En un acto sin precedentes el Gobierno Federal reconocerá la autonomía y capacidad de los pueblos indígenas para administrar, controlar y recuperar el acuífero ubicado en sus territorios.

  • Mediante un convenio de coadministración del agua y corresponsabilidad para la recuperación del acuífero, se generará un marco jurídico que garantice los derechos territoriales de los pueblos y las atribuciones del Estado sobre el acuífero. Las decisiones se adoptarán de común acuerdo, entre las comunidades e instancias federales en el marco de la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado. 

San Antonino Castillo Velasco, Oax., 6 de enero de 2019. – El Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, la subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Katya Puga Cornejo, el Gerente de Aguas Subterráneas de la Subdirección Técnica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),  Dr. Heber Saucedo Rojas, el Gerente de Inspección y Medición de la Subdirección de Administración del Agua de la CONAGUA, Lic. Juan Ernesto García Corona, y la Delegada Estatal de los Programas para el Desarrollo de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, se reunieron en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco con Autoridades municipales, agrarias e integrantes de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), para reiniciar el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado ordenado por la Primera Sala Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En la reunión se presentó la hoja de ruta que se seguirá para alcanzar los consensos necesarios que permitan resolver la problemática del uso y disfrute del agua del subsuelo, así como la sanidad del acuífero. Se informó que para la solución integral se perfila un acuerdo de administración conjunta del acuífero entre el Estado y las comunidades zapotecas, mismo que contemple la co-rresponsabilidad en su cuidado y saneamiento, reconociendo los trabajos de siembra de agua de la COPUDA; asimismo, se analizará la disponibilidad de agua y un nuevo decreto para la región de Valles Centrales de Oaxaca, en el que se establezca una zona reglamentada. Se puso énfasis que en el nuevo decreto se contemplará el derecho de las comunidades de establecer su propia reglamentación comunitaria para el uso y aprovechamiento del agua en ejercicio de su derecho de libre determinación y autonomía.

La subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, Katya Puga Cornejo, transmitió la disposición de la Secretaría para acompañar el proceso, dialogar y tomar decisiones conjuntas en diversos proyectos de reforestación y cuidado del medio ambiente, toda vez que no sólo se debe atender la problemática del uso del agua, sino que se debe revisar la atención integral del acuífero. Añadió que el nuevo decreto deberá surgir del consenso de las comunidades, para lo cual se requiere reconstruir la confianza que permita lograr acuerdos satisfactorios; mostrar que hay verdadero interés de resolver los planteamientos de las comunidades zapotecas, por ello, es una decisión de cambio, y después de muchos años de esfuerzo se alcancen los mejores acuerdos.

Por su parte, durante su intervención el Director General del INPI expresó que con estas propuestas, se da muestra concreta de la voluntad del nuevo gobierno de la república de respetar los derechos fundamentales de los pueblos y de establecer con ellos una relación horizontal. Este ejercicio tendrá como resultado un marco jurídico inédito en el país, pues no existe precedente de un convenio entre los pueblos y el Estado para asumir de manera conjunta la responsabilidad sobre el aprovechamiento y cuidado de los recurso naturales. Se trata de establecer mesas de diálogo donde se construyan estos acuerdos con una nueva actitud y con un nuevo trato, donde los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos tales como el derecho a la tierra y sus recursos y el derecho a la autonomía y a la libre determinación.

“Se va a revisar el decreto de veda que se expidió en 1967, prueba de la voluntad política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos ha instruido a las y los servidores públicos a que con acciones se acrediten los derechos indígenas, atendiendo los justos reclamos de los pueblos y comunidades para trabajar en conjunto, y así reconstruir la confianza en las instituciones del Estado”, aseguró Regino Montes.

Por otro lado, destacó el trabajo realizado por la COPUDA de recuperar el agua del subsuelo y contribuir a mejorar el acuífero. Es un aporte invaluable que debe replicarse en otras partes del país.

Por su parte, Ángel Ruiz Méndez, Presidente del Consejo Directivo de la COPUDA y otros integrantes, expresaron su esperanza de que se solucione el problema que han planteado desde hace años. Y señalaron que sus comunidades tienen amplia experiencia en el uso y aprovechamiento del agua, “nosotros no estamos comenzando a vivir, no estamos en el año cero, durante siglos hemos convivido con nuestro acuífero, sabemos cuidarlo y mantenerlo sano”, señalaron en sus intervenciones.

Se acordó desahogar las mesas de diálogo en los próximos días, asimismo, se convocará a la fase final del proceso de consulta en la que, previo consenso de las partes, se suscribirán los acuerdos correspondientes.

El decreto de veda se estableció en 1967. La primera Sala Metropolitana de Justicia Fiscal y Administrativa de la ciudad de México estableció que dicho decreto se emitió sin considerar los derechos territoriales de las comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, por ello, ordenó llevar a cabo un proceso de consulta, libre, previo e informado para armonizar los derechos territoriales con las obligaciones y atribuciones del Estado respecto de las aguas del subsuelo.