• Con histórica votación, avalan Guardia Nacional
  • El proyecto de decreto fue devuelto con cambios a la Cámara de Diputados.

Con 127 votos, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, con modificaciones, el dictamen a la minuta que crea la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública de carácter civil.

El documento, respaldado por unanimidad, fue devuelto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Al inicio de la discusión se informó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, enviaron a la Mesa Directiva una adenda al dictamen, propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, además de los integrantes de dichas comisiones.

El Pleno aceptó, en votación económica, que el dictamen se discutiera con los cambios propuestos, entre los que destacan que la Guardia Nacional sea una institución de seguridad pública de carácter civil y el establecimiento de una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retiren gradualmente de las tareas de seguridad pública.

Se precisa que esta institución estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública. Que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

Se acordó facultar al Senado para analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Se incluyó que el Presidente de la República designe al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.

Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera, explicó que este es un paso para construir una nueva política de seguridad ciudadana, centrada en las víctimas y que garantice el respeto a los derechos humanos.

Precisó que la Guardia Nacional será una fuerza intermedia entre el diseño militar clásico y los cuerpos civiles de seguridad pública, estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia, como la delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico, entre otros. Además, continuó, las Fuerzas Armadas estarán subordinadas al mando de autoridades civiles.

El senador Oscar Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la Guardia Nacional que se propone da garantías y la oportunidad para que, gradualmente, las Fuerzas Armadas dejen de realizar las tareas de seguridad pública y que regresen a sus cuartes. Esta nueva institución, agregó, será motivo de orgullo nacional.

Para enfrentar la inseguridad necesitamos instituciones fuertes y honradas, mecanismos idóneos y eficientes para combatir la criminalidad con esta propuesta. Con la Guardia tendremos un órgano que garantice irrestrictamente la seguridad interior con profundo respeto a los derechos humanos, puntualizó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, calificó de histórica la aprobación de la reforma que busca encausar, dirigir y dar solidez a la lucha contra la inseguridad y la violencia, mediante la consolidación de un marco institucional garante de derechos y libertades de todas las personas.

No implica, dijo, una continuidad de la estrategia utilizada hasta estos días, sino una desmilitarización paulatina. El cambio en la política de seguridad descansa en la atención de las causas que generaron la violencia: pobreza, falta de oportunidades, desempleo, corrupción e impunidad, y no sólo en el uso de la fuerza de los aparatos del Estado.

Destacó la búsqueda de acuerdos legislativos “con los compañeros de los grupos parlamentarios. Avanzamos sin temor y sin titubeos”. No obstante, dijo: no es bueno atribuirse de manera facciosa y partidista los logros de una reforma porque Morena actuó con sensibilidad y flexibilidad.

Julen Rementería del Puerto, senador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que con este dictamen se da certeza a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

De manera que, dijo, hoy tenemos una Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad como lo querían millones de mexicanos, que advertían la necesidad urgente de que el Estado contará con herramientas para combatir ese flagelo.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, destacó que conscientes del problema de inseguridad que enfrentan miles de familias mexicanas, los legisladores “entendimos que la búsqueda de seguridad no podría sobreponerse a los principios básicos de la República, ni muchos a los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

No aprobamos la reedición de otras instituciones policiales, asentó la legisladora del PRI, sino la constitución de un cuerpo de seguridad novedoso, respetuoso de los derechos humanos, con perspectiva de género, complementario a las policías locales y sujeta a la jurisdicción del ámbito civil.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que los acuerdos que se han alcanzado desde la oposición y con las mayorías, van a servir de mucho a México. “Vamos a aprovechar el beneficio de la coincidencia. Estamos cambiando el yo voy solo, por el vamos juntos”.

Este dictamen, argumentó, contiene avances históricos y muchos reclamos que se habían acumulados. Se dio un proceso de deliberación y participación plural muy importante, debido a que se observaron todos y cada uno de los puntos que hicieron valer en el Parlamento Abierto, la sociedad civil, las víctimas, expertos y organismos internacionales.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, subrayó la muestra de dignidad del contrapeso legislativo al aprobar el dictamen. El Poder Ejecutivo agregó, contará con las herramientas para consolidar una corporación policial civil, eficiente y coordinada con los órdenes de gobierno.

Dijo que se honró el ejercicio de Parlamento Abierto, en el que se escucharon e incorporaron las voces de la sociedad civil, académicos y especialistas, entre otros. Resaltó que se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas.

Ante la emergencia en materia de seguridad, hoy es un día histórico para los mexicanos, aseguró, a su vez, la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario del PT. Se establece una institución policial de carácter civil, con recursos económicos, humanos y jurídicos para dotar de esa seguridad al país.

Es el comienzo del proceso de pacificación, y destacó: Existe una esperanza. La refundación de la institución policial, y luego manifestó su reconocimiento y respeto a las Fuerzas Armadas por su honor, valor y dignidad.

A nombre del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué señaló que ante “la encrucijada más compleja de nuestra historia moderna” en materia de seguridad pública, es preciso sumar voluntades en favor del proyecto que postula el Gobierno Federal para beneficio de todos los mexicanos.

Refirió que la tasa de homicidios alcanza “niveles máximos históricos”: 25 muertes por cada cien mil habitantes; 81 muertos diarios; más de 31 mil víctimas. Cada cinco minutos, subrayó, un delito se comete en el que la víctima es mujer. “Es imperdonable que las mujeres vivan con miedo a salir de sus casas”.

Sasil de León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dijo que este nuevo cuerpo policial es necesario y urgente para que el Gobierno de la República, y sus tres órdenes de Gobierno, cuenten con las herramientas legales y operativas necesarias para recuperar la seguridad de los mexicanos.

El senador Emilio Álvarez Icaza, sin partido, dijo que cuando se expida la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se orientará a todas las instituciones de seguridad pública del país para hacer uso debido de la misma. Ahora no existe y es fundamental.

Celebró que se hayan incorporado los criterios que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la temporalidad de las Fuerzas Armadas en su labor complementaria de seguridad pública.