La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por la reiterada violación a los derechos fundamentales de 5.9 millones de personas que integran la población agrícola de nuestro país, ante lo cual subrayó la necesidad de empoderar a organizaciones civiles y personas defensoras al proporcionarles herramientas para que influyan de manera positiva en la protección y promoción de esas prerrogativas, así como en la importante tarea de visibilizar sus violaciones, para que las autoridades cumplan sus obligaciones constitucionales y las personas trabajadoras del campo tengan una vida digna.

Para este Organismo Constitucional Autónomo, reconocer la importancia de la defensa de los derechos humanos, intervenir socialmente e incidir en las políticas públicas de desarrollo son piezas clave para que todas y todos cuenten con los elementos indispensables para el pleno goce y disfrute de esos derechos, pues no pasa inadvertido que en 2017 solo 3 de cada 10 mujeres que laboraban en el campo recibían un pago por su trabajo, e incluso deben considerarse los problemas que pueden presentarse en la salud de las personas por el impacto al medio ambiente, las actividades de producción y el propio trabajo realizado, como lo señala la Encuesta Nacional Agropecuaria de ese año. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes que realizaron una labor no permitida en el sector agropecuario fue del 34.5%, seguido de servicio y comercio con el 22.3% y el 20.3%, respectivamente.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al inaugurar el
Diplomado Derechos Humanos para Organizaciones Sociales, Campesinas y Líderes Comunitarios, que simultáneamente se impartirá en Culiacán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Comitán, Chiapas; Chilpancingo, Guerrero, y la Ciudad de México, acto en el cual destacó la importancia de mejorar la situación de quienes desempeñan la ardua y valiosísima labor del campo, y coadyuvar con el trabajo de las organizaciones que han hecho de su misión defender y velar por los derechos humanos de esas personas.

En presencia de la Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Leticia Cano Soriano; del Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, Joaquín Narro Lobo, y de representantes de las Escuelas de Trabajo Social de los estados de Chihuahua, Yucatán, Guerrero y Sinaloa, y del Instituto Mariano N. Ruiz de Suaznávar, González Pérez puntualizó que la CNDH encuentra apoyo fundamental en la actividad de las organizaciones civiles, que alzan la voz ante situaciones que, sin su ánimo y apoyo, hubiera sido difícil conocer o atender.

Asimismo, exhortó a las máximas autoridades de los tres niveles de gobierno a pronunciarse sobre la importancia del trabajo que realizan las personas defensoras desde la sociedad civil y los luchadores sociales ya que, si hay esa convicción desde las máximas autoridades, permea hacia abajo; si hay apatía al trabajo que las y los luchadores realizan, también las estructuras responden de esa manera.

Detalló que los temas del diplomado, dividido en 7 módulos, pretenden llevar a sus participantes la situación de los derechos humanos al día de hoy, se revisarán algunos mecanismos de protección y estrategias para la promoción, se analizarán políticas públicas, elementos y características del litigio estratégico, su utilidad y pertinencia en la defensa de esos derechos, y refirió que el contexto de la población agrícola apunta a los compromisos de las autoridades en los ámbitos nacional e internacional, como los contenidos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que es una guía clara de prioridades que deben cumplir los países para alcanzar el pleno desarrollo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, promover la agricultura sostenible, eliminar la discriminación contra mujeres y niñas, y lograr crecimiento económico y el trabajo decente para todas las personas, todo lo cual urge atender.

González Pérez expresó la convicción de que los derechos humanos, a través de actividades como este diplomado, son clave para que todas y todos podamos exigir su cumplimiento y protección para todas aquellas personas que en ocasiones no cuentan con espacios para alzar la voz, compromiso que adquieren y refrendan constantemente las personas protectoras de derechos humanos.

Por su parte, la Directora de la ENTS-UNAM, Leticia Cano Soriano, sostuvo que el trabajo que se realizará en el diplomado contribuirá a capacitar a integrantes de las organizaciones campesinas, defensoras y defensores de los derechos humanos, quienes han demostrado valentía y convicción en la defensa de sus derechos, y destacó la labor de las y los trabajadores sociales, que les permite participar con responsabilidad y ética en las comunidades que enfrentan situación de vulnerabilidad y generar alternativas para reconstruir el tejido social de México.

Wilfrido Hernández Jarquín, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, en representación de la Organización El Campo es de Todos, indicó que a pesar de que México es firmante de varios tratados internacionales en la práctica son quebrantados por instancias del gobierno como corporaciones policiales o militares, por lo cual concluyó que las organizaciones indígenas, campesinas y populares han recurrido al derecho de resistencia, ya que no se toma en cuenta el grado de vulnerabilidad que enfrentan ante despojos de tierras, agua y en la instalación de megaproyectos, por lo que este diplomado les permitirá contar con instrumentos necesarios para fortalecer el trabajo en sus comunidades y defender sus derechos.