• Mediante nueva reforma el Poder Ejecutivo pretende encubrir y evadir quebranto millonario al Fondo de Pensiones.
Por: Gildardo Mota
Un quebranto superior a los 300 millones de pesos pretende encubrir y evadir el Gobernador Gabino Cué Monteagudo mediante una nueva iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, propuesta que fue presentada en la última semana de marzo del año en curso.
El planteamiento del Poder Ejecutivo que perjudica a miles de empleados de base y confianza contempla suprimir el segundo párrafo del artículo séptimo de la Ley de Pensiones, con lo que prácticamente se deslindaría de la obligación de cubrir el déficit que registre el Fondo de Pensiones y dejaría toda la responsabilidad financiera a la base trabajadora para subsanar el quebranto.
Y es que luego de que jubilados y pensionados del Gobierno del Estado ganarán el amparo en contra de la aplicación de la Ley de Pensiones para Trabajadores del Gobierno del Estado, reformada y aprobada el 28 de enero de 2012 por la LXI Legislatura Local, en donde se les obligaba a seguir aportando una cuota del 9 por ciento de sus pensiones al citado Fondo, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo reculó, pero sólo para preparar otra reforma lesiva a los derechos laborales.
La Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado en los últimos cuatro años ha registrado dos reformas hasta la fecha, la primera que se realizó el 28 de enero de 2012 en medio de la protesta de un grupo de trabajadores de base inconformes y la segunda, el 12 de noviembre de 2013, ésta última derivada de los juicios de amparo que interpusieron cientos de jubilados y pensionados.
Actualmente, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo pretende reformar los artículos 7, 15, 18, 52 y 54, fracciones 1, 57 y 64, así como los artículos transitorios quinto y octavo publicados el 28 de noviembre de 2013, y derogar la fracción III y IV del artículo 6, todos de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, aprobada y publicada el 28 de enero de 2012.
En su propuesta de reforma al artículo 7 de la Ley de Pensiones, el Ejecutivo establece: El Director General de la Oficina de Pensiones, deberá realizar cada tres años un estudio actuarial, el cual se presentará al Consejo Directivo para su conocimiento y si el mismo, arroja como resultado que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta ley, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo y del Congreso del Estado, para realizar las adecuaciones que garanticen la estabilidad y suficiencia financiera del sistema de Pensiones del Estado.
Sin embargo, la Ley de Pensiones aprobada en enero de 2012, en el mismo artículo contempla que el Director General de la Oficina de Pensiones deberá realizar cada año un estudio actuarial, en tanto que en su segundo párrafo, que pretende suprimir el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, establece claramente:
“Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que las aportaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, las cuotas de los trabajadores, jubilados y pensionados, los rendimientos del Fondo de Pensiones y demás recursos que no bastaren para cubrir las pensiones y otras prestaciones previstas en este ordenamiento, el déficit que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio Gobierno del Estado de Oaxaca”.
Pero la realidad es otra, pues desde el 28 de enero de 2012 los integrantes de la LXI Legislatura Local, cuya mesa directiva encabezó en ese momento el diputado del PRD, Francisco Martínez Neri, incumplieron con el punto de acuerdo 168, en el cual se ordenó al Ejecutivo rendir cuentas sobre el estado financiero del Fondo de Pensiones e incluso iniciar procesos penales en contra de funcionarios involucrados en un posible quebranto al mismo.
Y es que el Gobierno del Estado, que supuestamente realiza una aportación del 18.5% al Fondo de Pensiones, que se suma al 9% que aportan de sus sueldos cada empleado, nunca ha informado a la base trabajadora o la Cámara Local de Diputados sobre el estado financiero del Fondo, únicamente y como referencia reciente, en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, en su artículo 32 refiere que el Ejecutivo destinó 244 millones 450 mil 590 pesos para la operación del mismo.
Durante los últimos cuatro Gobiernos Estatales el Fondo de Pensiones ha registrado saqueos por parte de funcionarios y diputados locales, algunos adquirieron préstamos quirografarios e hipotecarios que nunca solventaron y otros se jubilaron y pensionaron sin cumplir la Ley de Pensiones vigente hasta antes del 28 de enero de 2012, estos pendientes pretende el Ejecutivo cargarlos a cuenta de la base de trabajadora.
Por lo anterior, el Ejecutivo pretende con la nueva reforma que el Fondo de Pensiones opere únicamente con las cuotas de los trabajadores, esto tras su fracaso al pretender lesionar los derechos adquiridos de jubilados y pensionados, aunque en el artículo 54 de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones contempla la reducción de sus prestaciones sociales.
El contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones ha inconformado a diversos sectores de trabajadores de base, quienes incluso ya se han entrevistado con integrantes de la LXII Legislatura Local para solicitar que no se permita su aprobación por ser lesiva a sus derechos.
Contrario a la inconformidad que manifiestan grupos de empleados de base, el secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, Felipe Noel Cruz Pinacho se limita a declarar que dicha iniciativa de reforma no lesiona los derechos laborales, asumiendo un posición patronal y no de representante sindical, como lo han hecho anteriores dirigencias.
