*Se crea el Órgano Superior de Fiscalización, así como cuatro nuevas leyes y cinco reformas
*Funcionarios y representantes de elección popular obligados a entregar cuentas de recursos públicos
Tras prolongada sesión y por consenso de las cinco fracciones parlamentarias que integran la 63 Legislatura del Estado, PRI, Morena, PRD, PAN y PT; así como diputados de tres partidos PVEM, PUP y PES se logró aprobar el paquete de leyes que dotan de marco legal al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
La LXIII Legislatura que preside la JUCOPO Irineo Molina Espinoza, diputado del partido Morena y cuyo titular de la Mesa directiva es el legislador Samuel Gurrión Matías, del PRI, logró acuerdos de consenso para contar con leyes acordes a las demandas ciudadanas cansadas de actos de corrupción e impunidad de funcionarios públicos y de elección popular, según reconocieron en tribuna diversos legisladores.
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) también está integrada por María de las Nieves García Fernández (PRI); Carol Antonio Altamirano (PRD); Juan Mendoza Reyes (PAN) y Juan Bautista Olivera Guadalupe (PT).
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca es el área técnica del Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y gestión financiera de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos estatales y municipales y organismos públicos autónomos que ejerzan recursos públicos.
La revisión y fiscalización se constreñirá a la Cuenta Pública del año inmediato anterior, así como cuando se advierta la existencia de hechos notorios sobre irregularidades que produzcan daños al erario y a las haciendas de los entes fiscalizables, y las situaciones excepcionales que ésta Constitución y la ley prevean.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca rendirá un informe específico al Congreso local y, en su caso, promoverá las acciones o responsabilidades que correspondan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuenta, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.
El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca será electo por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Para ser auditor se requerirá contar con experiencia de cinco años en materia de control, fiscalización, auditoría gubernamental y de responsabilidades. La ley determinará el procedimiento para su elección.
Durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podría ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señala con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución.
En los mismos términos serán electos los dos subauditores. La ley determinará el procedimiento para su elección, requisitos y funciones.
Se crea también la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca; y la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa que regula el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al ser este órgano el de sancionar las conductas de los hechos derivados de la corrupción.
Otra legislación de nueva creación, es la Ley de Entrega Recepción, que permitirá la continuación del ejercicio gubernamental, la prestación eficiente de los servicios públicos y la entrega transparente del patrimonio y de los recursos públicos.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y de los Municipios de Oaxaca regirá las conductas de servidores públicos, establece un código de ética y las hipótesis en que pueden ser sancionados. Se instituye la Declaración Tres de Tres que obliga a los servidores públicos a realizar sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflicto de intereses.
Se crea una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde se precisa la fiscalización de la cuenta y entes públicos y su gestión financiera y el control y registro del patrimonio.
Los diputados reconocieron el trabajo realizado por las presidentas de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado; Administración de Justicia, Estudios Constitucionales e Instructora: Eva Diego Cruz; Hilda Pérez Luis; Eufrosina Cruz Mendoza y María de Jesús Melgar Vásquez, respectivamente.