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* Necesario un marco jurídico y organismos eficaces para castigar este flagelo, admiten grupos parlamentarios en la Legislatura local.

José Luis Sarmiento Gutiérrez

Con un marco legal deficiente y organismos fiscalizadores incapaces, carentes de herramientas para realizar su trabajo, la corrupción se ha convertido en uno de los principales flagelos políticos, sociales y económicos en Oaxaca, donde los escándalos por saqueos, desfalcos y endeudamientos trascienden fronteras sin que haya ningún funcionario público ni autoridad municipal, delincuentes de cuello blanco, que reciban su merecido.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción que se conmemora el 9 de Diciembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que dicha práctica se ha vuelto corrosiva y delictiva:
“La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que constituye nuestro plan para poner fin a la pobreza y asegurar una vida digna para todos, reconoce la necesidad de luchar contra la corrupción en todos sus aspectos y pide una reducción significativa de los flujos financieros ilícitos y la recuperación de los activos robados”.
La corrupción, señala el organismo mundial, tiene consecuencias desastrosas en el desarrollo cuando los fondos que deben destinarse a las escuelas, las clínicas de salud y otros servicios públicos esenciales se desvían y se ponen en manos de delincuentes o de funcionarios deshonestos.
“La corrupción exacerba la violencia y la inseguridad y puede conducir al descontento con las instituciones públicas, al desencanto con el gobierno en general y a espirales de ira y disturbios”, resalta un texto difundido por la ONU con motivo de esta importante fecha.

Oaxaca, estado de Corrupción

Gracias a sus gobernantes, representantes populares, autoridades municipales y funcionarios públicos, el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en materia de corrupción e impunidad, por lo que los grupos parlamentarios en la Legislatura local enfocan ya sus primeros esfuerzos en cambiar el andamiaje jurídico, para que el Peculado sea considerado un delito grave y se castigue a cabalidad.
Y es que en el mes de agosto de 2010, luego de que el PRI perdiera la Gubernatura, el entonces gobernador Ulises Ruiz envió una iniciativa al poder legislativo para quitarle la gravedad al delito de peculado, lo que abrió las puertas a la corrupción y la impunidad; el texto fue aprobado por la aplanadora priísta y los llamados mini-partidos.
Más tarde y pese a sus discursos mesiánicos, el gobernador Gabino Cué dejó la ley tal cual y permitió que una pandilla de allegados cometiera el peor desfalco a las arcas de Oaxaca en la historia, cobijados en leyes deficientes y organismos fiscalizadores también corrompidos, que han servido como “tapadera” de esta bola ladrones en los últimos años.
Ante esta situación, la diputada María de Las Nieves García Fernández, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que ya se preparan iniciativas anti-corrupción como una de las principales demandas de las y los oaxaqueños en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Con un marco constitucional aprobado a nivel federal y siete leyes secundarias anti-corrupción, la legisladora sostuvo que en Oaxaca hace falta crear un sistema estatal que combata dicho ilícito y homologar su marco jurídico, que dote de facultades eficientes a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Contraloría, organismos considerados cómplices y tapaderas de la corrupción.
“No tienen dientes, se los vamos a poner”, dejó en claro líder parlamentaria, tras poner en marcha acciones para limpiar también el poder legislativo, que se ha podrido en escándalos monetarios.
La revisión a la Tesorería –que operaba para intereses de los coordinadores– y la rendición de cuentas claras, servirán para transparentar el actuar de las y los legisladores locales, añadió.
“Estaremos muy pendientes de que las instancias fiscalizadoras hagan su trabajo”, el peculado tiene que ser delito grave, reconoció.

Legislativo Corrupto

En tanto el presidente de la junta de coordinación política en la LXIII Legislatura local, Irineo Molina Espinoza, reconoció que se tiene que “poner orden en casa” para que las y los diputados locales tengan calidad moral para exigir al ejecutivo y a las autoridades municipales que cumplan con las medidas de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
“Son temas muy complejos, una tarea muy grande que nos deja la anterior legislatura por todos los vicios que cometieron antes de terminar su periodo constitucional y lo que estamos haciendo en primera instancia es poner orden en casa”, manifestó a este medio el también coordinador de la bancada de MORENA.
“Oaxaca es sinónimo de corrupción, Oaxaca es sinónimo de conflictos y mientras no hagamos algo desde la Cámara de Diputados vamos a seguir igual; “debemos empezar por casa para tener calidad moral para poder juzgar a los representantes de los otros poderes y de las otras instancias”.
El combate a la corrupción y el manejo transparente de los recursos del Congreso serán el primer paso para poder llegar al actuar del ejecutivo, adelantó. Y dijo que es imprescindible fortalecer los Órganos de control interno y fiscalización de los Poderes del Estado, los Órganos Autónomos y los Ayuntamientos.
En ese sentido, agregó, promoveremos la práctica de auditorías financieras y evaluaciones al desempeño administrativo, así como reformas y adiciones legales con el objeto de que los procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos, sea garante de la transparencia y la rendición de cuentas, pero principalmente eficaz en el combate a la corrupción y la ilegalidad, porque los servidores públicos deben conducirse de manera permanente con estricta ética.

