• Realizan en San Lázaro el encuentro “Agenda Legislativa para Ciudades Seguras y Desarrollo Metropolitano”

• Mujeres, principal población en riesgo, especialmente en transporte público: expertos

24-01-2019.- La presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), aseguró que la falta de un marco regulatorio, estructura financiera y planeación ha impedido el avance en la lucha por lograr ciudades mejores y sustentables.

Ejemplo de ello, dijo, es la zona del Valle de México, que registra 35 millones de viajes metropolitanos diarios, de acuerdo con la encuesta “Origen- Destino del 2017”.

Durante el encuentro “Agenda Legislativa para Ciudades Seguras y Desarrollo Metropolitano”, resaltó la relevancia de abundar en esta materia, porque 80 por ciento de la población en México vive en ciudades, lo que implica un enorme reto y prioridad en las políticas públicas.

Subrayó que hablar de gobernanza de las metrópolis es sencillo, pero llevarlo a la práctica es difícil; requiere de voluntad política y talento técnico. “Lo que se busca es lograr ciudades sustentables, inclusivas y seguras para todos, ya sean automovilistas, peatones o ciclistas”.

Destacó que para las mujeres la primera preocupación en el transporte público es la seguridad, especialmente lo que está relacionado con acoso sexual, violaciones, abusos y robos. “No podemos seguir viviendo en ciudades donde somos vulnerables, donde salimos y nos sentimos en riesgos”.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena), secretario de la Comisión, consideró que “no habrá policía que alcance para atender la inseguridad” si no se comienza por reponer el tejido social y la confianza de las personas, así como la base moral de la sociedad dentro de las metrópolis.

En el modelo neoliberal la planeación fue algo que estorbaba; en los últimos 30 años ha sido el mercado quien definió cómo debían crecer las ciudades, y donde el uso del automóvil se convirtió en prioridad.

Aseguró que “gran parte de la pandemia de obesidad en nuestro país es ocasionada por la mala estructura de las ciudades, pensada para moverse en automóvil y donde nos han hecho adictos a todo lo que sea automático”.

De la misma fracción, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera destacó la importancia de que, independientemente de quien gobierne una ciudad, se dé seguimiento a una línea o plan de trabajo establecido porque “hay temporalidad de leyes y visiones, lo que ha provocado un caos”.

Propuso como objetivo de esta comisión crear una sola línea de acción para las zonas metropolitanas.

También de Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez se pronunció por acompañar la agenda de ONU-Habitat para hacer del Programa “Ciudades más Seguras” un elemento en la planeación y se incluya en la agenda legislativa, para que no quede en letra muerta y sólo en un asunto de aspiración.

“No se puede dar seguridad sin tener una buena intención; debemos abanderar estas acciones tan nobles para que sean parte del gobierno”.
Juma Assiago, director del Programa “Ciudades más Seguras”, de ONU-Habitat, sostuvo que la seguridad urbana debe concebirse como el centro de la planeación, más allá de las instituciones policiacas, tiene que construirse a partir de la gobernanza y desarrollo comunitario, con una visión de derechos humanos, liderazgo gubernamental y descentralización.

Todas estas propuestas requieren acompañarse de reformas legislativas en el ámbito nacional que alienten el proceso, ya que las zonas urbanas con alto nivel de pobreza son más vulnerables ante el crimen y los delitos, apuntó.

Por ello, destacó que se requiere un enfoque multidisciplinario donde todos los niveles de gobierno se involucren en la estrategia para desarrollar zonas urbanas incluyentes, resilientes y sustentables.

Informó que los países miembros de ONU-Habitat trabajan en los lineamientos aplicables para alentar la seguridad citadina, los cuales se aprobarán en mayo próximo. “Implica reconocer el rol de las autoridades locales para prevenir el delito a través de la reorganización y distribución de la oferta de servicios públicos en las colonias”.

Franz Vanderschueren, primer coordinador del Programa de las Naciones Unidas, “Ciudades más Seguras”, afirmó que se requiere un enfoque integral para prevenir y combatir la inseguridad, y reconstruir el tejido social, sustentado en la continuidad de las políticas anticrimen, sin importar la filiación política de los alcaldes, como ha sucedido en Colombia, donde los ciudadanos han apoyado las medidas.

La propuesta de ONU-Habitat obliga a los alcaldes a responsabilizarse de la seguridad, mediante una política social, que incluya un transporte eficiente, ya que la ineficiencia en la movilidad provoca la incidencia de delitos. Se ha respondido con populismo político a través de la fuerza y la mano dura para contener el crimen, olvidándose que se requiere “una mano inteligente”. El resultado ha sido incrementar el número de encarcelamientos y muertes, pero sin reducir el índice de inseguridad.

Precisó que la delincuencia nace de los errores de los gobiernos y ciudadanos, de la incapacidad de educar, de no atender a la gente en condición de calle; es decir, del egoísmo, finalmente. Por ello, América Latina es líder en el ámbito mundial en homicidios y robos, al registrar un aumento de tres veces más en promedio. Desde 2005 la seguridad es la primera y segunda demanda universal en todos los grupos sociales, sin excepción, en los países de la región, más que el empleo, educación y salud.

Ismael del Toro Castro, alcalde de Guadalajara, dijo que no se pueden resolver de raíz los problemas que aquejan a las urbes si no se apuesta a alinearse a lo que a nivel internacional ha funcionado: los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU.

Celebró que esta ciudad es actualmente la prueba piloto de la política pública impulsada por ONU-Habitat para combatir la inseguridad mediante prevención y recuperación de espacios públicos.

“En esta administración la apuesta es empezar a tener una excelencia de los servicios públicos, el fortalecimiento de la policía y una política pública transversal”, enfatizó.

Gonzalo Peón, director adjunto para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) dijo que el género es otro de los factores, toda vez que alrededor de 70 por ciento de las mujeres en México son víctimas de acoso en el transporte público, mientras que 80 por ciento percibe inseguridad, lo que genera inequidad de acceso a las oportunidades que brindan las ciudades.