La iniciativa para reformar la ley minera que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que no sea aprobada la Reforma Eléctrica, cuenta con todo el aval de los legisladores de Morena, señaló el senador Napoleón Gómez Urrutia, pues es fundamental garantizar que el litio sea declarado un mineral estratégico propiedad de la nación, quien consideró que de cualquier manera se requiere modificar la política minera mexicana pues, durante las últimas cuatro décadas fue adaptada gradualmente a los intereses de las empresas, tanto nacionales como extranjeras.

“Aplaudo el anuncio que formuló el Presidente de la República, de reformar la ley minera, para evitar que intereses privados se apoderen de ese metal, llamado el petróleo blanco, que puede generar mucha riqueza para el país, ya que es el mineral del futuro por su uso en la industria de las telecomunicaciones, en especial para baterías de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos”, expresó el también líder de los mineros.

Pero Gómez Urrutia considera que la ley minera debe modificarse no solo por la imperiosa necesidad de proteger el litio como patrimonio de todos los mexicanos, sino porque durante los últimos cuarenta años los gobiernos y legisladores emanados de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional la fueron flexibilizando para permitir que las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que operan en ese sector, obtuvieran todo el control de las concesiones, acumularan tierras que son de la nación, muchas las mantuvieran ociosas y hasta las enajenaran, contaminaran el medio ambiente, sin sanciones destruyeran pueblos y acumularan ganancias, porque su contribución fiscal es muy poca.

“Esto tiene que cambiar, independientemente del litio, el ajuste a la ley minera debe ir a fondo si queremos mantener la soberanía sobre nuestros recursos minerales. En la actualidad, ya tienen 120 de las 200 millones de hectáreas del territorio nacional, si no los detenemos, se van a querer quedar con todo el país”, dijo.

Y es que, señala el senador, se debe frenar el saqueo de los recursos minerales, por lo cual, desde principio de sexenio ha venido elaborando un proyecto de reforma a la ley minera y poner orden en el sector, además de que el primer mandatario ordenó detener la entrega de las concesiones que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto entregaban de forma indiscriminada.

Para empezar se debe reducir el periodo de tiempo por el que se otorgan las concesiones, que es de 50 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 50, ya que “eso significa que los empresarios pueden tenerlas hasta por un siglo y dado que la vida productiva de un yacimiento minero es de 20 años en promedio, otros 80 años mantienen los terrenos en su poder, lo que les ha permitido hasta venderlos”, pues “los empresarios, cuando ya no explotan las minas, se apoderan de las tierras, que son propiedad de la nación, y crean incluso un mercado inmobiliario ilegal”, y por eso se debe volver a establecer en la ley la disposición de que las concesiones se cancelarán automáticamente si después de dos años de que se les dieron, no las explotan. Además, revisar todo el esquema fiscal, que lesiona al Estado.