IMG_4417

Por: Gildardo Mota
Mediante presión política 41 aviadores que fueron recomendados por la LXII Legislatura Local a través del que fuera Presidente de la Junta de Coordinación Política y también diputado local del PAN, Gerardo García Henestroza, exigen a instancias del Poder Ejecutivo les sean reconocidos sus derechos laborales, así como sus respectivos nombramientos como empleados de base y de confianza.
En el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer, este martes un documento en el cual no se citan los nombres de supuestas trabajadoras inconformes que “laboran” en la Cámara de Diputados, se hizo llegar a la Presidencia del DIF Estatal, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género y la Secretaría Técnica del Consejo Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de Género contra las Mujeres.
Los supuestos empleados inconformes en el escrito manifiestan que se están violando sus derechos laborales y humanos por parte de los diputados Irineo Molina Espinoza, Carol Antonio Altamirano, María de las Nieves García Fernández, Juan Mendoza Reyes y José de Jesús Romero, integrantes de la JUCOPO de la LXIII Legislatura Local, al tiempo de asegurar que mediante un acuerdo desconocen los nombramientos laborales que les otorgó el entonces presidente de la JUCOPO de la LXII Legislatura Local, Gerardo García Henestroza.
En el mismo documento las trabajadoras inconformes manifiestan que son hostigadas laboralmente y que sufren violencia de género por la JUCOPO a través del Director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Iván Fuentes de los Santos, quien efectuó en forma extemporánea, sostienen, el pago de la segunda quincena de febrero del año en curso, así como informarles que sería el último recurso económico que recibirían del Poder Legislativo.
Las inconformes, en el mismo escrito, solicitan a las citadas instancias del Poder Ejecutivo su apoyo e intervención para revocar el acuerdo de la JUCOPO de la LXIII Legislatura Local y terminar con el hostigamiento laboral que padecen, pues afirman ser mujeres y madres que trabajan para sostener a sus familias.
El mismo martes, el diputado local del PAN e integrante de la LXIII Legislatura Local, Juan Mendoza Reyes, mediante otro escrito sostuvo que en forma irregular un grupo de empleados y empleadas, amigos y familiares del que fuera diputado local, Gerardo García Henestroza, intentaron ostentar documentos de suspuestos nombramientos para ocupar plazas sindicales sin el respaldo presupuestal ni estructura laboral que amerita.
Refiere que dichos “empleados” no asistían a laborar en los días y horarios correspondientes, a quienes identificaron como aviadores y aviadoras, ya que pretendían cobrar un sueldo por un trabajo que no realizaban, por lo que en el escrito asegura que no se trata de un asunto de género, como se intentan engañar a la opinión pública, pues en la lista de recomendados aparecen personas del sexo masculino.
A continuación se reproduce el documento enviado por el diputado del PAN, Juan Mendoza Reyes:
Como es de su conocimiento, en los últimos días de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, de forma irregular un grupo de empleados y empleadas, amigos y familiares del diputado Gerardo Henestroza, intentaron ostentar documentos de supuestos nombramientos para ocupar plazas sindicales, sin el respaldo presupuestal ni estructura laboral, que amerita.
A la forma irregular con la que se expidieron y que por lo tanto los hacen inválidos, se sumaron las denuncias de los propios trabajadores y trabajadoras sindicalizados, quienes denunciaron ante los y las legisladoras integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de manera oportuna que dichos empleados no asistían en los días y horarios correspondientes, es decir los denominaban “aviadores y aviadoras”, pues pretendían cobrar un sueldo por un trabajo que no realizaban.
De manera que no se trata de un asunto de género, como se intenta engañar a la opinión pública, pues en la lista figuran personas del sexo masculino, sino que se trata de un tema estrictamente de orden laboral, donde un grupo de personas carecen de los requisitos para ocupar plazas sindicales.
Consideramos que la LXIII Legislatura del Estado, no puede permitir que se cometan actos ilegales que atenten contra el erario público, y que se pretenda a fuerza del chantaje, obligar al Congreso del Estado a pagar recursos públicos a un grupo de personas que no quieren trabajar sino solo cobrar, en contra también de la vida institucional de la delegación del sindicato de trabajadores al servicio de los Tres Poderes del Estado, porque autorizar dichos puestos, sería tanto como rebasar su autonomía y su vida interna.
Consideramos que ese grupo de personas debe remitir sus consideraciones a quien otorgó de manera ilegal dichos nombramientos.
En todo caso, pueden recurrir ante las instancias legales que consideren pertinentes, para resolver sus dudas y aclarar cualquier situación.
Cabe recordar, que además el cargo del último Presidente de la Junta de Coordinación Política, de la LXII Legislatura estatal, se encuentra en litigio, ante los tribunales federales, ante las dudas que prevalecen sobre su nombramiento, lo que de confirmarse ratificará que su actuación adicionalmente fue invalida.
Confiamos que incluso la intervención de un árbitro puede dar las garantías para que las personas que se dicen afectadas tengan la confianza de que sus derechos serán preservados y en todo caso la resolución será de un tercero imparcial.
