Por: Gildardo Mota

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca llevó a la quiebra a una veintena de proveedores oaxaqueños, a quienes les adeuda desde el proceso electoral de 2013 en el que se renovó la Cámara de Diputados del Estado y los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.

El monto de la deuda a los comerciantes locales asciende alrededor de 1 millón 200 mil pesos, entre los que se debe la comida para los trabajadores del órgano electoral durante las elecciones pasadas que proveyeron las empresarias Karla y Carmelita Rosete. Deben también la construcción de la sala de sesiones del Consejo General del IEEPCO, el servicio mecánico automotriz y hasta las llantas de los vehículos del instituto.

Tanto a proveedores foráneos y locales, el año pasado la deuda del órgano electoral ascendía a cerca de 15 millones de pesos; y en lo que va de este 2014, ya suman dos millones de pesos más. Por ejemplo, a la tortería “Torti Lunch”, ubicada a un costado de las oficinas centrales del instituto le adeudan alrededor de 80 mil pesos. Incluso, deben dinero a la empresa que elaboró las urnas en el proceso electoral de 2013.

La deuda se ha vuelto insostenible porque la Secretaría de Finanzas no aumentó el techo financiero al órgano electoral; pero sobre todo, por los gastos onerosos del Consejo General cuya responsabilidad administrativa y penal recae en el director general del IEEPCO, Isidoro Yescas Martínez.

En primer lugar, se rentaron más edificios para el proceso electoral de los que se habían rentado anteriormente, para armar oficinas de lujo para los partidos políticos que nunca se usaron. Uno de ellos, es el ubicado en la calle primera privada de Pinos esquina con Escuela Naval Militar. Algunas de las bodegas que se rentaron son propiedad de familiares y amigos de la directora de Administración del IEEPCO, Teresita de Jesús Heredia Arrona.

En segundo, los seis consejeros ciudadanos se autorizaron un aumento de sueldo del 10 por ciento y prestaciones laborales como seguro social, Infonavit, aguinaldo, etcétera. Mientras que a los trabajadores se les ha negado el incremento salarial del cinco por ciento que anualmente se les otorgaba y ninguno de ellos tiene seguridad social.

Además, se han repartido áreas administrativas del instituto, como es el caso del consejero ciudadano y presidente de la Comisión de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas del IEEPCO, Víctor Manuel Jiménez Viloria, a quien se le otorgó la Unidad de Quejas para darle trabajo a sus allegados con salarios que van desde los 20 mil a 30 mil pesos mensuales. Karina Morales, por ejemplo, con quien Jiménez Viloria espera su segundo hijo, trabaja en esta unidad con un sueldo cercano a los 30 mil pesos mensuales.