Comparezco ante los representantes ciudadanos, para rendir la segunda entrega de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.

Cabe comentar que, como señalé en junio pasado al presentar la primera entrega de informes individuales ante esta H. Cámara de Diputados, con el objeto de mantener el carácter estratégico del Informe General Ejecutivo, conforme lo mandata la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, los contenidos sobre esta segunda entrega se incorporarán integralmente en dicho documento, a presentarse en febrero de 2020 a esta Soberanía.
En todo momento, la Auditoría Superior de la Federación se apega a su mandato constitucional. Para una entidad cuyo actuar se rige por los principios de imparcialidad, probidad, objetividad y de una autonomía de gestión orientada a contar con fortaleza e independencia.
Sin embargo, eso no implica ser una institución indiferente ante el contexto político y social de nuestro país. Siempre —y con mayor razón en una coyuntura como la que vivimos en México— debemos tener presente nuestra condición de neutralidad, pero sin dejar de lado el valor e impacto de nuestra función en la vida de los ciudadanos, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, contra la corrupción y la impunidad.
Hablo de nuestra responsabilidad en materia de rendición de cuentas frente al régimen republicano: reconocer lo que representa la efectiva fiscalización superior en el marco del Estado democrático de derecho.
No podemos ser insensibles al devenir de lo político; conocer y entender sus retos, y cómo se expresan los desafíos y las prioridades de la sociedad a través de éste, para que den sentido tanto a la evolución de la institución fortaleciendo la planeación y los procesos de auditoría.
Hay que asumir plenamente este imperativo de congruencia. Tanto por parte de los que trabajamos en la institución, como de quienes conforman esta máxima representación de la ciudadanía, a la que respondemos como instrumento de verificación para el cumplimiento de sus disposiciones sobre la distribución y el ejercicio de las facultades y recursos públicos.
Sobre estas bases no podemos dejar de actuar y apoyar ante el clamor de los mexicanos por una depuración de la política y la administración pública, para abatir la corrupción y la impunidad, que han socavado la confianza social en las instituciones.
Reconocemos, en la misma línea, la existencia de un nuevo entorno de lo público, donde la transparencia, la rendición de cuentas claras, así como a los ciudadanos y la vigencia del derecho a la información.

Desde el inicio de mi gestión, y con el apoyo de los Auditores Especiales, los Titulares de Unidad, así como de todos sus equipos de trabajo de nuestros auditores, hemos imbuido en nuestra organización la visión de que debemos actuar con total reconocimiento de la doble obligación que debemos cumplir: dar resultados sin mayor demora, pero también con una visión y compromiso de largo plazo, que apuntale nuestro orden político democrático a través del posicionamiento de la ASF como una organización ejemplar, moderna, eficaz, eficiente y generadora de valor público a través del combate a la corrupción desde las causas que la originan.
Vamos adelante con el reconocimiento de la necesidad de dar resultados aquí y ahora, para poner el foco en lo que es indispensable auditar, hacerlo con oportunidad y dar paso a los efectos positivos de ese trabajo, para que las revisiones realmente tengan una incidencia contundente y no queden como acciones meramente testimoniales.
Al interior de la institución estamos trabajando comprometidos con la necesidad de maximizar la profundidad y el impacto de la fiscalización. A casi 20 años de la fundación de la ASF y analizando la realidad nacional y mundial que enmarca nuestro quehacer, es necesario que visualicemos nuevas formas de fiscalizar, nuevas técnicas y herramientas que adoptar, nuevos objetos que revisar, así como nuevos mecanismos para comunicar nuestros resultados a los diputados y a toda la ciudadanía.
En este contexto, un elemento clave para renovar la concepción de la fiscalización y potenciar su impacto en los escenarios próximos, ha sido la identificación de los límites, tanto actuales como futuros, que nos impone nuestro marco normativo.
Ni las instituciones ni las leyes pueden ser estáticas, deben evolucionar a la par del desarrollo de nuestras sociedades. De hecho, tratándose de la regulación en materia de fiscalización, es necesario contar con el andamiaje jurídico adecuado y eficaz para hacer frente a fenómenos tan complejos como la corrupción, cuyas manifestaciones cambian en cuanto a su sofisticación y alcance de manera continua.
Enfrentamos esquemas cada vez más complejos para cometer irregularidades y ocultarlas, pero también estamos desarrollando competencias e instrumentos más eficaces de prevención, detección y seguimiento. El compromiso es que cada entrega de informes individuales sobre la fiscalización de la Cuenta Pública muestre, con evidencia, esta evolución, para así hacer tangible ese punto de inflexión.
Hoy, en la Auditoría Superior de la Federación estamos expandiendo las capacidades fiscalizadoras a niveles que antes hubieran parecido inverosímiles, gracias a la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la fiscalización.
Como lo he mencionado, aún se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que nos ayuden a agilizar procesos e incrementar nuestra presencia y alcance tanto a nivel federal como local.
Por ejemplo, la ley ya nos permite hacer auditorías sobre el ejercicio fiscal en curso, sin embargo, dichas revisiones están supeditadas a la existencia de una denuncia que cumpla con diversos requisitos legales.
Desde mi perspectiva, la ASF debe contar con atribuciones para poder llevar a cabo, auditorías verdaderamente en tiempo real, con lo cual, además se lograría incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a la promoción de las acciones legales, acortar los tiempos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal.
Tomemos en cuenta que los procesos de aclaración pueden tomar de seis a ocho meses, así que los resultados en términos de la integración de expedientes de denuncias penales pueden tardar hasta dos años para iniciar.

