Por: Paola Garate V.

El día de hoy quiero compartirles algunas de mis experiencias más recientes frente a lo que pudiera denominársele “la justicia de género” de nuestro país. A lo largo de los últimos años, México ha experimentado una serie de transformaciones jurídicas derivadas de los avances de las mujeres en una vasta cantidad de ámbitos, lo que ha materializado que hoy tengamos a nuestra disposición instancias y procedimientos para hacer valer nuestros derechos humanos y para obtener de las autoridades la protección de los mismos. Sin embargo, esa justicia dista mucho de ser la que las mujeres necesitamos y se limita a ser una justicia de mero discurso, una justicia que está en las leyes, pero que no puede palparse en nuestra realidad cotidiana.

No puede hablarse de justicia para las mujeres cuando la actuación de la autoridad no es de carácter preventivo, sino reactivo. Tampoco podemos asumir que la tarea de la autoridad sea efectiva y oportuna, porque su efecto integral no genera disminución de los índices de violencia, lo que lleva aparejada una ausencia total de estrategia.

Hoy, lo mismo sabemos por los medios de comunicación, que a una madre de familia la queman viva, que una joven de inicio se extravía y que después aparece muerta en una cisterna, o que tras varios peritajes al fin se llega a la conclusión de que la mataron.

Hoy, a la justicia de género, que debe tener perspectiva, nomás no se le encuentra por ningún lado. Les comparto algunas peripecias que he vivido en tiempos recientes. Hace algunos meses mi cuenta oficial en la red social Facebook me fue robada por gente desconocida y seguramente de mala fe. Tras intentar acceder a la misma, y advertir que estaba siendo utilizada para fines que yo no autoricé, acudí a la Fiscalía General del Estado a fin de presentar la denuncia correspondiente, abriéndose a partir de ese momento una carpeta de investigación. A la fecha, ni he recuperado mi cuenta ni se ha desarrollado una investigación que pueda identificar a la persona o grupo de personas tras este ilícito. El sistema duerme mientras padezco los efectos de un robo de identidad. Mi nombre en la Fiscalía se circunscribe a constar como denunciante, se limita a expediente sin investigación, y por ende, sin datos que identifiquen a los delincuentes.

Por otro lado, en el mes de abril realicé una serie de publicaciones en mi cuenta de red social Twitter, la cual seguí utilizando con normalidad a pesar de no poder hacer lo propio en Facebook. En las publicaciones ejercí mi derecho humano de libertad de expresión en materia política y electoral, ya que a través de las mismas manifesté mi postura sobre el proceso federal de revocación de mandato. En una fotografía difundí una playera con una leyenda alusiva a una modalidad de participación: la abstención activa. Al paso de veinticuatro horas, algunos de mis seguidores me alertaron que un influencer, que públicamente se ostenta como el director de uno de los portales de memes y sátira política más virales en internet, había utilizado esa fotografía asociándome a una conducta de naturaleza sexual. En la fotografía aparecía mi cuerpo, mi imagen personal se estaba utilizando sin mi consentimiento para tergiversar el objetivo original. Dada la capacidad de viralización de que dispone esta persona, muchos otros usuarios se dieron a la tarea de alterar la imagen y difundirla con leyendas textuales cada vez más explícitas y por ende denigrantes de mi dignidad y honor personales. Vaya, hasta un experto en creación de memes de la comunidad latina en Estados Unidos hizo lo mismo y viralizó un video utilizando esa misma imagen como portada en Youtube. La tendencia hacia una violencia sexual, mediática, virtual, en comunidad, y las que se le agreguen estaba tomando dimensiones que me rebasaban.

