* La Comisión de la Verdad pone al descubierto los casos de graves violaciones a derechos humanos, tortura, asesinatos y el aparato del estado para sofocar el movimiento social.

Juan Carlos Zavala

El informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca sobre los hechos políticos y sociales de los años 2006 y 2007 en el estado imputa responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad no sólo al ex gobernador Ulises Ruiz y sus funcionarios, sino también a servidores públicos en el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo; ratifica las violaciones a derechos humanos, asesinatos y desapariciones forzadas; y entre otras cosas, un presunto fraude en el que también está involucrada la Sección 22 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Esta comisión integrada por el sacerdote católico Alejandro Solalinde, el reportero Diego Osorno y Marina Patricia Jiménez, concluyó formalmente sus trabajos de investigación que iniciaron en septiembre del año 2014 y que ascendieron a un costo de más de 18 millones de pesos.
Dieron a conocer su informe final que se centra en la denuncia de las víctimas, el comportamiento del Estado, “evidenciando el empleo de su maquinaria para sofocar el movimiento social de 2006-2007, argumentando el mantenimiento tanto la paz social como el Estado de Derecho”; la actuación de las autoridades en el ámbito de Procuración y administración de justicia. Particularmente, en relación a los Derechos al debido proceso, a la seguridad Jurídica y el acceso a la Justicia.
Así como las consecuencias psicosociales que arrojaron como resultado el que a diez años de distancia “prevalezca un daño psicosocial, tal y como lo manifiestan los testimonios individuales y colectivos; conclusiones y recomendaciones.
El 14 de junio de 2006, tras el operativo del gobierno del estado para desalojar el Zócalo de la ciudad de Oaxaca que mantenía un plantón de maestros de la Sección 22 del SNTE, organizaciones políticas se sumaron a las protestas de los profesores. El objetivo fue exigir la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador; se demandó que se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes.
Tanto los maestros como las organizaciones políticas recurrieron a la toma de edificios de dependencias públicas, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones.
El gobierno de Oaxaca, por su parte y según la Comisión de la Verdad recurrió a “todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada”.
De acuerdo con el informe, se instrumentaron diversos operativos coordinados por instituciones de seguridad estatales y después, a través de la coordinación entre instituciones estatales y federales.
Tras la aprobación de la intervención de la PFP en Oaxaca el 28 de octubre de 2006. Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.
La mayor conclusión de la Comisión de la Verdad de Oaxaca es que el Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.
“La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
El informe agrega que además de emplear mecanismos de “represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios y alternativos”, el aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación, como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social.
“Al respecto, la CVO (Comisión de la Verdad de Oaxaca) pudo establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos públicos”.
En sus registros también aparece que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información.
Y presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Las fuentes de la Comisión de la Verdad

Las afirmaciones de la Comisión de la Verdad de Oaxaca están sustentadas casi en su totalidad en testimonios. Para este informe, recabó el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61% fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores.
Además, solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. Por otra parte, menciona los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

Ejecuciones, tortura, desapariciones, impunidad

Respecto a los homicidios de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la Comisión resolvió que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
Esto ya que responden, precisa el informe, a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual.
“Al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades materiales como intelectuales de la misma”.
Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, se detalla, las detenciones fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, según la Comisión, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

Vicente Fox: “Felipe Calderón me presionó”

El ex vicepresidente de la república, Vicente Fox Quesada, declaró a la Comisión de la Verdad que fue presionado por su sucesor Felipe Calderón Hinojosa para enviar fuerzas federales a Oaxaca, por de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial el primero de diciembre de 2016.
“Sin embargo, Fox Quesada asumió la decisión y responsabilidad del operativo efectuado, así como también explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social”.
La Comisión afirma que Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.
“Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014”.

Reparación a las víctimas y fraude

La Comisión de la Verdad informó que hubo dos procesos de reparación hacia las víctimas del conflicto. Uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección XXII mediante negociación con la Secretaría de Gobernación en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos, mismos que fueron destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio durante los años 2006 y 2007 en Oaxaca. Otro es el fondo gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el Gobierno estatal, por 11 millones de pesos para 64 víctimas, que presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una.
De hecho, la Comisión de la Verdad recomendó a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación transparentar los recursos públicos otorgados por el Gobierno federal en la minuta suscrita el 27 de octubre de 2006, e iniciar una investigación en relación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 No. F/2001442.
De acuerdo a las investigaciones realizadas se presume la existencia de un fraude cometido en la administración de dichos recursos. Este fideicomiso fue administrado por un comité integrado por representantes de la Sección XXII y la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Pero ambos, precisa el informe, se desarrollaron de manera incompleta, parcializada, sin garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo cual en lugar de reparar el daño contribuyó a la división y confrontación entre víctimas, ya que estuvieron enfocados principalmente a la indemnización económica, sin considerar premisas aún más relevantes para la reparación del daño, como lo serían la investigación eficaz de los acontecimientos que vivió Oaxaca en el 2006-2007, con la publicación y difusión de la verdad sobre esos hechos, el juicio y sanción a los responsables, la realización de medidas de carácter simbólico para las víctimas y la comunidad, así como el establecimiento de medidas que garantizaran la no repetición de violaciones a derechos humanos.
“La enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la CVO coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral.
“Ambas cosas fueron parte de las promesas del gobierno de la alternancia. Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario, los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática”.
Además, sostiene que no hubo un real aporte para la justicia transicional durante el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pese a que se creó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social y esta misma Comisión de la Verdad.
Esto, porque estas acciones no fueron acompañadas de un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, así como de judicialización de los perpetradores; esto ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007.

Los responsables

La Comisión de la Verdad recomendó retomar las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública.
Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.
“Estos delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es necesario señalar que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos”.
Además, recomendó a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño.
“En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes”.
Asimismo, se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.
La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
En la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso Oaxaca 1/2007, se establece la responsabilidad de los siguientes funcionarios: Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores. La depuración del personal de las instituciones públicas, en particular en los sectores de seguridad y justicia, es uno de los componentes de una estrategia efectiva y legítima de justicia transicional.
“La Comisión de la Verdad recomienda al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios, (entre ellos el actual Fiscal General del Estado de Oaxaca, Joaquín Carrillo) que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007, según las investigaciones de esta Comisión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos nombramientos han fomentado y consolidado la impunidad, además de que han sido un factor que ha inhibido a las víctimas a buscar la verdad y justicia”.