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• Torturas, declaraciones y testigos falsos conforman la investigación instruida en contra del empresario de Oaxaca, y sus hermanos.
Por: Gildardo Mota
Pese a existir 22 testimonios contundentes que exhiben el viciado proceso judicial que se instruye en contra del empresario oaxaqueño, Luis Díaz Pantoja, por los supuestos delitos de delincuencia organizada y contra la salud, el también diputado local electo por el Partido Nueva Alianza cumplió el pasado 8 de octubre tres años de reclusión en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora.
Son seis pifias presentadas por el Ministerio Público ante el Poder Judicial Federal que carecen de valor ante las 22 pruebas que acreditan la inocencia de Luis Díaz Pantoja, las cuales se encuentran radicadas en el expediente penal 80/2010 del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México.
Las supuestas investigaciones realizadas por la PGR para acusar de los citados delitos a Luis Díaz Pantoja, así como a sus hermanos Mario y Abraham, se derivan: del dicho de dos testigos protegidos desaparecidos, de una llamada anónima, un informe en donde manifiestan haber visto hombres armados sin realizar intervención alguna para supuestamente no entorpecer investigaciones, cateos en propiedades de la familia Díaz Pantoja, en los cuales nunca se encontró armas, drogas o personas que corroboraran lo dicho por los agentes ministeriales.
De igual forma, se recurrió a la tortura, pues la detención de Díaz Pantoja se desprendió de la declaración de su cuñada, Emilia Altamirano Díaz, quien fue torturada y obligada a firmar documentación de la cual desconocía su contenido.
Existe también una declaración del testigo protegido “Paco”, de nombre Jorge Luis Velásquez Sánchez, de quien la Procuraduría General de la República ya notificó a un Juez Federal que fue sustraído de su domicilio y que le es imposible presentarlo como parte en los procesos, asimismo se descubrió que el citado testigo cuando fue contratado se identificó con documentos falsos ante el Ministerio Público Federal.
Por parte de la PGR también se utiliza la declaración del testigo protegido “Pitufo”, de nombre José Salvador Puga Quintanilla, quien ha declarado en cientos de expedientes como en los casos de los ex gobernadores priístas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, así como del ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez, y Javier Herrera Valles, ex Comisionado de la Policía Federal, por citar algunos; actualmente, la PGR informó que dicha persona dejó de pertenecer al programa de testigos protegidos.
Las pruebas que derriban las pifias.
Dentro de las 22 pruebas que acreditan la inocencia de Luis Díaz Pantoja, y de sus hermanos, se encuentran al menos 10 que de entrada derriban las acusaciones y evidencian un trasfondo de consigna política en el caso.
A las testimoniales de buena conducta se agrega una copia certificada de la averiguación previa PGR/SIEDO/234/2008, donde se acredita que el testigo protegido “Pitufo” estuvo preso por portación de arma de fuego en el Estado de México, esto durante las fechas que refiere haberse reunido con los hermanos Díaz Pantoja en el estado de Oaxaca.
Se añade también en este conjunto de testimonios, una documental pública expedida por la Directora de Procesos Contenciosos Penales y Laborales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde hace constar que no existen brechas de camino que comuniquen a los municipios de Escárcega, Estado de Tabasco y San Pedro Totolapam, Estado de Oaxaca, ni brechas que comuniquen a éste último con la capital oaxaqueña.
La anterior documental desmiente lo dicho por los testigos protegidos, quienes señalan que se trasladaban por brechas en el Estado de Oaxaca y tomaban caminos de terracería entre las mencionadas poblaciones.
Se encuentra una documental expedida por la SCT en la que hace constar que Escárcega es una comunidad perteneciente a Tabasco y que el número de comunidades que se hallan entre este municipio y San Pedro Totolapam es de aproximadamente 33 localidades, con lo que se desvirtúa la declaración del testigo protegido “Pitufo”, quien dice que Escárgega se encuentra en la frontera con Chiapas y que recorría de 10 a 15 comunidades para llegar a San Pedro Totolapam, sin poder mencionar por lo menos una.
Durante la aplicación del Protocolo de Estambul, emitido por la Psicóloga Isabel Mariana Acuña Vásquez, adscrita en la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que la declaración emitida por Emilia Altamirano Díaz se realizó bajo violencia psicológica.
