Una vez analizado el acceso a la educación sexual como un derecho humano y el estudio que la Suprema Corte dedicó al mismo, es importante mencionar las diversas acciones que tanto la sociedad como las autoridades mexicanas pueden llevar a cabo para combatir las iniciativas en su contra. A pesar de que la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones respecto al tema en cuestión, el matrimonio igualitario, los derechos de las personas LGBTTTIQ y la discriminación por razón de género, existen aún diversas legislaciones locales que permanecen inertes al cambio.[30][31] Por lo anterior, es esencial que las mencionadas decisiones emitidas por el Alto Tribunal se reflejen en acciones concretas en la realidad para garantizar de manera efectiva dichos derechos y obligar a las autoridades responsables a cumplir con el respeto a los mismos. Entre dichas acciones se encuentra la implementación de políticas públicas en materia de salud y educación sexual para niñas y mujeres y la atención médica y psicológica correspondiente para preservar los derechos a la diversidad sexual y no discriminación de los derechos en los niños, niñas y adolescentes.  A su vez, es necesario mejorar los sistemas de impugnación y defensa actualmente existentes para lograr combatir de una manera más eficiente y directa los actos discriminatorios hacia los grupos vulnerables y evitar que se continúen violando los derechos humanos de los mismos.