José Luis Sarmiento
Jazmín Gómez
Pedro Matías

El estado de Oaxaca se ha convertido en un paraíso de corrupción por contar con organismos supuestamente autónomos, que carecen de herramientas eficientes y elementos jurídicos para castigar a funcionarios públicos, representantes populares y presidentes municipales, que impunemente vienen cometiendo el delito de Peculado, el cual no se considera grave en la entidad por la falta de voluntad de los diputados para reformar la Constitución y el Código Penal. Ya casi al final del sexenio, trasciende que no hubo castigo para quienes saquearon en el pasado al estado, pero tampoco para los que lo están haciendo en el actual régimen. Con acusaciones de trasfondo político, muchas declaraciones y pocas pruebas, realmente el saqueo de los recursos públicos se realiza con todo descaro, a sabiendas de que no hay castigo, por lo menos para la mayoría, en un estado que sigue sumido en la pobreza.

El 8 de agosto del 2012, la aplanadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) echó mano de su mayoría calificada en la Legislatura Local, para modificar los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, con el propósito de garantizar impunidad para los funcionarios y políticos de la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Tras ser derrotados por la Coalición por la Paz y el Progreso y su candidato, el hoy gobernador Gabino Cué Monteagudo, fue convocada una sesión extraordinaria para aprobar reformas, modificaciones, adiciones y derogaciones sobre diversos artículos de ambos ordenamientos.
Mientras los medios de comunicación destacaron la creación del delito de Feminicidio en el decreto 1328 aprobado por mayoría aquella noche, al mismo tiempo se le estaba quitando la gravedad al Peculado, cuando votaron la modificación del artículo 210 Bis del Código Penal, donde se establecen los delitos graves.
Del mismo modo, se adicionó el artículo 23 BIS A del Código de Procedimientos Penales, donde se establecen las sanciones para los funcionarios, políticos y servidores corruptos.
Dentro del capítulo V del Código Penal, que data de los tiempos del gobernador Eliseo Jiménez Ruiz, el artículo 212 señalaba textualmente que “al que cometa peculado, se le aplicará de uno a quince años de prisión, multa de mil a cincuenta mil pesos, destitución de empleo o cargo e inhabilitación de dos a seis años para obtener otro”.
En tanto, el artículo 213 del mismo texto citaba que “comete el delito de peculado: todo empleado o funcionario encargado de un servicio público, del Estado, municipal o descentralizado, aunque sea en comisión o por tiempo limitado, que para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto el dinero, valores, fincas o cualquiera otra perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado o a algún particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa”.
Sin embargo ambos conceptos quedaron rebasados con la aprobación del decreto 1328 publicado en el Periódico Oficial del estado el 4 de Octubre del 2012, el cual tuvo que sufrir varias Fes de Erratas por diversas inconsistencias, que fueron subsanadas en la edición del 15 de Octubre del mismo año en el propio Extra.
Así, se abrió paso a la impunidad y al peculado en el estado de Oaxaca, ahora un paraíso donde los funcionarios, representantes populares y presidentes municipales cometen descarados actos de corrupción y exhiben las cuantiosas fortunas que han amasado en uno de los estados más pobres del país.
Considerado en el lugar número 10 de corrupción en la encuesta 2014 del INEGI, Oaxaca cuenta con leyes incoherentes, donde se considera delito grave y se castiga con cárcel, sin derecho a fianza, la Falsificación de Sellos, Llaves, Cuños, Troqueles y Marcas, entre otras cosas que afectan de manera individual a alguna persona.
Sin embargo, quienes incurren con toda intención de beneficiarse a través del Peculado, quienes saquean el erario público desde sus escritorios en perjuicio de miles de personas y exigen ser llamados por algún título profesional (licenciado, doctor, ingeniero etc.) pueden robar con todo descaro sin consecuencias mayores, como se ha visto en los últimos años.
A pesar de que hay iniciativas congeladas en diversas comisiones para regresar la gravedad al delito de Peculado y castigarlo de manera ejemplar, se han mantenido congeladas en las dos últimas legislaturas, mismas que generaron muchas expectativas tras la alternancia de partidos en el poder.

