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 Durante la Presentación Magistral “El Derecho a un Medio Ambiente Sano y la Agenda 2030”, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, reconoció que la distancia entre la normatividad ambiental y su aplicación efectiva aún es considerable.

 Expresó el imperativo de defender la cooperación internacional en materia ambiental, ante decisiones políticas de países que optan por negar la importancia de atender problemáticas apremiantes como el cambio climático.

Con el propósito de sumar esfuerzos para afrontar los retos de la protección del derecho a un medio ambiente sano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) co-organizó, en conjunto con la Coordinación de Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Social y de Energía, así como con la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Foro El Derecho a un Medio Ambiente Sano en México a 100 años de la Constitución, mismo que se llevó a cabo el jueves 22 de junio en el Aula Magna San Ignacio de Loyola en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Al acto inaugural asistieron también el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana; el Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (SENER); el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); el Lic. Édgar Ramírez Medina, Director General de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Dra. Vanessa Pérez-Cirera, Coordinadora de Investigación en Medio Ambiente del EQUIDE. En dicho acto y durante su Presentación Magistral, Luis Raúl González Pérez destacó la evolución del derecho internacional y constitucional en materia de protección al medio ambiente; sin embargo, en ese contexto también resaltó que la brecha entre el mandato escrito y su cumplimiento aún continúa siendo significativa. Muestra de ello, citó cifras de las bases técnico metodológicas propuestas por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, sobre los indicadores de cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano, que indican que desde 1993 a la fecha, se evidencia una disminución en la superficie del país cubierta por bosques y selvas; también, una degradación ambiental de casi el 45% del territorio; del 2000 al 2012, la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, como consecuencia de la mala calidad del aire; y que solo 117 de los 2,456 municipios del país, realizan tratamiento de sus residuos sólidos. Asimismo, hizo un respetuoso llamado a defender y no permitir que la cooperación internacional en materia ambiental se debilite como consecuencia de decisiones que algunos países han adoptado a causa de falsos nacionalismos, los cuales soslayan la importancia de las acciones globales para combatir fenómenos que amenazan la dignidad humana, como lo es el cambio climático, refiriéndose en específico a las recientes determinaciones de las autoridades norteamericanas. Alejandro Guevara Sanguinés, por su parte, se refirió a las connotaciones del “desarrollo sostenible” y su vínculo con el concepto de justicia intra- e intergeneracional. Al respecto, dijo que la preservación del medio ambiente es conducente al bienestar y un adecuado nivel de vida tanto de las generaciones presentes como de las futuras. En el contexto del sector energético, Leonardo Beltrán Rodríguez, destacó que avanzar hacia la sostenibilidad no solo promueve la preservación ambiental, sino también representa una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país.

Rodolfo Lacy Tamayo subrayó que, para poder acceder a un medio ambiente sano, es necesario medir su calidad a través del monitoreo de contaminantes. Para ello, dijo, se requiere el desarrollo e implementación de tecnologías. Asimismo, destacó la importancia del principio precautorio como solución a problemáticas ecológicas que aún no alcanzan plena comprensión científica. Edgar Ramírez Medina abordó la relación entre la biodiversidad del país y las personas que viven en situación de pobreza. Sobre lo cual, dijo que los recursos naturales que provee el medio ambiente, constituyen fuentes de bienes y servicios básicos para la población más vulnerable a las carencias sociales. Vanesa Pérez Cirera destacó la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y comentó que sus diecisiete objetivos tienen que ver, transversalmente, con la protección al medio ambiente y por tanto, con la calidad de vida de las personas. El Foro convocó a autoridades, organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos en materia de normatividad y evaluación ambiental. A través de tres mesas de trabajo, se intercambiaron experiencias y reflexiones sobre los principales vacíos y oportunidades en el cumplimiento al derecho a un medio ambiente sano en México, desde la perspectiva de la legislación, la medición y la instrumentación, de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se concluyó que, entre los vacíos comúnmente identificados en la legislación ambiental, destaca la dispersión normativa que conduce a la inadecuada coordinación institucional. También se perciben contradicciones y espacios para las acciones discrecionales, lo que conlleva a posibles actos de corrupción. Asimismo, se hizo mención a la necesidad de armonizar el cuerpo normativo con los principios de derechos humanos como la no discriminación. Aunado a ello, se reconocieron avances legislativos, tales como la reforma constitucional en materia de acciones colectivas, la ampliación del interés legítimo en el juicio de amparo y la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entre las propuestas que se formularon para atender tal problemática, se encuentra la de incorporar mecanismos efectivos de participación social incluyente; combatir la corrupción; fomentar la transparencia y rendición de cuentas tanto del sector público como del privado; incrementar el presupuesto público para la protección ambiental; e impulsar mecanismos de política pública para incentivar el desarrollo de tecnologías y la implementación de procesos más eficientes.