La voz de la inconformidad.
El 29 de junio del año en curso un grupo de 89 empleados de base encabezados por la delegada sindical en la Secretaría de Administración, Yolanda Núñez Miguel, presentaron un escrito dirigido a los integrantes de la mesa directiva de la LXII Legislatura Local, en el cual manifiestan su inconformidad por el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, en particular la supresión del segundo párrafo del artículo séptimo que pretende realizar el Ejecutivo.
En el documento exponen que no existe certeza que el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas haga llegar sus aportaciones del 18.5 por ciento prevista en el artículo 6 de la referida Ley, por lo que corresponde al 9 por ciento de las aportaciones de los trabajadores, señalan que existe un retraso en el cómputo de las mismas que se realiza en la Oficina de Pensiones.
Aseguran que no se cumple con la realización del estudio actuarial como se prevé en el artículo 7, primer párrafo, lo cual genera un ambiente de inseguridad para los trabajadores que aportan al Fondo de Pensiones, ya que quienes administran el Fondo constantemente declaran ante medios de comunicación que el mismo está a punto de colapsarse económicamente.
También manifiestan inconformidad por el intento de suprimir el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Pensiones, ya que éste, refieren los empleados en su escrito, es el que les concede certeza jurídica y social, “ya que al momento de tener el carácter de jubilados, dejamos de recibir atención médica del IMSS, pues nos encontramos inscritos como trabajadores en activo para recibir sólo el servicio de enfermedades y maternidad, sin gozar de los beneficios de contar con el régimen obligatorio por parte de dicha institución”.
Los empleados en referencia solicitaron ser escuchados durante la discusión y análisis de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, petición que se suma a la de otro grupo que son representados por el abogado Israel Ochoa Lara, quienes además exigen se retire la iniciativa de reforma.
De acuerdo a la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, cuya copia obra en poder de este medio informativo, con respecto al artículo 7 contempla únicamente el primer párrafo que establece:
“El Director General de la Oficina de Pensiones, deberá realizar cada tres años un estudio actuarial, el cual se presentará al Consejo Directivo para su conocimiento y si el mismo, arroja como resultado que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta ley, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo y del Congreso del Estado, para realizar las adecuaciones que garanticen la estabilidad y suficiencia financiera del sistema de Pensiones del Estado”.
La intención de suprimir el segundo párrafo por parte del Ejecutivo obligó al Director General de la Oficina de Pensiones, José Luis Abad Guzmán, a extralimitarse en sus funciones al enviar un escrito el 26 de abril a los integrantes de la LXII Legislatura Local en donde supuestamente corrige al Gobernador y señala:
Es necesario precisar a ese Honorable Congreso del Estado que únicamente se pretende reformar el primer párrafo del artículo 7, en lo que corresponde al periodo de realización del estudio actuarial, quedando el segundo párrafo sin reforma alguna, por lo cual el referido artículo deberá quedar de la siguiente manera:
Artículo 7.- El Director General de la Oficina de Pensiones, deberá realizar cada tres años un estudio actuarial, el cual se presentará al Consejo Directivo para su conocimiento y si el mismo, arroja como resultado que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta ley, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo y del Congreso del Estado, para realizar las adecuaciones que garanticen la estabilidad y suficiencia financiera del sistema de Pensiones del Estado.
Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que las aportaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, las cuotas de los trabajadores, jubilados y pensionados, los rendimientos del Fondo de Pensiones y demás recursos que no bastaren para cubrir las pensiones y otras prestaciones previstas en este ordenamiento, el déficit que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio Gobierno del Estado de Oaxaca.
Con el citado escrito, el Director General de la Oficina de Pensiones exhibe al Consejero Jurídico del Ejecutivo, Víctor Hugo Alejo Torres y de paso al Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, pues contradice lo expuesto en la citada iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones con respecto al contenido del artículo séptimo.
De su parte, la delegada sindical ante la Secretaría de Administración, Yolanda Núñez Miguel consideró que suprimir el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Pensiones no sólo en desamparo a los trabajadores sino también a sus familias, pues el Gobierno del Estado evadiría su responsabilidad, al ser sus representantes en turno los saqueadores de dicho Fondo.
Sostuvo que hasta la fecha no existe claridad sobre la administración de los recursos del Fondo de Pensiones, pese a que la LXI Legislatura Local emitió un punto de acuerdo el 28 de enero de 2012 mediante el cual se solicitó al Ejecutivo aplicar una auditoría, realizar una rendición de cuentas ante el pleno de la Cámara de Diputados e iniciar procedimientos penales en contra de funcionarios que defraudaron al Fondo.
Antiguos directores del Fondo de Pensiones concedieron a funcionarios y diputados locales préstamos superiores a los 300 mil pesos sin que los finiquitaran y repusieran al Fondo, hemos observado a empleados de base y confianza que se jubilan sin que cubran los años de aportación al Fondo como la establece la Ley, abundó.

