En seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el Poder Judicial del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos reportó durante el año pasado 254 medidas u órdenes de protección ante el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), con lo cual se da cumplimiento a la medida de prevención, así como de justicia señalada en el citado mecanismo.

Ante el riesgo de perder la vida o ver afectada su integridad física y emocional, toda mujer tiene la facultad de acudir a la autoridad jurisdiccional y solicitar una orden de protección, aun cuando sus asuntos no estén judicializados, ya que juezas y jueces tienen la obligación de prevenir, interrumpir e impedir que se generen o sigan realizando actos de violencia en contra de este sector.

Recientemente, en la prioridad de sumar esfuerzos y asegurar a las mujeres y niñas el acceso a una justicia efectiva y una vida libre de violencia y en igualdad de condiciones; el Poder Judicial del Estado participó en las “Mesas Técnicas Estatales de Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas en caso de muertes violentas”, donde se abordaron temas como: Medidas y Órdenes de Protección, Litigio con Perspectiva de Género, y Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidios.

En el foro, organizado por la Fiscalía General del Estado (FGO) y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se destacó que el Magistrado Presidente Eduardo Pinacho Sánchez, ha solicitado el rediseño de las políticas institucionales en materia de derechos humanos al interior de esta Judicatura.

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género e interseccionalidad que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos.

En su intervención en la mesa “Investigación y litigio con perspectiva de género”, la Jueza Primero de lo Familiar, licenciada Leticia Meneses Concha señaló que las personas juzgadoras se encuentran obligadas constitucional y convencionalmente a aplicar la perspectiva de género en cada una de sus sentencias.

Por su parte, la Jefa del Departamento de Igualdad de Género de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, maestra Sheila Sánchez López, explicó que la reconstrucción de políticas institucionales, propuesta por el Magistrado Presidente, contempla la creación de protocolos o lineamientos desde la debida diligencia, de cómo juezas y jueces deben enfrentarse al conflicto jurídico en aquellos casos en los que se detecten patrones estereotípicos de género o bien relaciones asimétricas, de ahí la trascendencia de estas mesas de trabajo.

De acuerdo con el Banavim en México hay registro de más de 507 mil casos de violencia contra la mujer cometidos en 2019, de esta cifra, la entidad con el número más alto es el Estado de México con 78 mil 37, mientras que en Oaxaca se registran 3 mil 393.