Hemos sido proactivos, por ejemplo, tenemos ya convenios con dependencias para acompañar y revisar en tiempo real, procesos como la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, o los recursos de apoyo a Centroamérica. En ese sentido es urgente realizar los ajustes legales para tener facultades fortalecidas y atender de manera expedita los temas que involucren recursos importantes para evitar que se cometan irregularidades.
Por otra parte, como lo pude comprobar en mi participación en el reciente Congreso de la INTOSAI -organización que agrupa a las auditorías de todo el mundo- actualmente el factor que está transformando a la fiscalización es el acceso a bases de datos de manera expedita de las diversas instancias que tienen la información fiscal y financiera, y con el Big Data podemos ampliar nuestra base auditable, revisar en tiempo real y dar tiros de precisión.
Respecto a este tema la ASF ha suscrito convenios con organismos, instituciones y dependientes que operan bases de datos de enorme valor para el proceso fiscalizador.
De igual manera, los retos y las áreas de oportunidad que tenemos enfrente han orientado nuestra actividad internacional, para conocer e incorporar mejores prácticas y sinergias. Como he reiterado, hoy la labor fiscalizadora evoluciona con una aceleración inédita, con nuevos recursos estratégicos, organizativos y tecnológicos.
Eso es lo que en gran medida hemos buscado a través de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), y en específico a través de nuestro liderazgo como presidencia del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres Naturales en el cual se han integrado 15 países y que ya ha comenzado sus actividades.
En esta misma línea, acompañaremos el ejercicio de los recursos del Fondo México con base en el Convenio de colaboración que se suscribió para tal efecto por parte de la ASF con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de verificar que se cumplan con los objetivos de desarrollo social previstos, dentro de un marco de transparencia y probidad. Para ello ya formamos una base de apoyo y revisión colaborativa con nuestros homólogos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Ahora bien, deseo resaltar que más allá de las mejoras que podamos hacer en términos jurídicos o de adopción de las mejores prácticas internacionales, en este momento ya podemos hablar de una institucionalidad y capacidad operativa, que verdaderamente dan pauta a una nueva etapa en la historia de la fiscalización en México y del papel fortalecido de la ASF.
Es importante señalar que la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 tiene la impronta del proceso de reestructuración que iniciamos con la implementación del Plan Estratégico 2018-2026, el cual está orientado a renovar a la institución sobre directrices como el fortalecimiento de la transparencia, sistemas de control interno y una política que privilegia un enfoque preventivo y de mejora de los procesos y lineamientos de la política pública; esto es fortaleciendo el valor cualitativo de las auditorías, tanto en la programación como la ejecución, más que a la cantidad.
Centrada en generar resultados tangibles, con efectos puntuales en términos de rendición de cuentas y mejora continua en la gestión pública, más que en lo mediático.
Continuamos en este proceso, pero ya podemos apreciar resultados y perspectivas favorables de los esfuerzos que hemos emprendido en materia de adopción de mejores prácticas internacionales, incorporación de herramientas, técnicas y nuevas tecnologías para aprovechar el gran potencial que se abre en la vinculación de éstas con las nuevas disposiciones legales con que contamos.

