a la citada institución, los cuales fueron denunciados por Norma Ramírez, trabajadora de la misma dependencia, por el delito de lesiones calificadas, en tanto que uno de los denunciados enfrenta paralelamente un juicio ejecutivo mercantil.

Los Defensores de Oficio que indebida e ilegalmente prestan sus servicios a los 12 empleados de base denunciados son: Martha Gutiérrez, Isis Zárate Martínez, Cecilia Ramos lópez e Hilda Sampedro Cruz, los primeros tres realizan la defensa legal de los doce empleados denunciados por el delito de lesiones, esto en el Juzgado segundo de lo Penal, en tanto que la última litiga en favor de uno de los acusados un juicio mercantil en el Juzgado Sexto de lo Civil.

Sujetos a juicio por el delito de lesiones se encuentran los siguientes empleados de base: Griselda Julián Luciano (delegada sindical del STPEIDCEO), Luz Gabriela Saavedra Sánchez, Ana Lilia Cruz Guerrero (ex policía preventiva), Iván Toledo Piñón, Alma Elena Contreras Reyna, Cristel Itamar Contreras Ruiz (sobrina de la titular de la PRODI), Teresa García García, María Teresa Medrano Reyes, Francisco Orozco Luna (a) “el oso”, Nemesio Martínez Galván, Yolanda Velasco Ramírez y Roberto Maldonado Vásquez.

Y es que de acuerdo a la Ley Orgánica de la PRODI, dicha institución debe ofrecer sus servicios a indígenas e integrantes de grupos vulnerables que carezcan de recursos económicos para su defensa legal ante juicios que enfrenten, sin embargo, en los casos de los empleados de base sujetos a proceso judicial perciben ingresos superiores a los 9 mil pesos quincenales.

Por instrucciones de la titular de la PRODI, Bertha Ruth Arreola Ruiz, se asignó de tiempo completo en el caso de la averiguación previa 211(AEI)/2014 y/o 1837/SC/2014, que se instruyó en contra de los 12 empleados en referencia, a la Defensora de Oficio Cecilia Ramos López, posteriormente en la causa penal 191/2011 radicada en el Juzgado Segundo de lo Penal, se nombró a las Defensoras de Oficio Isis Zarate y Martha Gutiérrez como defensa de Griselda Julián Luciano, Luz Gabriela Saavedra Sánchez y Ana Lilia Cruz Guerrero.

Ante el actuar parcial del Ministerio Público de la Mesa Dos Auxiliar de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Norma Ramírez promovió el juicio de amparo 1160/2014, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, para la consignación de la citada averiguación, por lo que también por instrucciones de Bertha Ruth Arreola Ruiz se asignó en su defensa de los mismos empleados, como terceros interesados, a Macario Fernando Montaño Hernández y Elvis Simón Jiménez, Jefes del Departamento de Amparos y de la Defensoría de Oficio, respectivamente, así como al analista Rubén Aquino Pérez.

Derivado de la resolución del juicio de amparo, el Ministerio Público sólo ejercitó acción penal en contra de tres de los doce indiciados (Griselda Julián Luciano, Luz Gabriela Saavedra Sánchez y Ana Lilia Cruz Guerrero), por lo que nuevamente por intervención de Arreola Ruiz se promovió a través de los Jefes del Departamento de Amparos y Defensoría de Oficio el juicio de amparo 1489/2014 en el Juzgado Tercero de Distrito para que estas empleadas no fueran detenidas.

Al no resolver el Ministerio Público de la Mesa Dos Auxiliar acción legal en contra de la totalidad de los indiciados, dejó abierto el triplicado en contra de nueve empleados, en cuya indagatoria también fueron representados jurídicamente y de tiempo completo por la Defensora de Oficio Cecilia Ramos López, por lo que para que se consignara al resto de los agresores, la agraviada promovió el juicio de amparo 1695/2014 ante el Juzgado Segundo de Distrito.

Durante el citado juicio de amparo, los agresores fueron asistidos por los Jefes del Departamento de Amparos y Defensoría de Oficio de la PRODI, sin embargo, la justicia federal concedió la razón por segunda ocasión a la quejosa.

Por otra parte, la delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, Griselda Julián Luciano enfrenta también juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado Sexto de lo Civil bajo el número 234/2014, asignándose para su defensa legal a la Defensora de Oficio, Hilda Sampedro Cruz.

Contrario a los principios que dieron origen a la PRODI, Griselda Julián Luciano en su carácter de “agraviada” también es representada por los Jefes del Departamento de Amparos y Defensoría de Oficio, Macario Fernando Montaño Hernández y Elvis Simón Jiménez, en el juicio de amparo 218/2015 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito.

Lo aquí documentado exhibe abiertamente el desvío de recursos humanos en favor de asuntos personales de trabajadores de base, quienes al aceptar el cumplimiento de órdenes de la titular de la PRODI, Berta Ruth Arreola Ruiz, enfrentan procesos judiciales que incluso podrían derivar en procedimientos administrativos que les obligaría a perder sus derechos laborales.