* El Maestro Alfredo Utrera de Asilegal impartió conferencia virtual “Mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección contra la tortura” a operadores de justicia 

“Ninguna circunstancia justifica jamás el uso de la tortura u otras modalidades de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, los Estados parte tenemos la obligación de velar por que las víctimas obtengan reparación, lo que incluye los medios para lograr la rehabilitación más completa posible, afirmó el titular del Poder Judicial, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez ante operadoras y operadores de justicia de Oaxaca.

Al inaugurar la conferencia virtual “Mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección contra la tortura”, impartida por el Coordinador del Área Jurídica de la Asociación Civil “Asistencia Legal por los Derechos Humanos” (Asilegal), Maestro Alfredo Utrera Dimas, dijo que este delito de lesa humanidad todavía existe y hay víctimas en todas las regiones del mundo, hecho que requiere, de las instituciones, renovar su labor de trabajar siempre del lado de la justicia y contra la impunidad.

“Coincidimos en la misión de contribuir al acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente de mujeres, personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y de la población LGBTTTI, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, progresividad e interculturalidad” recalcó.

Al abordar el tema, el representante de AsiLegal, dio a conocer que, de acuerdo a datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, los estados donde prevalece mayormente la tortura, son Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca, destacando factores como las altas tasas de encarcelamiento, insuficiencia de bienes y servicios y, sobre todo, el incremento en el número de mujeres que se encuentran en conflicto con la ley penal. 

Alfredo Utrera destacó que en el 55.3 por ciento de los casos al interior de los centros penitenciarios registraron agresiones físicas, específicamente en casos de mujeres que han sido señaladas por la comisión de delitos del fuero federal, quienes fueron víctimas de ataques como patadas y puñetazos, golpes con objetos, aplastamiento de alguna parte del cuerpo, así como descargas eléctricas, violencia sexual y otro tipo de agresiones, mismos que se dejaron sin la atención médica correspondiente, explicó.

Por esa razón, el Coordinador destacó ante las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y demás servidores públicos, la necesidad de fortalecer los diferentes mecanismos y herramientas jurisdiccionales para prevenir la tortura y garantizar los derechos humanos de hombres y mujeres que se encuentran privados de su libertad en los centros penitenciarios del país.