Sistema anti-corrupción autónomo: PRD

A nombre de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Antonio Mendoza, se pronunció por un sistema estatal anticorrupción autónomo cuyo titular no sea nombrado por el mismo ejecutivo, que pueda generar certeza y confianza hacia la ciudadanía y todos los órganos de gobierno.
Medios de comunicación, periodistas, cámaras de comercio, asociaciones civiles, organizaciones sociales y representantes de todos los sectores deben participar en la creación del sistema anti-corrupción, para transformar los organismos fiscalizadores que han resultado una verdadera burla y se han integrado también por personajes corruptos.
“Vamos a legislar en estos dos años de periodo legislativo para dotar de todas las herramientas legales a las instancias de transparencia y rendición de cuentas para que puedan sancionar a los funcionarios y autoridades municipales que incurran en actos de corrupción”, advirtió el vice-coordinador de los diputados perredistas.
Ante un poder legislativo podrido también de corrupción durante las últimas legislaturas, opinó que se tiene que hacer un saneamiento en casa por los desvíos que se han hecho en el Congreso y las peleas de los coordinadores parlamentarios en busca no de iniciativas ni leyes, sino de los recursos públicos.

Corrupción cotidiana en Oaxaca: PAN

En su oportunidad, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, se pronunció por organismos legales eficaces, “el desvío de recursos ha sido una práctica cotidiana de los funcionarios públicos, lo cual es muy lamentable y por e4so pugnamos por mayor transparencia y rendición de cuentas”.
Se tienen que implementar mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, “el delito de Peculado en el estado es considerado como no grave, lo cual permite la evasión de la justicia y el no encarcelamiento”, destacó el panista.
“Vamos por una reforma para que este delito se tipifique como grave y a quienes se les encuentre responsables de la comisión de este tengan que pagar su responsabilidad sin derecho a fianza”.
En un estado como Oaxaca, donde nunca se ha castigado a ningún político corrupto, se tiene que homologar y adecuar la Ley.
“No basta con un marco legal rígido ni estricto, se requiere también de la sensibilidad y la disposición de los organismos que las aplican, porque hay muchas leyes pero no se han aterrizado en los hechos”, estimó Juan Mendoza.
Acusó a la anterior legislatura también de haberse enfrascado en la corrupción:
“Se ha sentado un precedente que lastima a la sociedad pero que además nos avergüenza a los legisladores. Hoy tenemos la gran encomienda de hacer las cosas diferentes…”

Corrupción con patente: PT

En entrevista, el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López, criticó que en Oaxaca la corrupción tiene patente debido a la impunidad, que permite a los funcionarios incurrir en Peculado a sabiendas de que no habrá ninguna consecuencia.
“Mientras no haya señales, leyes y sobretodo acciones de los gobiernos y los órganos de procuración de justicia, de llevar a la cárcel a quienes cometen actos de corrupción, el fenómeno seguirá creciendo y será latente en todas las instituciones”.
El círculo de la corrupción, insistió, está fundado en la impunidad, en el dicho mexicano de “Chinto tapa Chinto”.
El PT habrá de impulsar una ley anti-corrupción en Oaxaca, explicó.
“El gobierno de Alejandro Murat no puede cerrar los ojos ante la corrupción de Gabino Cué y debe actuar, no como venganza política o personal hacia alguien, sino porque en verdad hubo un saqueo muy grave en Oaxaca y si eso queda impune en el actual sexenio también va a pasar. Por los siglos de los siglos Oaxaca seguirá siempre pobre y tendremos ricos sexenales, eso lo debemos detener”.
En las últimas semanas, las dirigencias de los partidos (PAN, PRD, PT) que postularon a Gabino Cué, han solicitado castigo a los actos de corrupción y han dado el voto de confianza a Alejandro Murat para que no quede impune el saqueo histórico que ha vivido el estado de Oaxaca en los últimos seis años y en los sexenios anteriores.

México, país Corrupto

De acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones. En el espejo de la corrupción nos vemos igual que Kosovo, Mali, Filipinas y Albania. Del comparativo con los países miembros de la OCDE mejor no hablamos; en la tradición nacional, que existan 71 países peor evaluados es mediana conquista.
El enorme problema es que a pesar de la generosidad del ranking, ser el país más corrupto del mundo no nos suena difícil, pues estamos acostumbrados al argumento. Solemos percibir a la corrupción como un mal endémico, tan nuestro como la sangre mestiza y tan arraigado como el consumo de maíz. Por tanto, tan endémico como inmutable; una realidad tan cierta que cuestionarla, confrontarla, resulta inútil.
A esta percepción se suma el valor positivo de la corrupción como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen. La sanción social a las prácticas de corrupción es inexistente. Por el contrario, se alientan y encomian: el que da una “mordida” o consigue un contrato a través de prebendas, es hábil, tiene “colmillo”, sabe su negocio.
Por eso es que dentro del inmenso catálogo de problemas nacionales, la corrupción no pinta. Es tan inherente al paisaje que atacarla parece ocioso. Sólo así se entiende que la Comisión Nacional Anticorrupción siga en el tintero, y el titular de la Secretaría de la Función Pública sea un encargado del despacho.
Por décadas hemos atribuido el bajo crecimiento económico –no sin razón– a la ausencia de reformas económicas como las que a nivel constitucional, se aprobaron en 2013. Sin embargo, una vez aprobada la legislación secundaria de cada reforma, saldrá a flote el enorme dique que para la inversión privada representa la corrupción. Corrupción traducida en falta de seguridad jurídica, en el encarecimiento de cada trámite o contrato, en los costos de producción y en la rentabilidad de las empresas.
Si tomamos en cuenta las estimaciones del Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México 9% del PIB cada año, es decir, dos puntos más que la fortuna de Carlos Slim. Si preferimos las estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la cifra alcanza el 20% del PIB, en otras palabras, la quinta parte de lo que producimos se diluye, filtra y trasmina en corruptelas. (Forbes México)

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