No obstante, ratificamos que estamos seguros que el derecho nos asiste y que la entidad no tiene la capacidad presupuestal para pagar caprichos o arrebatos, que pueden ser resultado del desconocimiento y mala fe de personajes políticos que se niegan a aceptar que los tiempos han cambiado.
El 20 de enero del año en curso, este periodista publicó en diversos medios informativos la nota en donde se revela el tráfico de plazas y nombramientos laborales en la Cámara de Diputados, precisamente en la recta final del tercer ejercicio de la LXII Legislatura Local, a continuación se reproduce el trabajo periodístico.
Diputados de los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y del Movimiento de Regeneración Nacional , así como el entonces Tesorero, Mauro Alberto Sánchez Hernández y la Directora de Recursos Humanos, Cinthia Zárate Ríos, todos ellos integrantes de la LXII Legislatura Local habrían concedido bases laborales a once de sus recomendados y treinta nombramientos de confianza por un monto superior a los 800 mil pesos, situación que ha irritado a integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal adscritos a la Cámara de Diputados.
Los diputados que traficaron con bases laborales para beneficiar a sus recomendados, son: Gerardo García Henestroza (PAN), Ericel Gómez Nucamendi (PMC y propietario del Diario Noticias), Alejandro Avilés Álvarez (PRI y actual Secretario General de Gobierno) y Félix Serrano Toledo (MORENA), a quienes se agrega el entonces Tesorero, Mauro Alberto Sánchez Hernández y la Directora de Recursos Humanos, Cinthia Zárate Ríos, funcionaria impuesta por el diputado del PAN, Gerardo García Henestroza.
Los recomendados que recibieron base, son: Luis Santiago, nivel 13 C, asesor de Ericel Gómez Nucamendi; Roselia Aguirre Madrigal, nivel 13 C, colaboradora de Gerardo García Henestroza; Floriberto Velasco Contreras, nivel 12 A, Fátima Hernández Olmos, nivel 12 A y Yanet Magaly Martínez Cruz, nivel 12 A, estos tres últimos pertenecientes a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados quienes se coludieron en acciones irregulares orquestadas por Gerardo García Henestroza, las bases fueron su pago.
Se añaden, Ernesto Silva Santiago, nivel 10 C y Darinel Hernández Domínguez, nivel 13 C, ambos recomendados por Félix Serrano Toledo, actual presidente municipal de Ciudad Ixtepec por MORENA; Ana Karen Pérez Quiñonez, nivel 10 A y Soledad Estefani Martínez Manuel, nivel 10 A, ambas recomendadas de Alejandro Avilés Álvarez, actual Secretario General de Gobierno, así como Leovigilda Sánchez Hernández, nivel 13 C y Margarita Juana Flores Narváez, nivel 13 C, la primera hermana del entonces Tesorero, Mauro Alberto Sánchez Hernández, y la segunda su incondicional en el manejo del dinero de la Cámara de Diputados.
Pero durante la LXII Legislatura Local no sólo se traficó con bases de trabajo, sino también con treinta nombramientos de confianza que también se concedieron a recomendados por un monto de 800 mil pesos, entre ellos el que concedió la Directora de Recursos Humanos, Cinthia Zárate Ríos a su hermana Carolina, ambas protegidas y cómplices de actos de corrupción cometidos por el entonces diputado del PAN, Gerardo García Henestroza.
Los nombramientos de confianza que fueron otorgados en forma irregular en el último año de la LXII Legislatura Local, cuya Junta de Coordinación Política encabezó el panista, Gerardo García Henestroza, son: Anaya Pombo Sandy Victoria, Bravo Silva Rubí Alejandra, Cabrera Bustamante Alejandra, Cabrera García Fabiola, Carmona Marín Estefanía , Cisneros Marín Juan Yesica, Fachada Salinas Mario César, Fajardo Martínez Gabriel Raymundo, García Hernández Pilar Dalila, Gómez Morán Brenda, Gutiérrez Gutiérrez Pijy Edith, Jiménez Ramírez Gabriela Itzel, Jiménez Valencia Azalea, López Cruz Violeta Maribel, López Villareal Germán, Manuel Ríos María Eugenia, Manzo Ramos Cruz Elena, Martínez Ramírez Alejandro, Mayoral Gómez Joaquín de Jesús, Riaño Vargas Nelly, Ruiz López Adany Sofía, Silva Santiago Cinthia Itzel, Toledo Méndez Francisco, Velasco Contreras Adán, Velasco Hernández Gabriel, Velasco Chi Norma Leticia, Martínez Avilés Ivo, Torres Judith, Rodríguez Reyes Yazmín Yedid y Zárate Ríos Carolina.
Cabe citar que Carolina Zárate Ríos hermana de quien fuera Directora de Recursos Humanos, Cinthia, además de su nombramiento de confianza fue beneficiada con una compensación mensual de 17 mil pesos mensuales, más su sueldo quincenal superior a los cinco mil pesos.
Así, mientras en la Cámara de Diputados existen trabajadores con antigüedad de más de cinco años que no han sido apoyados con contratos de base, durante la LXII Legislatura Local, mediante el tráfico de influencias en que incurrieron diputados sin escrúpulos, como el caso del panista, Gerardo García Henestroza, se benefició a chóferes, amigos (a) y amantes, con nombramientos de confianza y bases laborales.