La Cámara de Diputados aprobó, tras cinco horas de discusión, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que regulará las acciones de las Fuerzas Armadas para la defensa y preservación de la seguridad dentro del territorio nacional, entre ellas, las de combate al crimen organizado.

El Pleno aprobó el documento en lo general, en un primer momento, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, y posteriormente en lo particular con 215 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones, después de rechazar 101 reservas que se hicieron a la totalidad de los artículos de la legislación.

El dictamen se turnó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.

El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que de las 101 reservas, 52 fueron presentadas por el PRD, 34 de Morena, 10 de MC, cuatro del PAN y una del PES.

Previamente, las y los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena) presentaron, por separado, mociones suspensivas, pero fueron rechazadas, en votación económica.

La Comisión de Gobernación, que preside la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aprobó por la mañana el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que se conforma de 34 artículos, divididos en seis capítulos, así como de cuatro transitorios.

Los integrantes de la Comisión aprobaron el documento con 18 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones. A favor se manifestaron los diputados del PRI, PVEM, NA, PES y una diputada del PAN (Claudia Sánchez Juárez); en contra lo hicieron los legisladores del PAN, PRD, Morena y MC.

A las 13:43 horas inició la discusión del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, con la fundamentación del documento por parte de la diputada Guillén Vicente, quien dijo que la Ley de Seguridad Interior regulará la participación de fuerzas federales y Fuerzas Armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.

Apuntó que es complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen al interior de la República, “mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y armadas a enfrentarlas de manera conjunta”.

“No sólo se trata de erradicar las amenazas, sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución”, destacó Guillén Vicente.

Indicó que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a las fuerzas estales y federales, y sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas, por lo cual dicha legislación “no militariza al país”.

La ley señala que “toda intervención de fuerzas federales y de Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, y sólo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”, indicó.

Lo anterior deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión y a la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en los periódicos y gacetas oficiales de las entidades federativas, comentó.

Posteriormente los ochos grupos parlamentarios fijaron su postura respecto al dictamen, en voz de los diputados Martha Sofía Tamayo Morales (PRI), Jorge Triana Tena (PAN), Rafael Hernández Soriano (PRD), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Sofía González Torres (PVEM), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) y Norma Edith Martínez Guzmán (PES).

La diputada Tamayo Morales (PRI) afirmó que esta ley busca dar sustento jurídico a las Fuerzas Armadas, pero además “se combate la corrupción y la opacidad, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública, y se establecen los procedimientos del Ejecutivo federal para realizar las declaratorias”.

El diputado Triana Tena (PAN) afirmó que su grupo parlamentario está en contra de esta ley porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para realizar labores policiales, y además porque se pusieron oídos sordos a las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que han advertido de los riesgos de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

El diputado Hernández Soriano (PRD) sostuvo que la ley constituye un verdadero atentado a la Constitución y que más 250 organizaciones nacionales e internacionales han señalado que “puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos y la desestabilización de la democracia”,

La diputada Godoy Ramos (Morena) afirmó que la ley carece de sustento constitucional, militariza el país y es contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, por lo que perpetuará el estado de excepción y abonará al debilitamiento del nuevo sistema de justicia penal.

La diputada González Torres (PVEM) indicó que esta ley ayudará a recuperar el orden constitucional y la estabilidad democrática, además, establecerá “un marco jurídico que sea eficaz, para que cada una de las autoridades comience a cumplir con la tarea que le toca”.

El diputado Castañeda Hoeflich (MC) aseguró que dicha ley no cumple con el propósito de regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, porque “deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior”, lo que generará una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder.

La diputada Saldívar Paz (NA) sostuvo que la Ley de Seguridad Interior garantiza que existan condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que ellas tengan que realizar tareas de seguridad pública.

La diputada Martínez Guzmán (PES) señaló que la Ley de Seguridad Interior “es una propuesta posible” para dar a las Fuerzas Armadas la certeza jurídica que requieren a fin de que actúen con responsabilidad.

Posteriormente se pronunciaron en contra del dictamen los diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC, Virgilio Caballero Pedraza y Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, así como Omar Ortega Álvarez y David Gerson García Calderón, del PRD.

A favor de la legislación se manifestaron los diputados Arturo Álvarez Angli (PVEM), César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) y Manuel de Jesús Espino Barrientos (sin partido).

El dictamen de la Ley de Seguridad Interior se elaboró con base en dos iniciativas que presentaron, por una parte, los diputados priistas César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, y por otra, la diputada Sofía González Torres (PVEM).

También se consideraron y analizaron cuatro iniciativas más, dos que están en el Senado y dos que fueron presentadas en la Cámara de Diputados, pero que ya precluyeron o fueron retiradas.

