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Por: Gildardo Mota
En México impera una consigna: usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Y es que mientras la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación despilfarran millonarios recursos por aparentar ante la ciudadanía el ser garantes del imperio de la justicia, la realidad es otra, cientos de víctimas de la guerra contra el crimen organizado, impulsada por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, nutren hoy los penales de alta seguridad en todo el país.
Una de esas historias corresponde a Luis Díaz Pantoja, empresario oaxaqueño quien desde 2005 padece el hostigamiento del sistema gubernamental en turno, su ingreso en la política partidista incomodó a grupos, “actores sociales” y funcionarios, su apellido para la PGR fue suficiente para vincularlo con actividades del crimen organizado a través de señalamientos endebles de dos testigos protegidos por el Gobierno del Felipe Calderón Hinojosa, hoy desaparecidos.
Actualmente, Luis Díaz Pantoja, al igual que sus hermanos Mario y Abraham, cumple dos años y once meses en calidad de indiciado en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, en espera del incidente de libertad, se le acusa, según el expediente 80/2010, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, estado de México, del delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.
Casualmente a un mes y una semana de que rindiera protesta como integrante de la LXII Legislatura Local en Oaxaca por el Partido Nueva Alianza, Luis Díaz Pantoja fue detenido el 9 de octubre de 2013 en la ciudad de México, junto con su hermano Mario, por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, hoy SEIDO.
Nueve años antes, Díaz Pantoja habría enfrentado el secuestro de su padre Jesús Díaz Parada, lo que derivaría en el acoso de los Gobiernos del Estado y Federal en turno, la indiferencia que mostraron las Procuradurías Estatal y General de la República al secuestro de Jesús Díaz Parada, obligaron a Luis a enviar una carta a la Presidencia de la República, su contenido causó malestar en Calderón Hinojosa, más tarde vendría la respuesta convertida en consigna.
El proceso judicial que se le instruye al empresario oaxaqueño presenta una serie de inconsistencias, pero previo al mismo existen interrogantes: ¿si para la PGR Luis Díaz Pantoja es un integrante del crimen organizado por qué no lo detuvo en plena campaña como candidato a diputado local por el PANAL?, ¿por qué la PGR fabricó una investigación desde 2010 en contra de Luis Díaz con testigos “protegidos” que hoy están desaparecidos (Paco y Pitufo)?, ¿por qué la PGR recurrió a la tortura para adquirir señalamientos en contra de Luis Díaz?.
El rostro que no quiere ver la PGR.
Impulsor de la educación, deporte y la preservación del ambiente, Luis Díaz Pantoja es originario del municipio de San Pedro Totolapam, es el tercero de siete hermanos, egresado en la especialidad de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Oaxaca, laboró en calidad de asesor del Instituto Estatal de Ecología y fue Director del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca en San Pedro Totolapam.
Su paso por el Instituto Estatal de Ecología lo motivan a conformar la agrupación ambiental Barro Jaguar, la cual se dedica a preservar especies de flora y fauna en peligro de extinción, paralelamente se avoca a promover el ciclismo de montaña y de ruta en la entidad, así como otras actividades deportivas.
Su cercanía con pobladores y trabajadores del sector de traslado de materiales, permitió a Díaz Pantoja suscribir un convenio con la minera Don David Gold S.A de C.V., la cual opera en la agencia de San José de Gracia, generando 800 empleos directos e indirectos, además del reparto de utilidades razonables entre la población, autoridad municipal y empresa.
En 2005, Díaz Pantoja impulsó el Movimiento Indígena Oaxaqueño, conformado por 17 comunidades indígenas de los distritos de Tlacolula y Ocotlán, gestionó la inversión de cerca de 20 millones de pesos para la construcción de diversas obras sociales, su labor incomodó a políticos y actores sociales, por lo que llegaron a cuestionar el origen del recurso económico.
Como producto de su trabajo en el Movimiento Indígena Oaxaqueño, Díaz Pantoja es electo presidente municipal de San Pedro Totolapam para el periodo 2005-2007, posteriormente es invitado por el Partido de la Revolución Democrática para ser candidato a diputado local por el distrito de Tlacolula-Yautepec, sin embargo, el secuestro de su padre, ocurrido en 2006, le obliga a desistir en sus aspiraciones político-partidistas.
Para 2010, Díaz Pantoja se hace cargo de la Sección 111 del Sindicato de Transportistas afiliado a la CTM, en 2011 promueve el desarrollo del Congreso Constitutivo de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el municipio de San Pedro Totolapam, esto pese a las amenazas que en su momento recibió del Gobernador Gabino Cué Monteagudo y de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE.
El respaldo que Díaz Pantoja concedió a favor de la reforma educativa le valió ser invitado por el Partido Nueva Alianza en calidad de candidato a la diputación local por la vía plurinominal, cuya representación consiguió al realizar campaña en todo el estado, pero no alcanza a rendir protesta al ser detenido el 7 de octubre de 2013 en la ciudad de México, por elementos de la SIEDO.
Durante su detención Díaz Pantoja es “paseado” por varias horas en una camioneta de la SIEDO, posteriormente es trasladado en un vuelo comercial a Hermosillo, Sonora, sus familiares desconocen de su paradero durante un día y medio, más tarde lo encuentran e inician la defensa legal en un proceso viciado de origen que cumple dos años con once meses.
Los testigos desparecidos
La detención de Luis Díaz Pantoja se deriva de señalamientos hechos por los testigos protegidos de nombres Salvador Puga Quintanilla y Jorge Luis Velásquez Sánchez, identificados con las claves “Pitufo” y “Paco”, respectivamente, el primero utilizado por la PGR en la integración de 400 averiguaciones previas relacionadas con el crimen organizado y el segundo, como instrumento de consigna en contra de presidentes municipales y funcionarios de Michoacán, ambos testigos se encuentran desaparecidos desde 2014.
De acuerdo a información difundida en ese año por medios de comunicación nacional, “el Pitufo” fue el testigo más utilizado durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, entre los casos más “sobresalientes”, que posteriormente se vinieron abajo por inconsistencias en sus declaraciones, está el de la “Operación Limpieza” en la que fueron detenidos siete altos mandos (el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal y el ex coordinador de Seguridad Regional de la PF, Javier Herrera Valles), seis mandos medios y 12 agentes.
Puga Quintanilla también fue el principal testigo colaborador en las investigaciones del llamado Michoacanazo (en el que fueron detenidos y luego absueltos 34 servidores y ex servidores públicos, entre ellos 12 presidentes municipales), en el caso de los generales acusados de nexos con el narcotráfico, Tomas Ángeles, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia Vargas; del entonces presidente municipal de Cancún, Quintana Roo, Gregorio Sánchez, así como en las acusaciones que pesan en contra del gobernador te Tamaulipas, Tomas Yarrington, por mencionar algunos.
Según los medios nacionales, Salvador Puga, detenido en septiembre de 2008, confesó haber pertenecido a Los Zetas, cuando era brazo armado del cártel del Golfo, posteriormente pasó a ser testigo protegido, entre otros beneficios contaba con protección federal y recibía mensualmente alrededor de 50 mil pesos, sin embargo, sus testimonios, al ser falsos, propiciaron la caída de sus denuncias.