La crisis creada por el coronavirus COVID-19 tendrá efectos de gran alcance en el mercado laboral, según una primera evaluación de la Organización Internacional del Trabajo: se estima que entre 5,3 y 24,7 millones de personas perderán su empleo. En comparación con la crisis financiera mundial de 2008-2009 el desempleo mundial aumentó en 22 millones.

Las caídas del empleo también conllevan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. El estudio estima que éstas se situarán entre los 860.000 millones y los 3,4 billones de dólares a finales de 2020. Esto se traducirá en caídas en el consumo de bienes y servicios, lo que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las economías.

Todo ello conllevará un importante aumento de la pobreza laboral, ya que «la presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica tendrá un efecto devastador para los trabajadores que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza».

La Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral, frente a la estimación original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones a nivel global).

Se prevé, además, un aumento exponencial del subempleoj, puesto que las consecuencias económicas del brote del virus se traducirán en reducciones de las horas de trabajo y los salarios.

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Los más vulnerables

La crisis del empleo afectará a determinados grupos de manera desproporcionada y agravará la desigualdad.

Entre los más vulnerables se encuentran:

las personas con afecciones de salud subyacentes y las personas mayores que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud graves
los jóvenes, que ya enfrentan tasas más altas de desempleo y subempleo, son más vulnerables a la caída de la demanda laboral, como se observó durante la crisis financiera mundial
los trabajadores mayores también pueden sufrir un impacto económico. Después del brote de MERS, se descubrió que estos tenían más probabilidades de experimentar tasas más altas de desempleo y subempleo, así como una disminución de las horas de trabajo
las mujeres que están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados (como los servicios) o en ocupaciones que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia. La OIT estima que el 58,6% de las mujeres empleadas trabajan en el sector de los servicios en todo el mundo, en comparación con el 45,4% de los hombres. Las mujeres también tienen menos acceso a la protección social y soportarán una carga desproporcionada de la llamada economía del cuidado, en el caso de cierre de escuelas o sistemas de cuidado.
los trabajadores desprotegidos, entre ellos los trabajadores independientes, los ocasionales y los trabajadores por encargo es probable que se vean afectados de manera desproporcionada por el virus, ya que no tienen acceso a mecanismos de licencia remunerada o por enfermedad, y están menos protegidos por los mecanismos convencionales de protección social y otras formas de suavización de ingresos.
los trabajadores migrantes son particularmente vulnerables al impacto de la crisis COVID-19, lo que limitará su capacidad de acceder a sus lugares de trabajo en los países de destino y regresar a sus familias.
Respuestas de política rápidas y coordinadas

«No se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas», explica el director general de la OIT, Guy Ryder.

«En 2008, gracias a que el mundo hizo un frente común ante las consecuencias de la crisis financiera mundial se evitó lo peor. La actual coyuntura requiere de ese tipo de liderazgo y determinación», añadió.

«En tiempos de crisis como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas clave que pueden ayudar a mitigar los daños y a restablecer la confianza del público. En primer lugar, el diálogo social activo entre los trabajadores, los empleadores y sus representantes es vital para fomentar la confianza del público y el apoyo a las medidas necesarias para superar esta crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base de probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. Es necesario que en este difícil momento se haga todo lo posible para reducir al mínimo los perjuicios para las personas», indicó Ryder.

Entre las recomendaciones de la OIT para mitigar el impacto del coronavirus en el mercado laboral que deberían tener un impacto inmediato destacan:

Respuestas políticas centradas en dos objetivos inmediatos: medidas de protección de la salud y apoyo económico.
proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud de COVID-19
introducir y fortalecer medidas de protección en el lugar de trabajo y en todas las comunidades, que requieran apoyo público e inversión a gran escala realizar los esfuerzos políticos oportunos, a gran escala y coordinados para proporcionar empleo e ingresos y estimular la economía y la demanda laboral. Estas medidas no solo amortiguan a las empresas y los trabajadores contra el empleo inmediato y las pérdidas de ingresos, sino que también ayudan a prevenir una cadena de perturbaciones de la oferta (por ejemplo, pérdidas en la capacidad de productividad de los trabajadores) y perturbaciones de la demanda (por ejemplo, suprimir el consumo entre los trabajadores y sus familias) que podrían conducir a una recesión económica prolongada
medidas proactivas, a gran escala e integradas en todas las áreas de políticas para lograr impactos fuertes y sostenidos. Dado que la crisis está evolucionando rápidamente, el monitoreo cuidadoso de los efectos directos e indirectos de todas las intervenciones es crucial para asegurar que las respuestas políticas sean y sigan siendo relevantes
crear confianza a través del diálogo para que las medidas políticas sean efectivas. Especialmente en tiempos de mayor tensión social y falta de confianza en las instituciones, el respeto reforzado y la dependencia de los mecanismos de diálogo social crean una base sólida para construir el compromiso de empleadores y trabajadores con la acción conjunta con los gobiernos. El diálogo social a nivel de empresa también es crucial
proteger el empleo y los ingresos de las empresas y los trabajadores afectados negativamente por los efectos indirectos (cierres de fábricas, interrupción de las cadenas de suministro, prohibiciones de viaje, cancelación de eventos públicos, etc.)
garantizar la protección social a través de esquemas existentes y/o pagos ad-hoc para los trabajadores, incluidos los trabajadores informales, ocasionales, estacionales y migrantes, y los trabajadores independientes (por ejemplo, a través del acceso a beneficios de desempleo, asistencia social y programas públicos de empleo)
crear programas de retención de empleo, que incluyen arreglos de trabajo a corto y otros apoyos temporales para empresas, tales como subsidios salariales
concesión de licencias pagadas y extensión de derechos existentes a los trabajadores y licencia de formación, subvenciones y planes relacionados
medidas de desgravación financiera y fiscal con plazos fijos, y medidas de nivelación de ingresos para respaldar la continuidad del negocio, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores independientes a través, por ejemplo de subsidios o refinanciación crediticia para superar las restricciones de liquidez