Salvador García Soto

En la Suprema Corte de Justicia la sucesión de su presidencia ha comenzado, a seis meses de que termine el periodo del actual presidente Arturo Zaldívar. No sólo los aspirantes a presidir la Corte andan inquietos y moviéndose para tratar de ganar votos y simpatías entre los 11 ministros que integran el pleno, sino que también hay una operación política y de cabildeo abierta entre los dos bloques que se enfrentan en la elección del nuevo titular del Poder Judicial de la Federación.

De un lado está el bloque “pro 4T”, que busca un presidente “cercano” a López Obrador para los dos últimos años de su sexenio, y en el otro extremo el grupo “anti 4T”, que se opone a que la Corte se someta al control de Palacio Nacional y busca impulsar a un ministro o ministra que garantice la autonomía constitucional del Poder Judicial. El equilibrio de fuerzas entre esos dos bloques quedó establecido con la votación reciente de la Ley de la Industria Eléctrica, en la que 7 ministros votaron por declararla inconstitucional, mientras que solo 4 decidieron avalar el proyecto de constitucionalidad.

Es decir, que, en este momento, para efectos prácticos, la mayoría de los 11 ministros estarían por apoyar a uno de sus pares que garantice la independencia de la Corte y esos 7 votos con los que en teoría cuentan serían suficientes para ganar la elección del nuevo presidente que se realizará a finales de este año. Entre esos votos estarían seguros los de los ministros Javier Laynez Potisek, que es uno de los aspirantes a la presidencia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Norma Lucía Piña y Alberto Pérez Dayan. También podría sumarse a ese bloque, la ministra Margarita Ríos Farjat, que ha reivindicado su autonomía de la 4T, y eventualmente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Del lado del bloque “pro 4T” estarían en este momento, en el papel, 4 votos. De esos tres se consideran “seguros”, el del presidente saliente, Arturo Zaldívar, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que aspira a la presidencia, y la ministra militante de Morena, Loretta Ortiz Ahlf. El voto del ministro Juan Luis González Alcántara, aunque lo ubican en ese bloque, podría no ser tan seguro y, por los antecedentes y trayectoria jurídica del doctor en Derecho y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, podría incluso votar en contra de un candidato que sea tan cercano al presidente López Obrador.

O sea que, en estos momentos, seis meses antes de la votación que definirá al nuevo presidente de la Corte, las tendencias marcan 5 votos a favor de un candidato autónomo e independiente de Palacio y 3 votos a favor de un candidato o ministro cercano a Palacio Nacional. Los tres votos que definirán claramente esta decisión están entre la ministra Ríos Farjat, el ministro González Alcántara y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Este último también aspira a presidir la Corte y en los pasillos del Palacio de Justicia se menciona incluso que, en la pasada votación de la Ley eléctrica, le habrían ofrecido apoyarlo en su proyecto con los votos de los ministros “Pro 4T” si votaba a favor de la constitucionalidad de la ley, cosa que hizo de manera parcial.

Un indicador de ese apoyo podrá ser la conferencia magistral que el ministro Ortiz Mena va a dictar el próximo viernes 13 de mayo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a donde fue invitado por la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. La plática del jurista se titula “La Suprema Corte y la Democracia en México” y está anunciada a las 11 horas de ese día en el Auditorio “Eduardo Alday Hernández” del Campus Bicentenario ubicado en la ciudad de Villahermosa. Para nadie es un secreto la influencia que ejerce en la universidad pública tabasqueña un exgobernador y actual secretario de Gobernación, como Adán Augusto López, quien fue visto operando presencialmente los votos en la Suprema Corte a favor de la Ley de Industria Eléctrica el pasado 7 de abril.

Todavía faltan muchos movimientos, definiciones y hasta maromas que se verán en el abierto juego sucesorio en la Suprema Corte de Justicia. Lo único que hoy está claro es que ambos bloques tienen un líder y operador: el ministro presidente Zaldívar operando a favor de un sucesor cercano al gobierno de López Obrador y el ministro Javier Laynez Potisek encabezando la corriente en favor de la autonomía de la Corte.

Veremos, pues, hacia dónde se mueven las tendencias y los aspirantes a encabezar al máximo órgano constitucional y de justicia en el país, pero sobre todo hacia dónde se inclinan los ministros que aún no están totalmente definidos por ninguno de los dos bloques. La votación se gana con mayoría simple de 6 a 5 y por esa cifra están ya movidos y operando los aspirantes cantados y los operadores de cada bloque.

Al final, el tema de la nueva presidencia de la Corte es vital no sólo para el Poder Judicial y su autonomía por los próximos cuatro años, sino también para Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador no quita el dedo del renglón de controlar al pleno judicial, algo que hasta ahora no ha podido a pesar de sus intentos. Una Corte a favor o al menos cercana en el último bienio de su mandato le sería muy útil y cómoda al tabasqueño, así como una Corte autónoma e independiente o incluso con un presidente hostil a su gobierno, podría ser un infierno para el inquilino de Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS…
La Secretaría de la Función Pública informó este viernes que no encontró evidencias que acrediten la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al presidenteAndrés Manuel López Obrador y a sus familiares por probable conflicto de interés relacionado con la investigación periodística conocida como “la Casa Gris”. A ese texto que es parte del informe oficial que ayer presentó la SPF, si usted le cambia el nombre de López Obrador por el de Peña Nieto y el del color de la casa de gris a blanca, cualquiera pensaría que para redactar su informe el secretario Roberto Salcedo Aquino agarró el machote del informe presentado hace 7 años, el 21 de agosto de 2015, referente a la Casa Blanca de Peña Nieto y sólo le cambió los nombres y el color, para decir exactamente lo mismo que respondió el gobierno peñista a las acusaciones de conflicto de intereses en contra del entonces presidente y su esposa Angélica Rivera,  cuando exculparon al mandatario y a la señora de cualquier “falta administrativa” por haber recibido una mansión en Las Lomas de parte de un contratista del gobierno que además era su compadre Juan Armando Hinojosa Cantú. De hecho, si en vez de Roberto Salcedo se dice que ese informe de ayer lo elaboró y lo presentó Virgilio Andrade, cualquiera lo creería. Así, recurriendo exactamente a los mismos razonamientos legales e interpretaciones a modo de la ley, el gobierno de la 4T exculpa al presidente y a su hijo José Ramón López Beltrán de cualquier “conflicto de interés” por haber aceptado vivir en la casa de un alto ejecutivo de la empresa texana Baker Hughes, contratista del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, que además incrementó en más de 400% el monto de los contratos que recibía del gobierno mexicano, justo en los años en los que el hijo mayor del presidente vivía en la mansión en Houston, propiedad de uno de sus principales directivos. Cada vez va quedando más claro que, por más que se diga diferente, el gobierno de López Obrador no sólo ya se igualó a los del pasado, sino que, en muchos casos, no precisamente, positivos, empieza a rebasarlos… Los dados mandan Escalera Doble. Bien termina la semana.