Por: Gildardo Mota
Recursos adicionales por un monto de dos millones de pesos fueron escamoteados por la titular de la Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, Bertha Ruth Arreola Ruiz, cuyo financiamiento fue destinado en diciembre de 2014 en calidad de bono para 120 Defensores de Oficio.
Según el oficio SF/SUBSRIAEGRESOS/5719/2014 de la Secretaría de Finanzas, fechado el 10 de diciembre, suscrito por el Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Presupuesto, Jorge Carbonell Caballero, refiere a la titular de la PRODI que el beneficio de los recursos adicionales de 2 millones de pesos, correspondiente al rubro de servicios personales (bono) pueden obtenerlo los Defensores de Oficio que se encuentren en activo.
El mismo documento establece que la PRODI debió coordinarse con la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo para el trámite de dicho recurso, sin embargo, Bertha Ruth Arreola Ruiz actuó en forma desaseada al administrar discrecionalmente los 2 millones de pesos.
Y es que de haberse transparentado la aplicación del citado recurso, a cada Defensor de Oficio se le habría asignado un bono de 16 mil 666 pesos, sin embargo, Arreola Ruiz no entregó el citado apoyo a ocho Defensores, en tanto que algunos les asignó 11 mil 500 pesos y a otros 4 mil pesos.
No conforme con escamotear el dinero del bono a los 120 Defensores de Oficio de la PRODI, Arreola Ruiz desvió parte del recurso para favorecer a incondicionales como son los casos de su consuegro, Alejandro Eugenio Pascual y su secretaria, Luisa Reyna Alonso.
Otro caso en donde favoreció con el citado bono a incondicionales es el de Xóchitl Judith Lavariega Díaz, ex secretaria del Ministerio Público adscrito al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” y supuesta Defensora de Oficio, en contra de quien existen más de 99 denuncias penales por los delitos de abuso de autoridad, coalición de funcionarios y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Las denuncias que también involucran a la titular de la PRODI, fueron presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en la primera semana de diciembre de 2014 por ahorradores defraudados por el Corporativo Azteca de Huajuapan S.C de R.L.