· Fueron expulsadas tras denunciar cobró de cuotas en tienda LICONSA
· Segego y Fiscalía han atendido petición para intervenir en el caso
· Autoridades de la agencia de policía no han respondido

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca indaga posibles violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades municipales de la agencia de policía Santiago Progreso, perteneciente al municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, en contra del ciudadano F. C. M. y su familia, quienes fueron expulsados de su comunidad.

Ante la Defensoría compareció F. C. M. para interponer una queja en contra de los representantes de la agencia de la policía de Santiago Progreso por haberlo expulsado a él y su familia de la comunidad.

La expulsión se dio en 2014, después de que durante meses el agraviado y sus hermanos fueron encarcelados en diversas ocasiones bajo el argumento de negarse a pagar multas, lo que origino que fueran hostigados y amenazados con agresiones físicas, además de que eran multados continuamente en forma arbitraria, con sanciones que iban desde los 340 pesos hasta los cinco mil.

El quejoso F. C. M. señaló que la causa que motivó las agresiones hasta ocasionar la expulsión de él y su familia fue una denuncia que hizo su madre –ante representantes de la Coordinación de Desarrollo Social– respecto a que las vocales locales de la tienda Liconsa pedían a las beneficiarias una cooperación de 10 pesos.

El quejoso refirió que al ser expulsado de su casa, sus bienes, animales y parcelas quedaron en manos de los representantes de la agencia de policía de Santiago Progreso, y que aprovechándose de esta circunstancia, vecinos de la agencia de policía han vendido algunos de sus animales, han marcado otros para quedárselos, además de cosechar y consumir sus cultivos.

El agraviado recurrió a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno (Segego) del estado para que intervinieran, y a raíz de sus solicitudes, en noviembre de 2014, se realizó una reunión con las autoridades estatales y las municipales en la que se acordó que F. C. M. y su familia podrían regresar a la comunidad, después de que pagaran una multa de cien mil pesos en un plazo no mayor a tres días.

Sin embargo, pese a que pagaron la multa, el acuerdo de retorno a la comunidad no se cumplió y las autoridades estatales no dieron mayor seguimiento al caso, por lo que el agraviado F. C. M. recurrió a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca para que sus derechos les sean restituidos.

Ante ello, la Defensoría inició el expediente de queja DDHPO/64/RCP/(26)/OAX/2015 para indagar las posibles violaciones a los derechos humanos del quejoso, además de emitir medidas cautelares con el fin de proteger los derechos a la circulación y residencia, al debido proceso y a la seguridad jurídica del agraviado y su familia.

Además, el organismo defensor solicitó la colaboración de la Segego para que implemente las acciones necesarias para lograr el retorno del señor F. C. M. y su familia a la comunidad de Santiago Progreso en un ambiente digno y seguro. La Defensoría también pidió la colaboración de la Fiscalía General de Justicia para que rinda un informe detallado sobre el avance de la investigación relativa a estos hechos.

Asimismo, el organismo defensor pidió al ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional que informe al organismo sobre las acciones que motivaron la queja.

Sin embargo, pese a la respuesta de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía el conflicto persiste, pues la Defensoría del Pueblo de Oaxaca informó que los representantes de la agencia de policía de Santiago Progreso no se han presentado a las últimas reuniones programadas, lo que ha provocado que se complique la resolución del conflicto.