Por: Gildardo Mota

Al menos una docena de damnificados del municipio de Asunción Ixtaltepec habrían sido defraudados con monederos electrónicos (tarjetas BANSEFI), supuestamente destinados por el Gobierno Federal para la compra de material para la construcción y reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre.
Y es que las citadas tarjetas BANSEFI no registran fondos, por lo que los beneficiarios suponen que el recurso pudo ser sustraído por empleados de la dependencia. A una semana de la visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se registran nuevamente inconformidades ante el manejo desaseado de la ayuda destinada a los damnificados.
En este escenario, se observa con desconfianza por parte de los pobladores el silencio del Presidente municipal, Oscar Toral Ríos, quien se ha caracterizado por excesos y abusos de poder, cuyo gobierno prácticamente aprovecha la contingencia.
Sobre la plaza principal de Asunción Ixtaltepec fueron colocados cajeros automáticos para poder retirar el efectivo respaldado en las tarjetas BANSEFI, las que en los casos en referencia no registraban recurso económico, esto pese a que cada beneficiario firmó una carta compromiso al momento de recibir el citado plástico para cobro.
De acuerdo a información oficial, las citadas tarjetas serán “recargadas” en noviembre, diciembre y enero, a las personas que registraron pérdida parcial de sus viviendas se les otorgarán 30 mil pesos, en tanto los que perdieron totalmente sus casas se les concederá una ayuda de 120 mil pesos.
Tan sólo los montos económicos que se califican como ayuda oficial resultan una burla para los damnificados, aunado al fraude de las tarjetas sin fondos, ya que los costos de materiales para construcción y de la mano de obra, se encuentran por encima de las irrisorias ayudas del Gobierno Federal.
A lo anterior, habría que agregar el negocio que ya realizan con la venta de materiales empresas locales y regionales identificadas con el PRI y la clase gobernante en turno, quienes a pesar de comprometerse a conceder descuentos hasta del 20% para los damnificados, éstos sacan provecho de la contingencia.
Ante la serie de abusos y fraudes que se vienen cometiendo en la zona del Istmo, diversos activistas no descartan el registro de estallidos sociales.