Pleito de Políticos; la
disputa por el poder

A pesar del descaro con el que se sigue cometiendo el delito de Peculado, en las altas esferas del poder se desató un pleito de acusaciones entre quienes antes comulgaban bajo el liderazgo del gobernador Gabino Cué, quienes ahora se disputan la sucesión de Gubernatura en las elecciones del año que entra.
Por una parte, el Senador por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, denuncia actos de corrupción por parte del operador político Jorge Castillo y de otros funcionarios públicos como el secretario de administración, Alberto Vargas Varela, pero evita la autocrítica y hablar de su fracaso como funcionario estatal, tanto en Oaxaca como Michoacán.
Al ser cuestionado sobre su participación como diputado para que el peculado fuera considerado como delito grave, el senador argumentó no recordar lo que dijo en la sesión del 8 de Agosto del 2012 y sólo recuerda que nunca dejó de opinar.
“Yo te ruego de verdad que te eches un clavado, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que dije pero no había tema que no dejaba de abordar, era el diputado que más subía a tribuna y siempre a denunciar sin temor alguno y hoy igual sin temor alguno hago lo que me toca”; expresó evitando hablar del tema.
Asimismo, el senador se lavó las manos del programa de Unidades Móviles que en el pasado sexenio fueron un éxito y que durante el periodo que estuvo en la Coordinación General de los Módulos de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado del 2011 al 2012 se fue al fracaso.
Dijo que no hubo el respaldo para trabajadores que operaban el programa, por lo que se optó por la desaparición, pero no evitó hablar de su responsabilidad al ser nombrado coordinador general de las mismas.
“Prefirieron la desaparición de esos programas y hoy andan abandonadas algunas, los presidentes municipales que fueron abusados, lograron recibir algunas en comodato, es una lástima que yo fuera el coordinador”, expresó.
Robles Montoya anunció que presentó una segunda denuncia, contra el Secretario de Administración Alberto Vargas, al igual que la que hizo contra Jorge Castillo, por corrupción, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito.
Dijo que Jorge Castillo, a través de las Cocinas Comunitarias se ha enriquecido, desconoce si la presidenta honoraria Mané Sánchez Cámara de Cué está siendo engañada o se está dejando engañar pues con ella “no se mete”.
Manifestó que Jorge Castillo opera mediante prestanombres para ocultar la verdad ante las autoridades, trabaja como lo hacen en la delincuencia organizada y no sólo en Oaxaca sino también en otros estados de la República.
Dijo que no duda que Jorge Castillo se encuentre involucrado en una de las líneas de investigación por el homicidio de Pérez Gavilán quien tenía conocimiento de los recursos que se desviaron en el sector salud.
Destacó que no serán las únicas denuncias las que presentará ante la Procuraduría General de la República, pues en cuanto tenga más pruebas sólidas lo hará en contra de otros con el fin de acabar con la corrupción en Oaxaca.
El senador por el Partido de la Revolución Democrática negó que sus denuncias por presunta corrupción en el actual gobierno tengan que ver con su interés por la gubernatura y pidió a periodistas “no desviar la atención”.
“Estoy seguro que si hubiera hecho esto meses después o antes, la misma pregunta hubiera surgido, la cosa es que tengo documentos que avalan lo que estoy diciendo, les pido no desviemos la atención, cuando haya que hablar de temas político lo haré, esto es un tema de defensa para que no haya más corrupción en Oaxaca”, dijo.

Muchos inhabilitados, pocos castigados

(pagina3.mx) Por lo menos 39 ex servidores públicos se encuentran en la lista negra de inhabilitados vigentes, entre los que sobresalen ex colaboradores de los ex gobernadores Ulises Ruiz Ortiz y José Murat Casab.
Sin embargo, solo Bulmaro Rito Salinas, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, se encuentra en prisión por el delito de peculado.
El Fiscal General de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, afirmó que están vigentes y pendientes de ejecución unas 10 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores de Ulises Ruiz Ortiz por un quebrando patrimonial de mas de cuatro mil millones de pesos.
En un documento en poder de APRO revela que los ex funcionarios públicos en el sexenio de Ulises Ruiz que se encuentran inhabilitados por 20 años se encuentran Armando Félix González Bernabé, ex director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca y ex Secretario de Obras Públicas y Ambrosio Vásquez Arango, ex director general de CAO.
Así como el ex director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González y Enrique Cuevas Gómez, ex subdirector de administración y finanzas del seguro popular.
Con 15 años de inhabilitación se encuentran el ex titular de Coplade, Bulmaro Rito Salinas, ex colaborador de José Murat y Ulises Ruiz Ortiz; así como el ex subsecretario de Egresos, Fernando González García.
Rito Salinas fue detenido el 10 de junio de 2014 con base a la orden de aprehensión 120/2014 del Juzgado Séptimo de lo Penal por el delito de peculado por un monto superior a los cuatro millones de pesos.
Le siguen Aarón Pérez Bautista, ex director general del seguro popular y Oscar Genaro García Ramírez, ex administrador de la Jurisdicción Sanitaria número seis “sierra” en los Servicios de Salud al ser inhabilitados con 14 años cada uno.
Cabe resaltar que Oscar Genaro fue detenido en junio de 2010 en cumplimiento de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, dentro del expediente 110/2010.
El ex funcionario se le acusa del delito de peculado por quebranto en perjuicio patrimonial de los SSO, por la cantidad de dos millones 838 mil 623 pesos.
Con 13 años de inhabilitación se encuentra Ernesto Pablo Mora Guzmán, subdirector administrativo en el Hospital Civil.
Y con 10 años de inhabilitación se encuentran Paul Christian Ramírez Puga, Rubén Pedrero Rodríguez y Micaela Guzmán Jiménez del Hospital de la Niñez.
Con 9 años inhabilitado se encuentra Víctor Hugo Santos León y con 8 años a María de Lourdes Salazar Osorio, Bernardete Rousse Mayor.
Con cinco años de inhabilitación se encuentran Agustín Pérez Reyes, Trinidad Velásquez Gómez, Pedro Martínez Cosme, Gonzalo Ignacio Cortés Flores y María Esperanza García Chiney.

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