Ciudad de México y Washington D.C.
29 de junio de 2021

La jueza Erika María Rodríguez ha emprendido una lucha por la paridad de género y la independencia judicial en Oaxaca y en todo México; sin embargo, ello ha motivado que desde el Poder Ejecutivo estatal se haya iniciado una campaña de intimidación y criminalización en su contra.

En mayo de este año se publicó una convocatoria para ocupar dos vacantes de magistrado y/o magistrada en el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. Después de concluidas las etapas iniciales del proceso de selección, que incorporaron medidas para promover la paridad de género, la jueza Erika María Rodríguez fue seleccionada por sus méritos; sin embargo, diversas irregularidades incurridas en el órgano legislativo colocaron la decisión final en manos del gobernador, quien designó para estos cargos a dos varones, ignorando las medidas afirmativas de la paridad de género y afectando la independencia judicial. Ante esta situación, la jueza Erika María Rodríguez promovió un amparo en contra de las designaciones realizadas y de las actuales normas constitucionales locales.

Ante la gravedad de los hechos, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, hizo un llamado a México para que se respeten los derechos de la jueza Erika Rodríguez, y señaló que “preocupa la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal de justicia del Estado de Oaxaca. La magistrada Erika María Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado”.

Posteriormente, el Ejecutivo estatal encargó al Consejero Jurídico iniciar una investigación en contra de la jueza Erika Rodríguez, en un claro intento de inhibir su lucha, alegando la causa de un perjuicio. La investigación en su contra se sustenta en supuestos delitos contra la Ley de Amparo, dado que no habría mencionado su participación en una anterior convocatoria exclusiva para mujeres, en la que no alegó haber sido afectada (pese a que tampoco fue seleccionada).

Expresamos nuestra auténtica preocupación por el uso del derecho penal para perseguir a una jueza que defiende legítimamente sus derechos, y lucha para lograr la representación paritaria en el sistema de justicia de Oaxaca. El uso de procedimientos penales espurios contra operadores de justicia vulnera la garantía frente a presiones externas que se deriva del principio de independencia judicial, y se encuentra prohibido por el derecho internacional. Claramente, la lucha de la jueza Erika María Rodríguez ha tocado intereses del titular del Poder Ejecutivo local, quien de manera arbitraria designó a personas que no eran las más calificadas para ocupar altos cargos en el Poder Judicial en Oaxaca.

En Oaxaca, y en todo México, necesitamos tribunales realmente independientes, en los cuales se garantice la representación paritaria de las mujeres, y la independencia judicial respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. Por ello hacemos un llamado a la Suprema Corte de la Nación, al Poder Judicial Federal, para que, ante la imposibilidad de resolver este caso de manera imparcial a nivel local, ejerza su facultad de atracción, para proteger los derechos de las mujeres y la independencia judicial, acorde a los más altos estándares internacionales señalados por el Relator Especial Diego García-Sayán, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Organizaciones no gubernamentales y personas firmantes:

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)