Y pues como desde 2020, tanto nuestro Congreso General como el del Estado aprobaron reformas en materia de procedimientos por violencia política por razón de género, en donde entre otras medidas se sancionan los tipos y modalidades de violencia de género previstas en las leyes cuando con motivo de las mismas se afecte un derecho político (como el de libertad de expresión en materia política), decidí acudir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE a fin de que emprendiera una investigación a través de un procedimiento especial sancionador a ser resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Valga decir que este tipo de procedimientos han cobrado fuerza en los meses recientes, con la particularidad de que se ha enfocado en acreditar la existencia de estos tipos y modalidades de violencia cuando las víctimas se traten de servidoras públicas en ejercicio, precandidatas, candidatas a cargos de elección popular o integrantes de la función administrativa o jurisdiccional en materia electoral. Las resoluciones suponen como antecedentes procedimientos en los que la difusión de los contenidos en internet es suspendida o eliminada, y de acreditarse responsabilidad es posible que al autor se le ordene realizar una disculpa pública, e incluso adoptar medidas oportunas para su no repetición.

Pero esta justicia pareciera como si solamente estuviera en la ley para que sus destinatarias sean solo las que reúnan las calidades mencionadas, pareciera como si todas las demás mujeres que somos ciudadanas o simplemente personas (que, de acuerdo con la Constitución, la persona amerita una protección amplia por parte del Estado) no nos estuviera permitida esa misma justicia. Es una justicia que por “un olvido” al momento de redactar las leyes segregó, excluyó a la mujer votante de los beneficios de su tutela.

Pues resulta que el INE se declaró incompetente en mi caso. A pesar de que impugné esa incompetencia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, advertí un mal aún mayor en nuestro sistema de justicia. El pasado miércoles 27 de julio se sometió al Pleno del Tribunal un proyecto de sentencia en el que me concedían medidas cautelares frente a las publicaciones del influencer, su empresa de contenidos y otros usuarios de redes, proponía revocar la incompetencia del INE y ordenarle que por fin iniciara la investigación. Pero la sentencia no fue aprobada. Un bloque de cuatro magistrados rechazó el proyecto de la magistrada ponente, y como consecuencia, la incompetencia del INE fue confirmada.

El mal mayor no es que hayan sido hombres los que se opusieran a concederme el derecho a iniciar una investigación. El mal mayor sigue siendo, en nuestro país, que las autoridades pretexten en la competencia la no realización de una investigación, un mínimo papel al que creo que tengo derecho, cuando en otros casos (quizás políticamente más convenientes) la competencia no se pretexta, se justifica hasta la saciedad en aras de que otros temas sí sean tratados.

Misma suerte me ocurrió con el Instituto Electoral de Sinaloa, frente a otra denuncia en contra de una influencer que utilizó un video de mi campaña electoral de 2018, para tratar de vincular su contenido para la comprobación de ilícitos que les han sido imputadas a otras personas. Misma conducta: sexualización del papel de las mujeres en la política, sin mediar salvaguarda alguna a la dignidad y el honor. La razón para no iniciar la investigación: ¿Qué creen? Sí, falta de competencia, esa misma que para otros temas sí la hay, aunque la ley no la establezca.

Estas son unas cuantas historias más de esa justicia que en México se diseña para algunas personas y se excluye para todo el resto. Mi suerte está echada y los efectos perjudiciales los sigo viviendo, por mayoría de votos de funcionarios que en bloque quieren seguir diciendo cómo debe ser la justicia para nosotras. Mientras tanto, para la Fiscalía sigo siendo una carpeta de investigación sin investigación, y para el INE, el Tribunal Electoral e incluso del IEES igual: una denuncia sin investigación, pues hay incompetencia, quizás de las dos. Le deseo a la autoridad jamás necesitar de la justicia que, así como a mí, a muchas mujeres de nuestro país se le priva. Puede ser que el patriarcado no tenga un rostro, pero a veces se muestra en los hechos. Se ha olvidado esa máxima de la Constitución que impone el deber a la autoridad de resolver el fondo de los asuntos sin detenerse en los meros formalismos. Esa es la justicia de género de mi país, de mi estado, que revictimiza y lacera más: una justicia que es violencia institucional. Una justicia de género que en la ley se lee muy bonito, pero que lejos de ser real, auténtica y efectiva, se limita a ser lo que por ahora en realidad es: una justicia de papel.

@PaolaGarateV