Por: Gildardo Mota

Al menos dos ex funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca que cometieron irregularidades administrativas y financieras, que fueron inhabilitados por 10 y 9 años para desempeñar algún cargo público, así como sancionados económicamente con un millón 412 mil y 798 mil 252 pesos, se encuentran laborando en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Se trata de Micaela Guzmán Jiménez, ex administradora del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” y del Hospital de la Niñez de Oaxaca, así como de Francisco Rafael Reyes Velásquez, ex Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los SSO.
Micaela Guzmán mediante resolución del 27 de diciembre de 2013 que emitiera la SCyTG, posteriormente se incorporó como administradora de la Academia Estatal de Policía, cuyo cargo dejó hace un mes para integrarse a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a cargo de José Manuel Vera Salinas, funcionario cercano a la familia Murat Hinojosa, acusado de incurrir en actividades de espionaje.
Por su parte, Francisco Rafael Reyes Velásquez, quien fuera inhabilitado por 9 años, según resolución del 15 de julio de 2014, asumió recientemente la Dirección de Auditoría “A” en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Trascendió que Reyes Velásquez en calidad de funcionario de los SSO, por ser también auditor, se autorizó un bono mensual superior a los 150 mil pesos, incluso llegó a favorecer con un bono similar al entonces titular de la dependencia, Martín Vásquez Villanueva, quien continuó percibiendo este beneficio económico aún después de abandonar el cargo de secretario de Salud en Oaxaca.
Pese a estar inhabilitados y sancionados económicamente, Guzmán Jiménez y Reyes Velásquez continúan viviendo a expensas del presupuesto público, sólo que en dependencias distintas al área de salud.