Por: Gildardo Mota
La reforma hacendaria permitirá que el gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto concluya la construcción de más de 20 hospitales en Oaxaca que heredó la administración de Ulises Ruiz Ortiz, las obras serán realizadas por empresas recomendadas por el Ejecutivo Federal, creándose así un marco legal para favorecer intereses empresariales del grupo político Atlacomulco.
Pero no sólo la construcción de hospitales será un negocio para el Ejecutivo Federal, también se encuentra el suministro de medicamentos a las entidades, cuya responsabilidad será exclusividad de la instancia federal y no de las entidades, con lo que a Oaxaca prácticamente se le quitaría la capacidad de administrar 600 millones de pesos anuales para compra de medicinas.
Según los Servicios de Salud de Oaxaca son once las empresas que suministran medicamentos en la entidad, sin embargo, con la reforma hacendaria se retornaría al centralismo administrativo federal y el riesgo de un mayor desabasto de fármacos.
Lo anterior dio a conocer el secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad, Mario Félix Pacheco, quien advirtió que de aprobarse en su totalidad la reforma hacendaria planteada por Peña Nieto, traería consigo efectos colaterales para todas las instituciones y los más afectados serían los miembros de las clases sociales mayormente desprotegidas.
En este orden, Félix Pacheco informó que este miércoles por la tarde el comité ejecutivo de la Sección 35 del SNTSSA sostendrá reunión con integrantes de la comisión permanente de salud de la LXII Legislatura Federal para solicitar el finiquito de la primera y segunda etapa de trabajadores regularizados de plazas precarias, así como la rezonificación y recodificación de los empleados de los Servicios de Salud de Oaxaca.
Agregó que también solicitarán al senador, Benjamín Robles Montoya que retome sus compromisos de campaña con la base trabajadora de los SSO, mismos que comprenden las peticiones que presentarán ante legisladores federales.
Requerimos que los sueldos de más de 4 mil trabajadores regularizados de plazas precarias sean pagados por recursos que destine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no a través del Seguro Popular, pues de mantenerse esta dinámica se podría colapsar el programa de asistencia social, culminó.