Moisés MOLINA.

Es casi un hecho que la Suprema Corte de Justicia atraerá, para su decisión, el caso del periodista y académico Sergio Aguayo.

 

Más allá de la opinión que sobre Sergio o Humberto Moreira se pudiera tener, me parece que lo más relevante es el posicionamiento de nuestro máximo tribunal a los ojos de la ciudadanía medianamente informada.

 

En estos tiempos de incertidumbre en que el sistema de partido hegemónico se reedita en la figura de un Presidente hegemónico con poderes metaconstitucionales, es menester conocer y sentir en el ánimo popular la garantía de una institución que defiende y hace respetar nuestra constitución y, en especial, los derechos en ella consagrados.

 

Entre las altas competencias de la Corte se encuentra la interpretación de las leyes y la ponderación de derechos cuando estos entran en conflicto.

 

Es lo que pasó con Aguayo y Moreira. No es la primera ni será la última vez que se discuten en un caso particular los límites a la libertad de expresión, pero queda claro que la relevancia del caso y la dimensión de los personajes en conflicto hará de la decisión final que se tome, el más grande y valioso precedente que, en mucho tiempo, se tendrá sobre el destino de la labor periodística como ejercicio de libre expresión.

 

En enero de 2016 y a raíz de la detención de Humberto Moreira en España, Sergio Aguayo escribió en uno de sus artículos que el ex gobernador de Coahuila “desprende el hedor corrupto”. Ante ello Moreira demandó al articulista por daño moral y exigió un pago de 10 millones de pesos como reparación, a cuyo pago Aguayo fue recientemente condenado por un juez de lo civil de la Ciudad de México.

 

Moreira textualmente argumentó: “atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación así como la consideración que de mi persona tienen los demás”.

 

A los ojos de la inmensa mayoría está de sobra decir cual era y sigue siendo la opinión. No obstante los caminos de las decisiones judiciales son, en ocasiones, de tal modo intrincados que engañan con la verdad.

 

El papel de la Corte es sentar precedentes interpretando las leyes y decidiendo a la luz de la razón. El mundo del supremo juzgador es el mundo de los argumentos y en el caso que nos ocupa está más que claro que preponderarán Sergio Aguayo y la libertad de expresión por encima de Moreira y su “honor” como sea que esto se quiera entender.

 

La primera sala, que es la que seguramente decidirá próximamente la absolución de Aguayo, ha sentado precedentes en consonancia con las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de los casos Herrera Ulloa vs Costa Rica y Kimel vs Argentina, a la luz de lo que se conoce como el “sistema dual de protección”.

 

En virtud de ese sistema se ha establecido que los límites de la crítica, entendida como libertad de expresión, son más amplios en relación con personajes que se dedican a actividades públicas.

 

Por su relevancia cito lo conducente de la tesis aislada 2000103 de la Primera Sala de la SCJN que se puede consultar en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2000103&Clase=DetalleTesisBL

 

“… dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas”.

 

Me parece relevante que, por la gran atención que ha atraído este caso, ningún político en ningún lugar de México podrá entrar, a partir de ahora al ejercicio de una responsabilidad pública con la piel delgada.

 

Y no es que se hayan eliminado los límites a la libertad de expresión, simple y llanamente se han dimensionado en su justa medida para garantizar el ejercicio periodístico como piedra angular de  nuestra democracia.

 

@MoisesMolina