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Por: Gildardo Mota
Por usurpar funciones, falsificar documentos y utilizar las figuras del Comisariado Comunal y del Consejo de Vigilancia de San Pedro Mixtepec para realizar millonarios negocios, los supuestos representantes de comuneros que asumieron tales figuras en los últimos 21 años podrían ir a prisión, esto luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca dejara insubsistente la Resolución Presidencial del 15 de julio de 1966 que reconocía y titulaba los Bienes Comunales del citado municipio.
Lo anterior reveló el abogado de un grupo de posesionarios de San Pedro Mixtepec, Gregorio Cruz Lucas, quien reafirmó que este municipio como autoridad agraria no existe jurídica y socialmente, ya que su Resolución Presidencial se concedió mediante un acto político y no como una acción jurídica-agraria.
Agregó que muchas de las Resoluciones Presidenciales se realizaron durante el periodo del Gobierno Federal de Gustavo Díaz Ordaz, por lo que una gran cantidad de municipios de Oaxaca, se encuentran en similar situación a la de San Pedro Mixtepec.
Por lo pronto, los supuestos Comisariados Ejidales que han operado desde el 3 de noviembre de 1995, fecha en la que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito confirmó la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito, habrían obtenido en forma ilegal ingresos superiores a los 250 millones de pesos por la extensión de constancias de posesión y deslindes de al menos 10 mil predios.
A lo anterior se suma el control de los recursos provenientes de programas federales como el PROCAMPO que aún mantienen los falsos representantes de comuneros, por lo que de acuerdo a declaración del abogado de los posesionarios, éstos deberán devolver el dinero que indebidamente cobraron.
Cruz Lucas consideró que las autoridades federales actuaron en forma irresponsable al conceder Resoluciones Presidenciales con carácter político y no con sentido jurídico-agrario, asimismo sostuvo que las autoridades estatales incurrieron en opacidad, ya que esto sólo dio pauta para la creación de conflictos sociales-agrarios.
Las autoridades federales agrarias inexplicablemente no han conformado un programa o proyecto de revisión de todas las documentales de posesión de tierras que tienen las comunidades de Oaxaca, omitiendo de esta forma las obligaciones de regular, revisar y dictaminar con respecto a la tenencia de la tierra, agregó Cruz Lucas.