Queremos ser un agente proactivo en el desarrollo y la mejora continua de las políticas, de las instituciones y del buen uso de los recursos de todos los mexicanos.
Esta es una premisa de la estrategia de planeación y programación de auditorías. Marca la selección de los sujetos a fiscalizar, con solidez técnica y sentido de pertinencia y oportunidad.
Para la selección nos ocupamos de la complejidad del universo auditable de los vacíos en algunas áreas de la fiscalización superior, al igual que de la tecnología y los procedimientos para el tratamiento de los datos; del análisis cuantitativo y cualitativo de dicha información, así como de criterios objetivos e indicadores de riesgo para minimizar la subjetividad en la elección.
La nueva visión para la planeación y programación de auditorías está ligada a los objetivos estratégicos de la institución, sobre directivas como la identificación de las causas-raíz de los problemas, para efectos de prevención; un enfoque temático e integral que incorpore distintas perspectivas de la fiscalización, que puedan complementarse; priorizar lo relevante, de acuerdo con el análisis de riesgos, y fortalecer el impacto del producto final, con resultados para la sociedad.
En este sentido, hago entrega ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de 668 informes individuales, correspondientes a 431 auditorías de cumplimiento financiero, 66 de desempeño y 171 que involucran ambos tipos de enfoques. Esto representa un poco más de la mitad de autorías que practicará este año la ASF, siendo que el resto se presentará en febrero del 2020, considerando en esta próxima entrega las revisiones de mayor complejidad.
De las mismas 668 revisiones, 116 fueron practicadas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, 66 por la de Desempeño, y 486 corresponden a la del Gasto Federalizado.
En otro orden de ideas, a continuación, haré mención a las estadísticas principales sobre las acciones emitidas. Los informes de auditorías presentados dieron lugar a: 988 Pliegos de Observaciones, 1,957 Recomendaciones, 42 Solicitudes de Aclaración, 81 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, y 933 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Por lo que corresponde a las Denuncias Penales de la Cuenta Pública 2018, éstas serán presentadas, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto.
Es importante destacar que con la presentación del día de hoy de los informes individuales de auditoría comienza el proceso de notificación de acciones y por ende de aclaración de observaciones emitidas para posteriormente, en su caso, integrar los expedientes, elaborar los dictámenes técnicos y cuando proceda formular las denuncias.
Por otra parte, se han fortalecido las acciones de coordinación con la Fiscalía General de la República y con la Fiscalía Anticorrupción, llevando a cabo un puntual seguimiento y coadyuvando en los asuntos que nos atañen como responsables.
Cabe comentar que el proceso de presentación de denuncias penales es permanente.
La etapa de seguimiento tiene como objeto el aclarar o solventar las observaciones que se hayan identificado durante la revisión. Posteriormente se inicia otra etapa sobre lo no solventado o aclarado, que tiene como objeto el fincamiento de posibles responsabilidades a cargo de las autoridades correspondientes.
En razón de que, como ya lo comentamos, los resultados que hoy presentamos y que corresponden al ejercicio 2018 entran en un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes y posteriormente se realice el proceso de seguimiento para el efecto de determinar si las observaciones se solventan o no.

Esto evidentemente trae como consecuencia el que las denuncias penales se presenten principalmente una vez que se agoten estas etapas.
Por ello es necesario que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar en tiempo real lo que permitirá presentar las denuncias con una mayor oportunidad. Ello no obsta para señalar que desde mi llegada a la institución hemos desarrollado distintos mecanismos para fiscalizar con mayor oportunidad el ejercicio de los recursos.
Ahora bien, esta administración, preocupada por el rezago que presentaban cerca 14,000 acciones pendientes al inicio de su gestión, se ha concentrado en revertir esta situación, logrando que a la fecha el número de acciones pendientes se reduzca a 8,278 acciones, entre las cuales se encuentran 1,597 que están el proceso de envío al área jurídica para el inicio del procedimiento resarcitorio, con lo cual quedarían 6,681 acciones pendientes.
Estos datos significan que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, en un año de actividades, de octubre de 2018 a octubre de 2019 ha atendido una parte importante del rezago recibido originalmente.
……..
Me permito referir el avance en algunos proyectos, compromisos y esfuerzos importantes, para los cuales hemos suscrito diversos convenios e iniciado procesos con varias dependencias e instituciones.
Uno de ellos, que me parece paradigmático, por cuanto va totalmente en línea con las directrices de fortalecer el enfoque preventivo y la acción en tiempo real de la Auditoría Superior de la Federación, es el de nuestra participación en la creación de la Guardia Nacional.
En específico, en el marco de la Planeación para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, hemos formado parte de la mesa de trabajo para atender el proceso de transferencia de recursos humanos y materiales provenientes tanto de la Policía Federal como de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
Estimadas diputadas y diputados miembros de la Comisión de Vigilancia:
En lo concerniente a las consecuencias de la fiscalización, en concreto a las sanciones, hemos hecho un gran hincapié en el análisis jurídico de los Dictámenes Técnicos para Denuncia de Hechos. Esta es una tarea sustantiva que permite asegurar que las irregularidades detectadas sean debidamente sustentadas en los expedientes e integradas en los dictámenes técnicos, a fin de que estos sean presentados mediante una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y en su caso ante la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción.
Tenemos bien claro que atajar la impunidad es una exigencia con la que tenemos que estar a la altura, trabajando de cerca con la Fiscalía general de la República, y sobre todo, en nuestros procesos internos, a fin de ser más eficaces también en esta parte.
En la Auditoría Superior de la Federación nos hemos fijado como un compromiso institucional y prioridad estratégica el coadyuvar con el Sistema Nacional Anticorrupción, como una herramienta para articular los esfuerzos del Estado mexicano para abatir esta problemática, con soluciones que perduren, más allá de los tiempos políticos.
Con esa disposición hemos participado en el Comité Coordinador del Sistema, con un ánimo constructivo y justamente de coordinación conjunta con las otras instancias que lo conforman.

