Diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, MC, NA y PES, presentaron nueve iniciativas relacionadas con restauración ambiental de cuencas hidrológicas, movilidad urbana, delito de cohecho activo, innovación del transporte, responsabilidades administrativas, impulso a la ciencia, etiquetado especial de productos empacados, protección de los adultos mayores y para crear la Unidad para la Sostenibilidad Fiscal.

1) Ley para restauración ambiental de cuencas hidrológicas

El diputado Arturo Huicochea Alanís (PRI) propuso expedir la Ley para la Remediación y la Restauración Ambiental de las Cuencas Hidrológicas fuertemente contaminadas, cuyo objetivo radica en establecer los mecanismos para remediar y restaurar cuerpos de agua contaminados o de alta toxicidad y sus ecosistemas.

Con el ordenamiento, se coadyuvará a garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, mediante el impulso de programas concretos de remediación de los sitios contaminados. Se mandó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

2) Derecho a la movilidad urbana sustentable

Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, diputada del PAN, presentó iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución Política, a fin de establecer que toda persona tendrá derecho a la movilidad urbana sustentable, multimodal e interconectada.

Se pretende que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de implementar políticas públicas orientadas a la modernización del transporte público, que promuevan el uso responsable del automóvil concediendo prioridad al peatón sobre el vehículo e impulsen el uso de transportes no motorizados. Será analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales.

3) Tipificar y sancionar el delito de cohecho activo

Del PRD, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios presentó dos iniciativas. La primera, adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal para tipificar y sancionar el delito de cohecho activo e indicar que lo comete el servidor público, autoridad electa o trabajador al servicio del Estado quien, por sí o interpósita persona, solicite o reciba ilícitamente dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión por parte de la delincuencia organizada.

La pena será de 10 a 30 años de prisión y una multa de mil a dos mil días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa tales acciones. Además, se considera también a la autoridad electa quien reciba dinero o cualquier otro beneficio durante la campaña electoral, para hacer o dejar de realizar uno o más actos propios de su encargo por parte de la delincuencia organizada para la consumación de delitos. Fue enviada a la Comisión de Justicia.

4) Fondo para la Innovación de los Sistemas de Transporte Público

En la segunda iniciativa, Nava Palacios plantea reformas a diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de Coordinación Fiscal, con la intención de crear el Fondo para la Innovación de los Sistemas de Transporte Público, así como establecer el porcentaje de participación de IEPS para las entidades que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Dicho fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 30 por ciento de la recaudación federal, que se destinarán a la investigación en materia de transporte público, vialidad y seguridad vial, así como innovación, transferencia tecnológica, transición tecnológica en el equipamiento, diseño y utilización del sistema de transporte público alimentado con energías renovables. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

5) Reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Blanca Margarita Cuata Domínguez, diputada de Morena, planteó modificar al artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de excluir a aquellos servidores públicos investigadores de incurrir en conflicto de intereses, cuando acrediten tener participación activa en la averiguación, aun cuando realicen labores de vinculación.

Se determina que en las empresas privadas de base tecnológica no podrá residir en la misma persona el cargo de apoderado legal y de investigador o de responsable del área de vinculación. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

6) Mayor apoyo a la tecnología e innovación

Por el PVEM, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado planteó reformas a los artículos 1, 12 y 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con la intención de incentivar la vocación científica para favorecer al fortalecimiento y apoyo en la generación de nuevas tecnologías y patentes, e incluir como beneficiarios de los Fondos Institucionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a los alumnos y académicos de todos los niveles educativos.

Indicó que en la actualidad se cuenta con múltiples campeones mundiales, internacionales, latinoamericanos y nacionales en robótica, mecatrónica y otras disciplinas; sin embargo, los apoyos a estos jóvenes son casi nulos. México ha tenido grandes inventores que, por falta de apoyo y facilidades, emigran en búsqueda de oportunidades, financiamiento y generación de patentes a otros países. Fue canalizada a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

7) Etiquetado especial de productos empacados

La Comisión de Salud estudiará la iniciativa de la diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC) que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para establecer un etiquetado especial en productos empacados o envasados con alto contenido en azúcares totales, grasas saturadas, otras grasas, sodio o energía.

Este deberá realizarse por expertos en la materia, universidades e instituciones especializadas, en coordinación con la Secretaría de Salud y demás instancias gubernamentales, para lograr un etiquetado con bases científicas y comprensibles para la población en general, y así disminuir los altos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes.

8) Proteger a adultos mayores

El diputado Ángel García Yáñez (NA) propuso modificar el artículo 323 del Código Penal Federal, con la intención de establecer que en caso de abuso o maltrato hacia un adulto mayor por parte de un familiar, se tenga como sanción complementaria la pérdida inmediata de los derechos sucesorios que al agresor pudiera corresponderle como producto de su relación familiar o consanguínea.

Agregó que en los últimos años se ha percibido un aumento de los casos de violencia física y psicológica hacia la población de más de 65 años. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ha documentado que tres de cada cinco ancianos sufren violencia dentro de la familia, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, revela que un 16 por ciento de esta población en el país sufre algún grado de abandono y maltrato como golpes, ataques sicológicos, insultos o robo de sus bienes. Se mandó a la Comisión de Justicia.

9) Unidad para la Sostenibilidad Fiscal

Justo Federico Escobedo Miramontes, diputado del PES, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica del Congreso General y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de crear la Unidad para la Sostenibilidad Fiscal en el Congreso de la Unión, y eliminar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

La Unidad tendrá a su disposición la información que influya en la política fiscal del país emitida por las instituciones públicas del país; se le faculta para proponer a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de ambas cámaras, modificaciones a la metodología para la sostenibilidad fiscal. Se turnó a las comisiones unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta Pública.

RED/HSF