La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convocó a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, a vigilar que la restitución de tierras pertenecientes a la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a) y Tuxpan Kuruxi Manuwe, que se lleva a cabo en la localidad de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, se realice con base en el Estado de derecho y respeto pleno a los derechos fundamentales. Este Organismo Nacional subraya la importancia de salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personales, así como otros que pudieran verse obstaculizados con motivo de la ejecución de la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional agrario en diversos juicios, de manera que el procedimiento sea realizado en el cauce de la legalidad, el orden social y la paz. Para llevar a cabo este procedimiento, la CNDH invita a la realización de mesas de diálogo entre la comunidad indígena wixárika, los grupos de personas que actualmente ocupan las tierras, las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Nayarit y de Jalisco, para abrir un canal de negociación y acuerdos entre las partes involucradas. Mediante sendos oficios dirigidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y a las Secretarías de Gobierno de los estados de Jalisco y Nayarit, la CNDH les solicitó privilegiar el respeto y protección de los derechos humanos de la comunidad wixárika, para garantizar su derecho a la restitución de sus tierras. También dirigió un oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, en el cual le solicita que, con el apoyo de las autoridades federales, estatales y/o municipales competentes, se busque el cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Esta Comisión Nacional destaca la relevancia de la labor judicial para el reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión de las tierras en favor de los pueblos originarios y comunidades indígenas, en atención a las obligaciones del Estado mexicano derivadas del Convenio 169 de la OIT, en específico del artículo 14 de dicho instrumento. Conjuntamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la CNDH da seguimiento a la ejecución de dicha sentencia en diversos juicios, radicados en el Tribunal Unitario Agrario número 16 en favor de la comunidad wixárika. Esa sentencia reconoce dicha restitución como parte del ejercicio de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia conforme lo señala el artículo 2°, apartado A, fracciones V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.