Demanda intervención política para garantizar la vida y la seguridad de habitantes y visitantes; considera inaceptable el operativo policiaco y exige investigación

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio, condenó este sábado el desalojo ordenado por el gobierno del estado al bloqueo en el santuario El Pedimento, en Juquila, que de acuerdo con versiones periodísticas habría costado la vida de una persona.

“El conflicto entre esos municipios tiene décadas, y su simple existencia muestra la incapacidad gubernamental, cuando no la complicidad y los intereses perversos por mantener viva esa añeja disputa”, señaló mediante un comunicado el legislador, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Legislatura local.

El miércoles pasado, el Congreso del Estado de Oaxaca exhortó en pleno al gobernador Alejandro Murat a que en lo inmediato interviniera para garantizar definitivamente la seguridad y la paz social entre los municipios de Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila.

Al respecto, Horacio Sosa consideró inaceptable que el gobernador del estado “considere que la paz social entre dos municipios por la posesión de un predio pueda y deba ser alcanzada con violencia policiaca y gases lacrimógenos”.

El diputado exigió al gobernador del estado “destinar la atención necesaria a este conflicto, y actuar de inmediato por la vía política para garantizar la vida y la seguridad tanto de las y los habitantes de ambos municipios, como de las personas que visitan el lugar”, dada la presencia cada vez mayor de peregrinajes al santuario en disputa.

“Es inaceptable la falta de oficio en los operadores de la política interna del gobierno del estado, y que su aprendizaje siga costando la sangre y la vida de oaxaqueñas y oaxaqueños”, señaló.

Cuestionó  igualmente que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reduzca la complejidad del conflicto al diálogo entre las y los habitantes ambos municipios, “haciendo de lado su obligación constitucional de vigilar las acciones y omisiones de las autoridades”.

Consideró necesario que se aclaren públicamente los hechos sucedidos hoy en El Pedimento y se castigue a quienes resulten responsables, incluyendo a quienes hubiesen dado la orden del desalojo violento.

“Por mandato de la Constitución, el Poder Ejecutivo recae en una sola persona. Así, la responsabilidad por las acciones u omisiones de quienes actúan en nombre de ese poder recaen finalmente en el gobernador del estado”, concluyó.