Moisés MOLINA

Desde mi muy particular punto de vista, la CONAGO está llamad a pervivir y la llamada Alianza Federalista, en mi opinión, será flor no de un día, pero sí de una elección.

Y es que la polarización ha alcanzado a las entidades federativas, por no decir que se las ha llevado entre las patas.

La renuncia de 10 gobernadores a la CONAGO es en realidad la manifestación de voluntad de un una nueva CONAGO. 

De modo tal que tendremos una CONAGO del norte y una CONAGO del sur.

Y es que la renuncia en bloque dio muy mala señal. Con la bandera del federalismo, se le dio a nuestro arreglo institucional una puñalada.

Políticamente hablando el corazón del federalismo mexicano debe ser la solidaridad, por eso la federación se llama Unión y el Supremo Poder que, para su ejercicio, se divide en tres, es de la Unión.

Todo arreglo institucional debe pasar por la Constitución y la cancha de todas las reformas, incluidas las constitucionales es la del legislativo, no la de los gobernadores.

El nuevo pacto fiscal que los diez gobernadores aliancistas quieren es todo menos solidario. 

Quieren que a partir de ahora el gobierno federal les transfiera los recursos bajo criterios de proporcionalidad y no de justicia.

Más dinero para los estado ricos y menos para los estados poco prósperos que son prácticamente todos los del sur y el sureste.

Necesitaban una bandera de cara a la guerra electoral del próximo año y ahora la tienen, aunque sea federalistamente ilegítima. 

El centro del pacto fiscal debía ser lo que los especialistas llaman la “convergencia económica”, es decir, cómo hacer para que todos los estados estén en posibilidades de crecer algún día a mismo ritmo y cómo hacer para dependan cada vez menos de las transferencias federales.

Negando el pacto fiscal, los gobernadores “federalistas”, niegan el arreglo que permitió a los estados que hoy gobiernan alcanzar el nivel de desarrollo e industrialización que hoy tienen.

Niegan también la realidad del 7 por ciento de sus habitantes que viven en condiciones de pobreza que se benefician de la fórmula de reparto de recursos que tenemos desde 2007 vía aportaciones federales a través principalmente de los ramos 28 y 33.

Hoy los gobernadores “aliancistas” dicen que quieren más facultades recaudatorias.

¿Están de verdad preparados esos estados para cobrar por sí mismos el IVA y el ISR, por ejemplo? 

Que cada estado tenga su SAT se antoja a todas luces complicado en el corto y el mediano plazo.

¿Por qué mejor no echan mano de lo que han desdeñado por no pagar un costo político?

Y me refiero a los impuestos estatales que, estando facultados para cobrar, no cobran. Caso concreto, la tenencia. 

Dice el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) que los gobiernos de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila solo recaudan el 14 por ciento de los impuestos que les corresponden a pesar de tener el 16 por ciento de la población nacional. 

Si a alguien le parece lógico y pertinente el planteamiento de que a los estado que recaudan más impuestos federales se les dé más dinero, le invito a que lo piense dos veces.

Justicia no es tratar igual a todos. Justicia es tratar desigual a los desiguales. 

Es una de las primeras lecciones en las escuelas de Derecho.

@MoisesMolinar