Gobierno del Estado, responsable del quebranto;
STPEIDCEO, el alcahuete: Jaime Mayoral.

Para el abogado especialista en materia laboral, Jaime Mayoral Gómez el responsable del quebranto al Fondo de Pensiones es el Gobierno del Estado, cuyo saqueo ha sido encubierto, dijo, por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, cuya representación la calificó de charra.
Mayoral Gómez dijo que la intención de suprimir el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Pensiones para Trabajadores del Gobierno del Estado es la de evadir responsabilidad por parte del patrón y dejar toda la carga financiera a la base trabajadora.
El Gobierno del Estado con el solo hecho de admitir que no hay liquidez evadiría una responsabilidad de subsanar cualquier quebranto al Fondo de Pensiones, la iniciativa que envió el Ejecutivo es una copia de la reforma que se aplicó al ISSSTE, cuyo Fondo prácticamente opera con las cuotas de los trabajadores, añadió.
Con la reforma de enero de 2012 que se realizó al Fondo de Pensiones se incrementaron las aportaciones de los trabajadores y se pretendió obligar a los jubilados y pensionados continuar aportando al Fondo, sin embargo, mediante amparos lograron revocar algunos artículos lesivos a sus derechos, hoy el Gobierno del Estado intenta nuevamente reducir prestaciones sociales, explicó Mayoral Gómez.
La iniciativa de reforma al Fondo de Pensiones representa una agresión a los trabajadores, quienes desafortunadamente carecen de una representación sindical real y de valor, pues los integrantes del Comité Ejecutivo del STPEIDCEO asumen una actitud charra, de defensa por los derechos del patrón y no de sus representados, aseveró.
Mayoral Gómez expuso que los trabajadores, al carecer de una representación sindical honesta y de lucha, deberán realizar una lucha política ante la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, así como impulsar una defensa jurídica ante instancias federales en caso de que la iniciativa sea aprobada.
Será un camino difícil, pero consideró que el más viable es la lucha política, promover y difundir la información del contenido lesivo de la iniciativa, movilizar las bases, tal y como lo han hecho integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque algunos no compartan con sus acciones, pero son los únicos que se han opuesto a reformas retrógradas planteadas por el Ejecutivo Federal, sugirió Mayoral Gómez.
¿La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado representa alguna ayuda?.
No, esa Junta es una burla, es un empleado del patrón, son gatos de azotea, pusieron la iglesia en manos de Lutero, es lo peor que puede existir.
¿Qué opina de Gabino Cué y la iniciativa que envió a la LXII Legislatura Local?.
Este Gobierno, el de Gabino Cué, es uno de los que ha actuado con mayor virulencia en contra de los trabajadores y a través de la propia Junta de Arbitraje, desapareció el Sindicato Solidaridad. Al actual Gobernador le molesta que los empleados recurran al amparo, que lo evidencien, no tolera que los trabajadores defiendan sus derechos en tribunales.
¿El Gobierno del Estado es responsable del quebranto al Fondo de Pensiones?.
Así es, nunca rinden cuentas, es algo parecido al Fondo de Administración de Justicia, todo el dinero de fianzas, multas y depósitos se lo roban, nadie sabe su destino, el Fondo de Pensiones está peor.
Falta despertar de conciencia en la
base trabajadora: Aquino Aragón.
A la base trabajadora le hace falta de despertar de conciencia sindical para evitar que sus derechos sean vulnerados y que el Gobierno del Estado evada su responsabilidad sobre el manejo de los recursos del Fondo de Pensiones, aseguró el abogado laborista Antonio Aquino Aragón, quien ganó cientos de amparos a favor de jubilados y pensionados contra la Ley de Pensiones aprobada el 28 de enero de 2012.
Aquino Aragón compartió la opinión de Mayoral Gómez al considerar que nuevamente el amparo sería el camino legal para la defensa de los trabajadores en caso de que la LXII Legislatura Local apruebe la iniciativa de reforma al Fondo de Pensiones, sin embargo, también coincidió en la lucha política y la movilización como esquema de batalla.
Opinó que también estaría al alcance un juicio de nulidad ante el Tribunal de los Contencioso y Administrativo, aunque dijo que habría que ver cómo ver el acto, ubicar a quien perjudica y accionar jurídicamente, pero eso sí, sin engañar al trabajador.
Por eso insisto en que la parte política es importante, los trabajadores o sus representantes tienen que hablar con los Diputados, tienen que hacer ver y sentir su inconformidad.
Los trabajadores deben estar pendientes de cualquier intención de reforma, los diputados locales están acostumbrados al madruguete, tal vez ya no les alcance el tiempo para reforma el Fondo de Pensiones, aunque todo puede suceder, por eso hay que presionar y movilizarse para evitar otra agresión, manifestó.
El Fondo de Pensiones se administra discrecionalmente por los gobernantes y funcionarios en turno, no rinden cuentas, siempre dicen que hay un faltante, pero no son claros, no asumen su responsabilidad, continúan utilizando el Fondo como caja chica y dejan a los empleados endrogados, refirió Aquino Aragón.