En su opinión, la funcionaria de la CNDH establece: “Considero que el estrés postraumático crónico, depresión moderada y ansiedad psíquica grave y la ansiedad somática leve, se deben en mayor medida a los malos tratos psicológicos que dice fue objeto durante la intrusión de la policía, agentes y militares a su casa, el interrogatorio y estancia en la PGR y que se han mantenido por la desintegración de su red de apoyo.
Se encuentra igualmente una copia certificada que contiene la medida cautelar de arraigo 30/2008 decretada a los indiciados José Salvador Puga Quintanilla (a) “El Gordo” y Javier Eduardo Barrón (a) “El Arqui”, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la cual se corrobora la calidad de inculpado que tenía el testigo protegido “Pitufo”, de tales circunstancias se observa que se inició en su contra la averiguación PGR/SIEDO/UEIS/234/2008 por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delitos contra la salud.
A los anteriores testimonios a favor de la inocencia de Díaz Pantoja, se ubica una pericial antropométrica realizada por el perito particular Jorge Alberto Ramírez Martínez, donde hace constar que las características físicas del procesado no corresponden a las que describen los testigos protegidos (Pitufo y Paco).
Por lo que respecta a José Luis Velásquez Sánchez, testigo protegido “Paco”, en la diligencia de ampliación de declaración que se desahogó el 24 de febrero de 2011, se identificó con la licencia para conducir con número de folio 450000023852 expedida por la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado de México, la cual resultó ser un documento falso, ya que de acuerdo a la información remitida por la misma dependencia, ese mismo número de folio corresponde a favor de Félix Albino Cortés Rodríguez.
El oficio DGA/410/280/2012 de fecha 29 de noviembre de 2012, suscrito por el Director General adjunto del Registro de Población de la Secretaría de Gobernación, Oscar Víctor Juárez Olaguez, reveló que no se localizó el registro de José Luis Velásquez Sánchez en la base de datos nacional de la clave única de registro poblacional.
Se encuentran también oficios de la PGR donde informa de la desaparición de los testigos protegidos “Pitufo” y “Paco”, así como de la inexistencia de expedientes y/o registro alguno de los citados testigos.
Otra documental importante son copias certificadas de las declaraciones de los testigos protegidos “Pitufo” y “Paco” de fechas 20 y 21 de octubre de 2010 en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0011/2007, en cuyas declaraciones los testigos señalan a una persona de apellido Díaz Escamilla a quien refieren como el jefe de los “Z” en Oaxaca, y no a Luis Díaz Pantoja, como lo manifestaron dichos testigos en sus primeras declaraciones.
A lo anterior se agregan las copias certificadas del proceso penal 68/2010 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, así como el toca penal número 591/2011 dictado por la Magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, en donde revoca la sentencia condenatoria apelada de fecha 27 de septiembre de 2011, y se absuelve a la procesada Emilia Altamirano Díaz por los delitos de posesión de armas y cartuchos de fuego de uso exclusivo del Ejército.
De entre estos testimonios se observa un documento firmado por el ex Diputado Local, Flavio Sosa Villavicencio, en donde manifiesta que nunca tuvo relación alguna ni financiamiento alguno por parte de las familias Díaz Pantoja o Díaz Parada para mantener el movimiento de protesta Social, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, lo que también echa por el suelo la declaración de los testigos protegidos, quienes afirman que la familia Díaz Pantoja financió el citado movimiento social.

La referencia.
El primero de septiembre de 2010, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, liberó una orden de aprehensión en contra de los hermanos Mario, Luis y Abraham Díaz Pantoja, el 8 de octubre de 2013 se dio cumplimiento a la citada orden en contra de Luis Díaz Pantoja, formándose la causa penal 80/2010-III por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Se dicta auto de formal prisión el 18 de octubre de 2013 por parte del Juez Federal de Hermosillo, Sonora, sin conocer del caso, y del Distrito Federal le envían el proyecto sólo para firma, por lo que se desprende que dicho funcionario federal actuó por consigna.
Por lo que se interpone el recurso de apelación, sin embargo, éste fue confirmado, por lo que Luis Díaz Pantoja presentó amparo indirecto a efecto de que se suspendiera el procedimiento y se ordenara su inmediata libertad, ya que había sido electo Diputado Local y tenía en su poder la constancia que lo acreditaba como tal, por lo que apeló al fuero constitucional, dicho amparo fue resuelto negándole la protección de la justicia federal.
Actualmente, el Diputado Local electo del PANAL, Luis Díaz Pantoja cumplió tres años de preso en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora.