Por: Gildardo Mota
Por exigir un informe sobre el estado financiero que presenta el Fondo de Pensiones, el cual se contempla en la Ley de Pensiones para Empleados del Gobierno del Estado, el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo a través del que fuera Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela y del Director Administrativo de dicha Secretaría, Pablo Arturo Negrete Santiago, crearon dos actas circunstanciadas que derivarían en el cese laboral de 52 delegados del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, así como de un empleado de base sindicalizado.
Las actas circunstanciadas se iniciaron a las siete horas con cincuenta minutos del 25 de noviembre del año en curso en los complejos identificados como Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa con motivo de la manifestación que realizaron cientos de empleados de base en demanda de la rendición de cuentas del Fondo de Pensiones, cuya exigencia días antes inició el secretario general del STPEIDCEO, Felipe Noel Cruz Pinacho.
En documento, cuya copia obran en poder de este periodista, Negrete Santiago manifiesta la existencia de bloqueo a Ciudad Judicial en las puertas uno y dos por parte de 120 personas, a las que supuestamente identificó como personal de base de las distintas dependencias y entidades paraestatales, al mismo tiempo argumenta el impedimento de labores en dicho centro.
Negrete Santiago, en calidad de Director Administrativo de la Secretaría de Administración firmó el acta circunstanciada correspondiente a Ciudad Judicial con el apoyo de las “testigos”, Diana Ricárdez Juárez y María de la Cruz Martínez Esperanza, en tanto que en Ciudad Administrativa, el acta la habría levantado el Director de Recursos Humanos, José Juan Pérez Maya.
El 29 de noviembre, d os días antes de que Alejandro Murat Hinojosa asumiera el Poder Ejecutivo, las notificaciones fueron enviadas por la Secretaría de Administración a los jefes administrativos de cada centro laboral al que pertenecen los delegados sindicales que se manifestaron el 25 de noviembre, cuyas copias también posee este periodista.
Cabe citar que la manifestación del 25 de noviembre fue acordada por la base trabajadora ante la preocupación de un posible quebranto al Fondo de Pensiones, sin embargo, ese mismo día a través de redes sociales, la secretaria de Actas y Acuerdos del STPEIDCEO, Virginia Carreño envió a las 7:40 horas mensajes para informar que por instrucciones del comité ejecutivo sindical se suspendían labores en los complejos de las Ciudades Administrativa y Judicial, entrampando así a los manifestantes.
Es preciso señalar que Cruz Pinacho manipuló el tema del Fondo de Pensiones para congraciarse con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y desmarcarse del tráfico de plazas y atropellos a trabajadores que se registraron durante el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
Y es que Cruz Pinacho es Consejero del Fondo de Pensiones y por lo tanto conocedor de la problemática financiera que impera en el Fondo de Pensiones, sin embargo, optó por manipular la información y sacrificar a un grupo de delegados sindicales que no comparten con la forma en cómo se conduce el comité ejecutivo del STPEIDCEO.
Ante el inicio del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, empleados de confianza de la Secretaría de Administración se han reservado la entrega de notificaciones de recisión laboral a la mayoría de los delegados sindicales, sin embargo, copias de estos documentos se encuentran poder de los jefes administrativos de cada dependencia.
Los jefes administrativos, una vez que se notifique a cada delegado y empleado de base, procederían a elaborar sus respectivas bajas, cuyos espacios aprovecharía el secretario general del STPEIDCEO, Felipe Noel Cruz Pinacho, para ofertarlos en forma individual hasta en 300 mil pesos, es decir, la dirigencia sindical no sólo se sacudiría a un grupo de delegados inconformes, sino además estaría previendo un negocio de 15 millones de pesos.
La lista de delegados sindicales que serían cesados en forma injusta la conforman: Julián Estrada Lara, Guillermina Teresa Reyes Montes, Alonso Alberto López García, Luis Alberto Ramos Castellanos, Jesús Fabián Velasco Hernández, Irma Sandra Luis López, Alberto Gómez Castellanos, Blanca Luz Navarro García, Sergio López Martínez, Yolanda Dolores Sandoval Román, José García Arnaud, Rosela Judith Hurtado Hernández, Xochitl Vera Martínez, Isabel Díaz Gómez, Yadira Aguilar Ramos, Carlos Arturo García Luna, José Alberto Soriano Jiménez, Reynaldo Pérez López, Carlos Javier Martínez Ramos, María Antonieta Méndez Sánchez, Carlos Eduardo Salazar García y Carlos Jesús Lázaro Cruz, todos ellos de la Secretaría de Finanzas.
Francisco Ortiz Vásquez, Karla Indira Mingo Webher, Enrique Martínez Irala, Verónica Hernández Irala, Héctor Mario Hernández Cruz, Blanca Estela Avendaño Ramírez y Francisco Rodrigo Vicente, delegados de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable.
Ninfa Cruz Cruz, Eduardo Nicolás Chávez Sánchez, Vicente Cuevas Orozco, José Antonio Mijangos Rodríguez, Mauro Gregorio Bartolo y Emilio Cruz Jacinto, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura.
Inés de la Cruz Pérez Cruz, Javier Arrieta López, Enriqueta Yolanda Ojeda Otamendi y Fidela Mendoza Santiago, de la Comisión Estatal de Vivienda. Gonzalo Cortés Mendoza, Blanca Martínez Espinosa, Rogelio García Morales y Minerva Miguel Ibañez, de la Comisión Estatal del Agua.
Wilberto Toledo Piñón, María Delia Gómez García y Armando Javier Sánchez Echeverría, de la Fiscalía General del Estado.
Yolanda Núñez Miguel y Angélica Cruz Cruz, de la Secretaría de Administración. Rucia Zárate Vásquez, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Erick Juan Trujillo Sánchez, Gilberto Ávila Jiménez y Blanca Arellano, de la Secretaría der Turismo y Desarrollo Económico, así como el empleado de base de la Secretaría de Administración, Dan Marino Barrios Núñez.
Originario del estado de Veracruz, Pablo Arturo Negrete Santiago, en calidad de Director Administrativo de la Secretaría de Administración, incurrió en tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, cuyos acontecimientos fueron denunciados en su momento por diversos medios de comunicación.
En el acta circunstanciada que inició Pablo Arturo Negrete Santiago en contra de delegados sindicales, se apoyó de su asistente personal y pareja sentimental, Diana Ricárdez Juárez, quien al igual que la otra testigo, María de la Cruz Martínez Esperanza, cuentan con plaza de base, aunque gozan de licencias por tiempo indefinido por realizar actividades de confianza.