La Cámara de Diputados aprobó, tras cinco horas de discusión, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que regulará las acciones de las Fuerzas Armadas para la defensa y preservación de la seguridad dentro del territorio nacional, entre ellas, las de combate al crimen organizado.

El Pleno aprobó el documento en lo general, en un primer momento, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, y posteriormente en lo particular con 215 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones, después de rechazar 101 reservas que se hicieron a la totalidad de los artículos de la legislación.

El dictamen se turnó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.

El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que de las 101 reservas, 52 fueron presentadas por el PRD, 34 de Morena, 10 de MC, cuatro del PAN y una del PES.

Previamente, las y los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena) presentaron, por separado, mociones suspensivas, pero fueron rechazadas, en votación económica.

La Comisión de Gobernación, que preside la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aprobó por la mañana el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que se conforma de 34 artículos, divididos en seis capítulos, así como de cuatro transitorios.

Los integrantes de la Comisión aprobaron el documento con 18 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones. A favor se manifestaron los diputados del PRI, PVEM, NA, PES y una diputada del PAN (Claudia Sánchez Juárez); en contra lo hicieron los legisladores del PAN, PRD, Morena y MC.

A las 13:43 horas inició la discusión del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, con la fundamentación del documento por parte de la diputada Guillén Vicente, quien dijo que la Ley de Seguridad Interior regulará la participación de fuerzas federales y Fuerzas Armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.

Apuntó que es complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen al interior de la República, “mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y armadas a enfrentarlas de manera conjunta”.

“No sólo se trata de erradicar las amenazas, sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución”, destacó Guillén Vicente.

Indicó que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a las fuerzas estales y federales, y sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas, por lo cual dicha legislación “no militariza al país”.

La ley señala que “toda intervención de fuerzas federales y de Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, y sólo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”, indicó.

Lo anterior deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión y a la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en los periódicos y gacetas oficiales de las entidades federativas, comentó.

Posteriormente los ochos grupos parlamentarios fijaron su postura respecto al dictamen, en voz de los diputados Martha Sofía Tamayo Morales (PRI), Jorge Triana Tena (PAN), Rafael Hernández Soriano (PRD), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Sofía González Torres (PVEM), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) y Norma Edith Martínez Guzmán (PES).

La diputada Tamayo Morales (PRI) afirmó que esta ley busca dar sustento jurídico a las Fuerzas Armadas, pero además “se combate la corrupción y la opacidad, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública, y se establecen los procedimientos del Ejecutivo federal para realizar las declaratorias”.

El diputado Triana Tena (PAN) afirmó que su grupo parlamentario está en contra de esta ley porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para realizar labores policiales, y además porque se pusieron oídos sordos a las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que han advertido de los riesgos de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

El diputado Hernández Soriano (PRD) sostuvo que la ley constituye un verdadero atentado a la Constitución y que más 250 organizaciones nacionales e internacionales han señalado que “puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos y la desestabilización de la democracia”,

La diputada Godoy Ramos (Morena) afirmó que la ley carece de sustento constitucional, militariza el país y es contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, por lo que perpetuará el estado de excepción y abonará al debilitamiento del nuevo sistema de justicia penal.

La diputada González Torres (PVEM) indicó que esta ley ayudará a recuperar el orden constitucional y la estabilidad democrática, además, establecerá “un marco jurídico que sea eficaz, para que cada una de las autoridades comience a cumplir con la tarea que le toca”.

El diputado Castañeda Hoeflich (MC) aseguró que dicha ley no cumple con el propósito de regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, porque “deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior”, lo que generará una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder.

La diputada Saldívar Paz (NA) sostuvo que la Ley de Seguridad Interior garantiza que existan condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que ellas tengan que realizar tareas de seguridad pública.

La diputada Martínez Guzmán (PES) señaló que la Ley de Seguridad Interior “es una propuesta posible” para dar a las Fuerzas Armadas la certeza jurídica que requieren a fin de que actúen con responsabilidad.

Posteriormente se pronunciaron en contra del dictamen los diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC, Virgilio Caballero Pedraza y Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, así como Omar Ortega Álvarez y David Gerson García Calderón, del PRD.

A favor de la legislación se manifestaron los diputados Arturo Álvarez Angli (PVEM), César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) y Manuel de Jesús Espino Barrientos (sin partido).

El dictamen de la Ley de Seguridad Interior se elaboró con base en dos iniciativas que presentaron, por una parte, los diputados priistas César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, y por otra, la diputada Sofía González Torres (PVEM).

También se consideraron y analizaron cuatro iniciativas más, dos que están en el Senado y dos que fueron presentadas en la Cámara de Diputados, pero que ya precluyeron o fueron retiradas.