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• Estas prácticas se han generalizado alarmantemente en todo México.
• Han aumentado las denuncias por abuso de la fuerza pública.
• fundamental prevenir estos casos, se trata de una grave violación a la
dignidad.
• Urgente aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar
la Tortura.

Es alarmante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país,
sobre todo en los casos registrados por desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales y tortura, aseveró el diputado Francisco
Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Destacó que los grandes flagelos sociales que no permiten avanzar de
mejor forma al país son los altos índices de inseguridad y no tener
acceso a la justicia, aunado a la alta impunidad que se registra desde
hace varios años.

Recordó que la tortura es generalizada en México. Se trata de un
fenómeno complejo que se ha recrudecido derivado de una difícil
situación de seguridad pública. “Hay registro de que ocurre
primordialmente durante la detención, pero en altos índices se da
durante la puesta a disposición de la justicia de las personas”.

El coordinador de los diputados del PRD expresó que han aumentado las
denuncias por abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y
contra periodistas o defensores de derechos humanos, “cuestión que no
debe tolerarse”.

Cabe destacar que la militarización de la seguridad pública se mantiene
como estrategia, “más de 32 mil militares aún cumplen tareas propias de
corporaciones de seguridad, lamentablemente entre diciembre de 2012 y
julio de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió
mil 148 quejas por violaciones atribuibles sólo a las Fuerzas Armadas”.

Ante este panorama, el legislador señaló que es fundamental prevenir
casos de tortura en México, ya que se trata de una grave violación a la
dignidad y a los Derechos Humanos. “Por ello, es urgente aprobar la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Explicó que con las modificaciones se establecerá de mejor manera la
distribución de competencias y la forma de coordinación entre las
autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar,
juzgar y sancionar el delito de tortura y el de tratos crueles,
inhumanos y degradantes.

El perredista oaxaqueño afirmó que con este ordenamiento se pretende
definir que su persecución se haga de oficio. “Este marco legal busca
castigar la tortura de forma más amplia y también tiene un enfoque
preciso para la prevención de este tipo de delitos”.

Destacó que la erradicación de estas prácticas deleznables no es tarea
fácil, aún falta mucho para lograr que este fenómeno sea extirpado en
todos los ámbitos sociales, especialmente en las fuerzas militares y de
seguridad.

“Es deber del Estado impulsar políticas de control independiente sobre
los órganos encargados de hacer cumplir la ley, revisar periódicamente
sus prácticas, así como educar a sus integrantes en la prohibición de la
tortura”, acotó.