Por: Gildardo Mota
Ex funcionarios del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca y de los Servicios de Salud de Oaxaca, involucrados en desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias estarían laborando en el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Rafael Moreno Valle, esto por “invitación” del Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.
Se trata de César Figueroa Hernández y Carlos Tito Rangel Hernández, el primero ex sub director de Personal y ex Director de Administración y el segundo, ex Sub Director de Finanzas, quienes se identifican como ahijados políticos de Roberto Pedro Martínez, actual asesor jurídico del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, los citados ex funcionarios de los SSO y del IEBO laboran en el área de Cultura del gobierno poblano.
A César Figueroa Hernández se le ubica como supuesto propietario de la comercializadora Globa del Barrio S.A. de C.V., ubicada sobre la calle de Rayón, en la Ciudad de Oaxaca, cuya empresa se encuentra involucrada en el lavado de 8 millones de pesos mensuales correspondientes a la lista de raya de los Servicios de Salud de Oaxaca, en cuya acción ilícita se vincula a su socio y asesor de la dependencia, José Antonio Correa Argüello.
Antes de asumir el cargo de jefe administrativo en los SSO, Figueroa Hernández se desempeñó en similar cargo, pero en el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca, en donde se le investigó por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por un desvío de cerca de 15 millones de pesos, sin embargo, nunca fue cesado del cargo, tampoco inhabilitado y menos sancionado penalmente.
De acuerdo a fuentes cercanas a los SSO, Figueroa Hernández y Rangel Hernández, éste último quien adquirió su libertad bajo fianza luego de ser detenido por enriquecimiento ilícito, son protegidos de Roberto Pedro Martínez, ex Procurador General de Justicia del Estado durante el Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano.
Los aliados de la corrupción en Salud.
Pero no sólo los casos de César Figueroa Hernández y de Carlos Tito Rangel Hernández son emblemáticos de la corrupción que imperó en los Servicios de Salud de Oaxaca durante la administración del célebre Germán Tenorio Vasconcelos, a los anteriores se suma una mafia de funcionarios de mandos medios que adquirieron fortuna a expensas de la salud de los oaxaqueños.
Raquel García Martínez, Jefa de la Unidad de Servicios al Personal y prima hermana de Marina Martha Martínez Tamayo, ex funcionaria administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca, adquirió vehículos, casas y hasta edificó una salón para eventos sociales en la agencia de Pueblo Nuevo, perteneciente a la Ciudad de Oaxaca, sus negros antecedentes ya han sido referidos por este medio en anteriores entregas informativas.
Otros casos son los hermanos Indalecio y Dagoberto Ríos Pérez, el primero fue Jefe de la Unidad de Finanzas de los SSO y el segundo, actual administrador del Hospital de San Pablo Huixtepec, ambos poseen salones para eventos sociales en Santa Cruz Xoxocotlán, así como vehículos de lujo y otras propiedades.
La llegada de Hugo Alberto Espinosa Morales a la Sub Dirección de Administración y Finanzas de los SSO, permitió que la mafia se acrecentara, pues dicho funcionario premió a su “asistente personal”, Laura Velásquez, con un vehículo del año y una base con rama de paramédico, sin cumplir el perfil.
Otros funcionarios que gozan de los privilegios del presupuesto de los SSO, son: Sergio Félix Mendoza Benítez, Director de Administración; Genoveva Juárez, secretaria de la Jefa de la Unidad de Servicios al Personal; Roberto Carlos Martínez López, primo de Raquel García Martínez y Jefe de Relaciones Laborales; Marco Antonio Fuentes del Toro, Jefe de Recursos Humanos y Soledad Meinguer, Jefa de Operaciones y Apoyos.
A los anteriores, se agrega el caso singular de Margarito Ordaz Carrasco, funcionario administrativo de menor rango, quien saca provecho de su “amistad” con el jurídico de los SSO, Martín Mario Méndez.
Todo este grupo de funcionarios corruptos son liderados por José Antonio Correa Argüello y organizados por el Director Administrativo de los SSO, Rubén Celestino Portillo Mijangos.
Para variar, Merced Chávez, consuegra del encargado del despacho de los SSO, Héctor González, recibió un código de base y una compensación de 60 mil pesos mensuales, misma que labora en el área de contabilidad al lado Brenda Karina Ferra Tovar, quien en el pasado fue inhabilitada por incurrir en irregularidades administrativas.