De particular relevancia es el papel que desempeñamos, en la vinculación con el Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo Comité Rector copresidimos con el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública.
Quiero resaltar especialmente los avances en el despliegue de la nueva visión estratégica de fiscalización para el Gasto Federalizado, que comenzó a desarrollarse a través de varias acciones de preparación e implementación desde el 2018.
Este año entramos a una fase de consolidación. En abril firmamos un convenio para el intercambio de información con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en la misma línea, en julio, acordamos un instrumento similar con la Secretaría de Economía.
La firma de dichos acuerdos nos permitió contar con información de aproximadamente 36 millones de facturas digitales (CFDIs) de más de 7 mil ejecutores de gasto de gobiernos estatales y municipales, así como de organismos e instituciones de esos niveles de gobierno. Asimismo, nos dio acceso a la información de socios, accionistas y notarios contenidos en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) que administra la Secretaría de Economía.
En esta dinámica, en junio suscribimos un convenio con el Servicio de Administración Tributaria para la implementación y uso de los certificados de la e.firma emitidos por el SAT en los actos jurídicos y administrativos electrónicos de la Auditoría Superior de la Federación en su ámbito de competencia.
Otra área prioritaria que quiero abordar con ustedes, antes de cerrar mi presentación, es la dinámica de colaboración que tenemos con esta H. Cámara de Diputados y sus distintas comisiones. Por supuesto estrechamente con la Comisión de Vigilancia.
Un caso emblemático es el del fortalecimiento de las atribuciones recaudatorias de las entidades federativas.
Derivado del ejercicio de las facultades de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación encontramos una gran veta de oportunidad en el Impuesto Sobre la Renta por enajenación de bienes inmuebles a que hacen referencia los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Hasta el momento, solo el 5% de los ingresos por dicha enajenación corresponde de manera directa a los estados.
En ese sentido, se sostuvieron diversas reuniones con las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En éstas, pugnamos para que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal reciban el 100% de la recaudación neta del citado impuesto, fortaleciendo con ello sus finanzas públicas.
Ello quedó materializado con una propuesta a través de la cual se incluye un transitorio a la referida Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la que se establece la participación de las entidades federativas en los términos antes mencionados, siempre que éstas celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Así, dichos ingresos quedan excluidos de la recaudación federal participable, debiendo participar al menos el 20% de los mismos a municipios o demarcaciones territoriales. Adicionalmente, esa modificación permitirá tener un control más eficiente sobre la administración del ISR en esta modalidad.
Para concluir, destaco el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control de esta Cámara, así como los trabajos preventivos que llevamos a cabo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Primero, lo referente a la desaparición del Seguro Popular. Con la finalidad de no tener que observar en la revisión de la Cuenta Pública 2019 el reintegro de los recursos invertidos por las entidades federativas en unidades médicas no acreditadas, se logró procesar la inclusión de un transitorio en la Ley General de Salud que permite, durante 2019, ejercer recursos a través de la totalidad de las unidades médicas.

Además, se incluyó un transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación 2020, con la finalidad de que los montos reintegrados por las entidades federativas derivadas de nuestras auditorías anteriores al 2020 sirvan para constituir un fondo que las apoye en materia presupuestal y para proyectos de inversión.
Aquí, hay una muestra de lo mucho que podemos hacer juntos vinculando la función fiscalizadora de la ASF, con las facultades normativas que la Constitución deposita en ustedes.
Muc